La financiación a través del endeudamiento mediante letras del Tesoro es un recurso econòmico de ingreso de dinera que se viene utilizando desde fines de 2015, cuando hubo una emisión, el 29 de diciembre, por $450 millones, para hacer frente a los gastos corrientes.

Ayer se concretó la emisión de la octava serie de títulos públicos salteños en lo que va de 2017 en el mercado de capitales nacional.

Esta vez el Gobierno solicitó $850 millones, que se tendrán que devolver con un interés anual del 27% dentro de 91 días.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas esperaba el vencimiento de la emisión realizada el 29 de junio pasado (la quinta serie) para repetir la operación por igual monto.

En los presupuestos anuales se fijaron montos máximos para poder negociar créditos cortos y una vez cumplidos esos cupos se esperaron las fechas de pago a los acreedores para volver a establecer nuevas deudas con el mismo valor de las liquidaciones.

El año pasado, en el presupuesto aprobado por la Legislatura, se preveía un tope de $1.445 millones para ofrecer en letras del Tesoro, pero la Provincia terminó por colocar diez series por un total de $2.700 millones y con tasas que llegaron al 37%.

En 2017, el máximo que se tendría que haber negociado era de $1.965 millones, de acuerdo al decreto provincial 83/2017. Sin embargo, hasta ayer ya sumaba $5.300 millones lo requerido desde el Ejecutivo.

Con ese dinero se cubren los déficits de estacionarios de caja. Según admiten desde el propio gobierno, básicamente se utiliza para cumplir con sueldos de los empleados estatales y el pago de servicios.

Para hacer una correlación en un ejemplo cotidiano, es igual a que una familia utilice mes a mes la tarjeta de crédito para hacer compras en cuotas en el súper o pagar las boletas de los servicios públicos. Esa fórmula financiera, al menos en la economía del hogar, es un camino hacia la bancarrota.

El interés acumulado en este año por las deudas en créditos cortos que tomó la Provincia suma $340 millones, que es la ganancia que se terminan llevando los acreedores que ofertaron por las letras locales.

La ley de contabilidad de Salta establece que la toma de deuda mediante letras del Tesoro no puede ser mayor al 5% de los ingresos corrientes previstos para un año. Para el actual ejercicio, ese porcentaje se traduce en $1.965 millones.

De acuerdo a lo que argumentan del Gobierno, es valido seguir emitiendo esos títulos públicos mientras no se exceda el techo de los casi $2 mil millones, que se renueva cada vez que se liquidan los créditos. Otra interpretación es que el tope para todo el año, como marca la normativa, se fija en el presupuesto que se aprueba en la Legislatura.

El año pasado el límite establecido fue de $1.400.000.000 y en la emisión de las cuatro primeras letras del tesoro nunca se alcanzó dicho tope, es más, no superó el 55% del mismo.