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3 de octubre de 2017
Gobierno catalán anhela por mediación de la Unión Europea para presionar a Madrid
La autoridad catalana pretende capitalizar condenas de la represión policial en el referéndum. El Parlamento Europeo debate el tema el miércoles

 


El deseo del Gobierno catalán siempre fue llevar el conflicto político más allá de las fronteras españolas y la tarde del lunes llegó una ayuda que no había previsto. El Parlamento Europeo ha anunciado que modificará la agenda de la reunión prevista para este miércoles con la intención de discutir la situación política catalán después de que el impacto de la actividad de la policía y la Guardia Civil las puertas de decenas de centros de votación en el referéndum, ilegal según las leyes españolas, sobre la independencia de Cataluña el pasado domingo.

La truculencia policial no estaba en las previsiones del movimiento pro independencia, que luego adaptó las fechas al nuevo escenario. La tarde del domingo, el Gobierno catalán decidió una reunión extraordinaria para la mañana de ayer, al término de la cual compareció el propio Carles Puigdemont. "Este momento pide mediación", dijo el presidente. El análisis del Gobierno catalán es que la violencia policial refuerza la petición de secesión en vista del rechazo del Gobierno de Mariano Rajoy a dialogar y responder únicamente con la policía y los jueces a una reivindicación política.

Generalitat (Gobierno regional) pretende extender cuanto pueda el efecto de las reacciones de condena venidas de diversos países europeos a fin de buscar complicidades para obligar al Gobierno del PP a negociar. Esto no significa que las fuerzas secesionistas y el Gobierno catalán han renunciado a la declaración de independencia, pero la intención de proporcionar a sí mismo con motivos en los ojos de Europa antes de tomar una decisión que va a conducir a la ruptura unilateral de una parte de España.

El Gobierno catalán aprobó ayer la creación de una comisión especial de investigación sobre las violaciones a los derechos humanos por la truculencia policial en el intento de impedir el referéndum. El presidente afirmó que era necesario "restablecer la normalidad institucional" con el Gobierno, pero insistió que no renunciará a aplicar el resultado favorable a la secesión. " Es vinculante sobre el mismo y hay que tomar decisiones políticas ", dijo. Otra cosa es cuando y cómo, pues el calendario inicial fue cambiado en vista de los hechos del domingo.

La ley de referéndum establece que si el Sí gana "una reunión ordinaria tendrá lugar para hacer una declaración formal de independencia de Cataluña, sus efectos y establecer el inicio del proceso constitucional." Esta asamblea ordinaria estaba prevista para mañana, pero se celebrará al final de esta semana o al inicio de la próxima, como anunció el presidente del grupo de Juntos por el Sí, Lluís Corominas. Y no será una asamblea ordinaria, sino una asamblea específica para debatir los efectos del referéndum.

La fecha concreta se definirá en la junta de portavoces prevista para mañana, precisamente cuando ya se sabe el resultado del debate en el Parlamento Europeo. Las horas antes de Corominas declarar que no había fecha para la asamblea del Parlamento catalán, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, del mismo partido, afirmó en una entrevista con TV-3 que "en la junta de portavoces de hoy tendremos una fecha para que el derecho de ser un Estado sea posible ".

Mientras se espera la divulgación de la fecha el miércoles, los sindicatos minoritarios convocaron para hoy una huelga general que definen como "una paralización en el país", incentivada por el Gobierno catalán. UGT, CC. OO. y la patronal Cecot se unieron a protestas puntuales en repudio a la violencia policial del domingo. El movimiento pro independencia pretende, pues, agregar su causa a todas las fuerzas que pueda, aunque no apoyen la secesión.

"Oídos y respetados"

En la noche del domingo, Puigdemont hizo un llamamiento directo para que Europa reconozca el derecho de los catalanes de ser "oídos, respetados y reconocidos", y ayer convocó directamente a Mariano Rajoy a aceptar la mediación de una tercera parte para normalizar las relaciones. Insistió en que el líder del PP ordene la retirada de los agentes de la Policía y de la Guardia Civil para "poner fin a la violencia policial y crear un clima de distensión que permita esa mediación leal y sincera". Puigdemont no quiso especificar si esa negociación institucional debería terminar con un referéndum pactado o establecer los términos para la secesión. "Si todo esto lleva a negociaciones, veremos", dijo.

La Unión Europea debería patrocinar las conversaciones, según Puigdemont, que afirmó tener ofertas de países europeos, sin especificar cuáles, pero recordó que es necesario que España apruebe. Este hecho parece impensable en este momento si no hay un cambio radical en la estrategia de Rajoy. Marta Rovira, secretaria general de la Izquierda, se alejó del discurso del Puigdemont y afirmó: "No pedimos la mediación de la Unión Europea, porque no hay mediación cuando los derechos fundamentales son aplastados".



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