El empresario naviero Miguel Doñate -denunciado públicamente por el presidente Mauricio Macri- está siendo investigado por la Justicia por entorpecimiento de las vías navegables, puesta en peligro de una embarcación y extorsión, los mismos delitos de los que se acusó al sindicalista Omar “Caballo” Suárez.

La causa se abrió a fines de octubre en el juzgado de Sebastián Casanello luego de que el fiscal Ramiro Gonzalez imputara a Doñate y otros empresarios del sector en base a una denuncia de las agencias de servicios portuarios Marítima Meridian y Beteleuse Shipping Service SA por retrasar la llegada de sus buques a puerto y la exigencia del pago de "sobrecostos en efectivo" para los servicios de ocho de sus barcos que debían entrar a puertos argentinos.

En su requerimiento de instrucción de fuentes judiciales, el fiscal Gonzalez pidió una serie de testimonios y un informe a la Prefectura y otro a la AFIP sobre Doñate y sus socios. Meridian denunció que Doñate demoró el ingreso a los puertos de los buques “Stenta Perros”, “British Shappire”, “Gas Premiership”, “Alessandro Volta”, “Neva Star” y “Mentor”, entre otros. Y que para lograr que amarraban tuvo que “pagar mayores costos y por adelantado”, en vez de hacerlo por una cuenta corriente.

Casanello estaba esta semana por terminar de tomar testimonios y juntar otras pruebas antes de decidir si la denuncia se trata de delitos penales de su jurisdicción o un delito comercial de otro fuero. En el primer caso, debería llamar a indagatoria a Doñate por los mismos delitos por los cuales el “Caballo” Suárez está preso y procesado.

En su discurso por el día de la Industria, el 31 de agosto pasado, Macri había dicho que “basta de mentiras, de corrupción, basta de viveza criolla mal entendida, del atajo, otro tema que quiero levantar hoy: señor Doñate, lo que hacen los prácticos en los puertos lo pagamos todos los argentinos con menos empleo, perjudican a muchísimas personas”. Al día siguiente, Doñate le contestó en una solicitada negando que exista cartelización de la actividad de los prácticos y abrió una “guerra” entre empresas que dan servicios en los puertos. Voceros del Gobierno afirmaron que Doñate “es el impulsor de dos paros de prácticos” de 24 y 48 horas que “provocaron un aumento de la soja en el mercado de Chicago”. Explican que “tiene cartelizado las empresas de las lanchas que llevan a los prácticos a los barcos” e influye sobre sus asociaciones.

Esos voceros oficiales admiten que Doñate fue el primero en denunciar al “Caballo” Suárez ante la Justicia “pero después acordó con él y son socios en un remolcador”. Para estos portavoces, el costo del servicio de practicaje y pilotaje en los puertos de Rosario y sus alrededores llamados Rosafe para un tráfico de 2.500 buques por año llega a “300 millones de dólares y debería ser mucho menos”.

En esas fuentes se afirmó que el Consejo Portuario Argentino, el Consejo Federal Portuario, la Cámara de Puertos Privados Argentinos, la Bolsa de Rosario, la cámara de Actividades Portuarias y Marítimos, la cámara de la Industria Aceitera, el Centro de Exportadores de Cereales y la cámara del Petróleo Argentino reclaman una baja del costo del servicio que se ajuste a “precios internacionales”.

El empresario acusado por el primer mandatario es un capitán de ultramar y práctico retirado que actualmente es socio o accionista de las siguientes empresas vinculadas al negocio portuario: Lanchas del Este (que opera en La Plata), Marnatir SA, Practicaje Integral SA, Water Tour, Serviprac (Río Paraná), Zapor, PKM SA, Villa Villa SA, Complejo Madero, Puerto Mariel, DonMar (Bahía Blanca), Vessel SA, Neula SA, Vessel Logística, Antillana SA, Clara Inversiones, y Practicaje Independiente SA (Río de La Plata), entre otras. También tiene empresas en Paraguay y fue el empresario que le dio un puesto al piquetero Raúl Castells para vender choripanes en Puerto Madero.

Doñate es el primer empresario al cual el presidente identifica con las mafias que anunció combatirá y que provocaron que la Justicia detuviera al "Caballo" Suárez y a Juan Pablo "Pata" Medina.

El transfondo económico de la causa es la decisión del Gobierno de bajar los costos portuarios en la Argentina para mejorar el comercio exterior, fundamentalmente la exportación de granos. Los llamados prácticos son capitanes especializados en pilotear a los barcos cuando entran a los canales que los conducen a los puertos. El servicio de pilotaje es un servicio público según la ley de Navegación. Antes de una desregulación del sector que hizo Menem, la Prefectura se encargaba de este servicio.

Como respuesta a aquella acusación penal, Doñate denunció a Meridian por los sobreprecios con los buques de gas licuado ante el juez federal Claudio Bonadio en la misma causa en que está siendo investigado el ex ministro de Planificación Julio De Vido. Meridian hizo un extenso descargo y el juez no avanzó, hasta ahora, sobre la denuncia de Doñate. Por otra parte, Doñate denunció ante el juez federal Ariel Lijo al director Nacional del Transporte Fluvial y Marítimo Gustavo Deleersnyder, afirmando que tenía cuentas bancarias sin declarar en Uruguay. La "guerra" por la transparencia del costo del servicio de los puertos tiene, hasta ahora, un final abierto.
Foto: El "Caballo" Suárez, el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, otro empresario y Miguel Doñate.