El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, actual diputado se encuentra en su peor momento ante la Justicia, luego de que la Cámara Federal porteña ordenó su desafuero y detención en el marco de una causa en la que se investiga un desfalco de $ 265 millones en el yacimiento carbonífero de Río Turbio. 

De Vido, otrora hombre todopoderoso de la obra pública durante la gestión del kirchnerismo, está acusado de defraudación a la administración pública, delito por el cual el fiscal federal Carlos Stornelli pidió su desafuero como diputado y su posterior detención. Hay otras 22 personas imputadas. 

"Julio De Vido difícilmente pueda ignorar los perjuicios a los intereses por él administrados", señaló el fiscal Stonelli en su dictamen. Además, consideró que tanto él como el exsecretario de Minería, Jorge Mayoral; el exsubsecretario de Coordinación Roberto Baratta; y el excoordinador general del Ministerio Jaime Valvar, tenían la obligación de controlar los casi $ 265 millones que tenían como finalidad la puesta en marcha de la mina de carbón pero que habrían sido desviados. 

El dictamen de Stornelli agrega que los funcionarios acusados "autorizaron las transferencias de las sumas dinerarias comprometidas a YCRT, al tiempo que incurrieron en la omisión de realizar los controles que se encontraban bajo su órbita de competencia".

Y agregó: "Estos funcionarios han prestado un aporte fundamental para la concreción de estas maniobras defraudadoras, ya que en sus respectivas gestiones a cargo de YCRT y la Secretaría de Minería dependiente del ex Ministerio de Planificación, tenían la obligación de supervisar el control y la fiscalización de las obras".

Con duras críticas contra los camaristas Martín Irurzun (Sala II) y Leopoldo Bruglia (Sala I) por su decisión de pedir que el juez Luis Rodríguez revise la decisión de no detener a Julio De Vido y a Roberto Baratta y una veintena de ex funcionarios de Planificación Federal y de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), la defensa del ex ministro de Planificación Federal a cargo del letrado Adrián Malonay presentará un recurso de apelación en contra de la medida, según confirmaron a Clarín. Lo mismo hará el abogado de Baratta, Juan Pablo Alonso. Ambos, además, recusarán a los jueces que ayer votaron en su contra.

Cristina Kirchner junto a su ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vidol.

Ayer la Sala II de la Cámara Federal porteña, con el voto en disidencia del juez Eduardo Farah, pidió que el juez Rodríguez -que tiene la causa por los fondos destinados durante el kirchnerismo a la mina de Río Turbio- revise sus decisiones sobre dos puntos centrales: el llamado a indagatoria de los imputados-entre ellos De Vido y Baratta- y el pedido de detención sobre todos los investigados, que realizó el fiscal Carlos Stornelli. En este punto, se incluyó un pedido de desafuero sobre el diputado del FpV y su posterior detención.

El juez Martín Irurzun planteó que si bien no puede apelarse la decisión de un juez que deniega la convocatoria a indagatoria,sí puede analizarse cuando se realice un “ejercicio arbitrario de la actividad jurisdiccional”. Consideró que se está ante una situación de estas características, y que la negativa del juez Rodríguez había sido “arbitraria”.

Por su lado, el camarista Farah​, planteó que es "potestad del juez" la decisión de llamar o no a indagatoria y que debe avanzarse en la investigación antes de avanzar con nuevas medidas.

El voto con el que se definió la situación, fue el de Leopoldo Bruglia integrante de la Sala I que debió desempatar y adhirió a la postura de Irurzun. De esta manera, el juez deberá revisar la negativa de detener a De Vido, a Baratta y a los demás involucrados en la causa.

La defensa del diputado del FpV reiteró sus críticas hacia los camaristas, "existen causales objetivas y un fundado temor de parcialidad sobre la actuación de los integrantes de esta Sala II en las causas que se siguen contra nuestro defendido en diferentes oportunidades y en distintas causas", planteó.

Roberto Baratta también irá a Casación por el pedido de la Sala II para que se revise su detención.

Asimismo, sostuvo que todas las decisiones de la sala respecto a Julio De Vido, "estaban marcadas por la parcialidad, el exceso, la excepcionalidad injustificada, siempre en su perjuicio,desatendiendo sistemáticamente cualquier reclamo que el imputado realizara".

Bajo estos lineamientos, según confirmaron a Clarín, la defensa presentará un recurso de Casación planteando entre otras cosas, que la decisión que podría llevar a De Vido cerca de un pedido de detención, "no se ajusta a derecho" y constituye "un exceso" y que hubo un "injusto y excepcional tratamiento al que se somete" al ex ministro.

Por su lado, la defensa de Roberto Baratta también presentará un recurso apelando la medida de la Sala II, sosteniendo -entre otras cosas-, que se trata "de una decisión política", deslindando cualquier tipo de responsabilidad en la causa por corrupción, y con "marcada animosidad contra los ex funcionarios", según pudo saber este medio. Ambos imputados, además recusarán a los jueces que ayer votaron en su contra.

La causa

En los primeros días de julio, el fiscal Carlos Stornelli pidió la detención de Julio De Vido, quien en 20 días enfrentará su primer juicio oral por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once. Su dictamen se basó en la denuncia de la actual gestión de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), que acusó al ex ministro de Planificación de malversación de fondos por 26.000 millones de pesos que el extinto ministerio destinó durante a la mina santacruceña.

Se calcula que el perjuicio generado al erario público fue de 265 millones de pesos. Los fondos incluían los planes de modernización de la mina de Río Turbio, como también la construcción de la Usina Térmica que según la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) tuvo once modificaciones de costo, incrementando su valor en un 98%. También se agregó la puesta en valor de un tren por 344 millones de pesos, obra que nunca se terminó y se pagó parcialmente.

En este marco, el fiscal federal pidió el llamado a indagatoria, el desafuero y la detención de De Vido y de una extensa lista de ex funcionarios de Planificación Federal y del YCRT. A los pocos días de recibir el dictamen, el juez Luis Rodríguez desestimó el pedido de indagatoria y detención de Julio De Vido y de los demás imputados en la causa. Consideró entonces que faltaba profundizar en la investigación para “delimitar la participación individual de cada uno de los imputados y su eventual responsabilidad criminal” y “precisar el denunciado perjuicio al patrimonio estatal y establecer la ruta del dinero”.

Bajo este mismo lineamiento, el magistrado concedió la eximición de prisión a Miguel Larregina (ex coordinador General de la delegación Buenos Aires de YCRT), Fernando Lisse (ex gerente de Explotación e Inspector), a la contadora Marta Pérez y al ex funcionario Roberto Baratta, mano derecha De Vido. El juez sólo les aplicó una caución juratoria.

El 7 de julio, el magistrado aplicó el mismo criterio de exención para los demás imputados, incluyendo al ex ministro de Planificación Federal. Ahora todo deberá ser revisado tras la votación de la Sala II mientras las defensas irán en queja a la próxima instancia.