El gobierno español de Mariano Rajoy propuso ayer al Senado aplicar el artículo 155 de la Constitución, que le da extraordinarios poderes para restaurar la legalidad en una comunidad rebelde y anunció la destitución de todo el Ejecutivo de la Generalitat (gobierno) de Cataluña, empezando por su titular, Carles Puigdemont.

También intervendrá parcialmente las potestades del Parlamento catalán para evitar un “fraude de ley” y evitar que convoque a elecciones o maniobre para proteger el poder de los secesionistas. No habrá suspensión de la autonomía catalana.

Para evitar estos graves inconvenientes se reserva incluso el derecho a veto de las decisiones del “parlament” que considere incorrectas o peligrosas para el cumplimiento de los objetivos del artículo 155.

También anunció elecciones autonómicas en un plazo de seis meses.

Una novedad importante se produjo cuando el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunció que la Fiscalía presentará una querella por el delito de rebelión contra Carles Puigdemont que supone un castigo penal de hasta 30 años de cárcel.

La iniciativa ya redactada se presentará, si se decide, ante el Tribunal Supremo de Justicia. 

El Consejo de Ministros adoptó ayer una serie de medidas, que deberá autorizar el Senado por mayoría absoluta, para asumir la intervención de Cataluña y restablecer el orden constitucional frente a la “desobediencia rebelde” de los gobernantes catalanes, que iniciaron un proceso de independencia.

La decisión de Rajoy está directamente relacionada con los repetidos anuncios de Puigdemont y las fuerzas secesionistas de que el próximo martes o miércoles el Parlamento catalán declarará formalmente la independencia.

Rajoy argumentó que los objetivos son -en este orden- volver a la legalidad, restablecer la normalidad, mantener la recuperación económica y celebrar elecciones en Cataluña.

Rajoy justificó su drástica medida para restaurar la legalidad; celebrar elecciones con normalidad; asegurar la neutralidad institucional; mantener el bienestar social y el crecimiento económico; y asegurar los derechos y las libertades de todos los catalanes, según ha enumerado.

Además, subrayó que “no se suspende la autonomía de Cataluña, se cesa a las personas que la han puesto en riesgo”.

“No se pueden hacer peor las cosas que como las ha hecho en las últimas fechas la Generalitat de Cataluña”, añadió Rajoy, que al optar por convocar elecciones en seis meses ha contentado a su partido, el PP, frente a Pedro Sánchez, el líder del PSOE, que le pidió que lo hiciera en enero.

“No era nuestro deseo ni nuestra intención aplicar el artículo 155. Lo hacemos porque ningún Gobierno, de ningún país democrático, puede aceptar que se ignore la ley, que se viole la ley, que se cambie la ley, y que todo ello se haga pretendiendo imponer sus criterios a los demás”, argumentó Rajoy.

Y recalcó: “Estas medidas han sido consensuadas con el PSOE y con Ciudadanos. Agradezco su apoyo, que no interpreto como un apoyo al Gobierno sino como un apoyo al estado de derecho”.

El ejercicio de las funciones de los consejeros regionales se encargará a los órganos y autoridades que designe el Gobierno español, aunque la idea es que las competencias las asuman los ministros del Ejecutivo central. Los representantes del Ejecutivo comparecerán en el Senado cada dos meses para dar cuenta de la gestión en Cataluña. 

Todos los departamentos están afectados, entre ellos, prioritarios, vicepresidencia, Interior y Economía y Hacienda, Interior (responsable de la policía regional), Justicia, Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales, Enseñanza, Gobernación, Trabajo, Agricultura y Pesca.

Además, el Gobierno limitará las funciones del Parlamento catalán para que no pueda proponer candidato a la Presidencia de Cataluña ni pueda celebrar el debate y votación para su investidura mientras estén vigentes las medidas propuestas.

Según Rajoy, no hay ningún país del mundo democrático y civilizado en el que se haya vivido una situación como el “inaceptable desafío secesionista de las autoridades de Cataluña.

También se establecerán mecanismos de control de la policía catalana, los Mossos d’Esquadra, que pasarán a depender del Ministerio del Interior, y de TV3, el medio público de la Generalitat. 

Pedido de libertad de presos y masivo apoyo a Puigdemont

Cientos de miles de personas manifestaron ayer en Barcelona para pedir la libertad de los dos líderes secesionistas encarcelados el pasado lunes, poco después de que el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, anunciara que destituirá al gobierno catalán encabezado por Carles Puigdemont y convocará a elecciones en Cataluña. 

El presidente catalán no tenía previsto participar de la protesta, pero finalmente presidió la movilización acompañando a su vicepresidente, Oriol Junqueras, y al resto de su gobierno, a quienes se unió la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y el ex presidente Artur Mas. 

La protesta contó también con la participación de diputados anticapitalistas de la Candidatura de Unidad Popular (CU), socios del gobierno catalán en los planes de secesión, y de la coalición de izquierda que integra Podemos, Catalunya Sí que es Pot (Cataluña Si que se puede), que no respaldan la vía unilateral, pero rechazan la escalada del conflicto de secesión de la que responsabilizan principalmente a Rajoy por no querer negociar un referéndum pactado. 

La manifestación, que reunió a unas 450.000 personas en el céntrico Paseo de Gracia -según cifras de la Guardia Urbana-, tuvo lugar pocas horas después de que Rajoy reveló las medidas extraordinarias que su gobierno envió al Senado para su aprobación.

Al finalizar la movilización, la actriz catalana Lloll Bertran leyó un manifiesto que exige que se “ponga punto y final” a la prisión preventiva de Sánchez y Cuixart. “En un Estado del siglo XXI no es aceptable encarcelar y llevar a prisión a dos personas que llaman a la manifestación pacífica”.

Bertran dijo: “Una vez más hemos salido a la calle como una sociedad activa, no violenta” y remarcó que las entidades secesionistas se comprometieron a “responder de forma coordinada y continuada ante cualquier acción que vulnere los derechos humanos y las libertades fundamentales de Cataluña”.

Medidas clave

Las posibles medidas del gobierno central español contra Cataluña serán presentadas el 27 de octubre al Senado español, donde el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy tiene mayoría absoluta: 

- Gobierno catalán.

El gobierno de Rajoy pide al Senado el cese de la totalidad del gobierno catalán. Sus funciones quedarán en manos de “los órganos o autoridades que cree a tal efecto o designe el gobierno de la nación”. 

- Policía catalana.

Cataluña cuenta con su propia fuerza de policía, los Mossos d’Esquadra, que en condiciones normales dependen exclusivamente del consejero regional de Interior. El ejecutivo de Rajoy pide sin embargo ahora “dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento” a los alrededor de 16.000 agentes con que cuentan los Mossos.

- Las finanzas.

Ya en setiembre, el gobierno central intervino las cuentas de la Generalitat, para intentar impedir el referéndum. Ahora pide autoridad para ejercer todas las competencias financieras, presupuestarias y fiscales, y asegurarse así de que ni un solo euro de los impuestos locales o el dinero enviado desde Madrid sea desviado a la financiación del proyecto independentista.