El Gobierno avanzó ayer con la CGT en un esquema global de rebaja del costo laboral que, además de un blanqueo amplio con perdón de deudas para los empresarios con trabajadores informales, incluirá una reducción de las cargas patronales para todos los salarios del sector privado con un tope en torno de 10 mil pesos. Fue una de las precisiones que conversaron ayer con la cúpula de la central el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y Mario Quintana, vicejefe de Gabinete, en la reanudación del diálogo bilateral y previo a la convocatoria multisectorial de Mauricio Macri pautada para el lunes. 

La rebaja de aportes, una medida que sostuvo en su gestión el expresidente Carlos Menem sin un aumento consecuente del nivel de empleo, será compensada por aportes del Tesoro nacional para no desfinanciar la Anses, según les explicaron los funcionarios a los gremialistas. Por ese concepto en Hacienda estiman que las empresas destinan unos 80 mil millones de pesos al año. El mecanismo, tal como fue presentado, implicaría que el primer segmento de los sueldos (en un rango no precisado de 8.000 a 15 mil pesos) no devengará cargas patronales. 

Fue el primer encuentro formal tras las elecciones entre el Ejecutivo y la CGT. Por la central obrera concurrió el triunvirato de líderes, Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, junto con miembros de su mesa chica: Armando Cavalieri (Comercio), Andrés Rodríguez (estatales, UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Francisco Gutiérrez (metalúrgicos) y Omar Maturano (maquinistas de trenes, La Fraternidad). No participaron dirigentes del sector que encabeza Hugo Moyano, más proclive a los contactos a solas y con Macri directamente. 

La dirigencia sindical valoró el resultado del cónclave, en particular que Triaca y Quintana ratificaran que cualquier modificación en la normativa laboral deberá ser fruto de un consenso previo. Aunque era un enunciado presente en los encuentros previos la CGT temía que el resultado electoral favorable impulsara al Ejecutivo a avanzar a solas sobre sus resortes de poder. Hubo devolución de gentilezas: los sindicalistas hicieron saber que en caso de mantenerse ese compromiso Macri podría contar con la colaboración del movimiento obrero tradicional para su eventual reelección en 2019.

Pareció así encaminarse una suerte de "pacto de caballeros", por el cual el Gobierno mantendrá a salvo las prerrogativas de los gremios como el monopolio de representación (consagrado en la ley sindical vigente), la preeminencia de la legislación nacional sobre los acuerdos puntuales (para evitar un efecto contagio inmediato de entendimientos como el de los petroleros en Vaca Muerta), la continuidad de las paritarias y el sostén del sistema de obras sociales. A cambio, la CGT al menos, los presentes ayer- sostendrá la paz social y allanará las aspiraciones reeleccionistas. 

Triaca y Quintana confirmaron la opción del Ejecutivo por el gradualismo y los acuerdos plasmados en proyectos de ley. El principal de ellos será el de blanqueo laboral, que deberá sortear como principal obstáculo la previsible oposición peronista. Ahí será clave el compromiso con la CGT de brindar apoyo. Como había adelantado la iniciativa contendrá un perdón absoluto sobre las deudas acumuladas por los empleadores por la falta de registración de sus trabajadores. También habrá un tope de entre cuatro y cinco años para el reconocimiento de los años trabajados en la informalidad, como una suerte de moratoria. 

Como parte del blanqueo también se avanzó ayer en la posibilidad de crear un sistema simplificado de contratación para la relación del denominado "trabajo-trabajo": los ejemplos más usuales, un albañil que cuenta con un ayudante o un mecánico monotributista que planea contratar a un colaborador. Con el plan global el Gobierno espera en el corto plazo la registración de unos 300 mil asalariados informales. 

En cuanto a las pasantías, o "prácticas formativas" como prefieren llamarles el Gobierno y la CGT, ayer se confirmó que volverán bajo el paraguas de los convenios colectivos de trabajo y que cada gremio podrá consensuar con su contraparte empresaria el segmento de oficios y labores más adecuado para apuntalar con este mecanismo. 

Ayer los sindicalistas aprovecharon el encuentro para recordarles a los funcionarios que el Ejecutivo tiene pendiente saldar 4.500 millones de pesos de un fondo comprometido el año pasado por Macri para costear mejoras edilicias de las obras sociales o emergencias sanitarias, como parte del acuerdo global por la deuda acumulada durante el gobierno anterior con esas organizaciones. 

También quedó ratificado que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para la creación de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, un mecanismo ideado para reducir los juicios contra obras sociales y prepagas por tratamientos médicos o remedios no cubiertos. Ese organismo, una suerte de sistema de ART para la salud, fue ideado para constituirse como una consulta previa y obligatoria para los jueces antes de habilitar el inicio de demandas contra las prestadoras privadas, gremiales y hasta el PAMI. 

"Se ratificó el compromiso del Gobierno de implementar modificaciones sólo por consenso. Hay un llamado del Presidente a una suerte de mesa sectorial (el lunes que viene) y política donde se abordarán cuestiones de políticas de Estado, como la pobreza, el empleo y la salud", resumió Daer tras el encuentro.

Agencias:Tèlam-DyN