Jurídicamente hablando no. El Parlamento catalán aprobó una resolución para iniciar un proceso que terminaría una vez que se cree un "Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social". Esto surgió luego del referéndum del 1° de octubre en que Carles Puigdemont, quien gobierna Cataluña, declaró la independencia aunque la dejó "en suspenso" con la esperanza de que se abriera un diálogo con Madrid que se truncó. Pese a que jurídicamente no estaría dada la independencia, la Fiscalía general española anunció una querella contra Puigdemont por presunta rebelión por lo que podría ir hasta 30 años preso.

Según explicó a AFP el consultor en Derecho Internacional Jean Claude Piris
"es inimaginable que un tribunal internacional diga que el derecho a la autodeterminación se aplica a los catalanes. Los catalanes no tienen derecho a decidir formar un Estado. Ese derecho solo se aplica en caso de opresión y de explotación de un pueblo. Fue el caso de las colonias, como explica una sentencia de la Corte Constitucional de Canadá de 1998 respecto a la secesión de Quebec. Pero no es para nada el caso de Cataluña, que goza de todos los derechos democráticos".

Sería enormemente beneficiosa para la economía catalana, ya que su industria exportadora y su sector turístico son los más potentes de España