El blanqueo laboral que lanzará el Gobierno tendrá vigencia por un año: los primeros seis meses, sin costo para el empresario, y para el período restante deberá pagar el 30% de las deudas por aportes y contribuciones no efectuadas. El proyecto de ley que enviará el Ejecutivo al Congreso para su tratamiento en diciembre, en sesiones extraordinarias, y cuyos puntos principales adelantó este diario, comenzó a ser expuesto ayer a los técnicos de la CGT y del sector empresario. 

En un menú de amplias facilidades para los empleadores se destaca un punto que promete polémica: la supresión del concepto de "irrenunciabilidad" que consagra la ley de Contrato de Trabajo, que los funcionarios alegan necesaria para garantizar inmunidad penal de los empleadores pero que podría ser utilizada para impulsar acuerdos laborales a la baja. Pero también habrá una baja sensible en los cálculos para las indemnizaciones por despido, un cepo a los juicios laborales y la posibilidad de constitución de fondos de desempleo financiados por los propios empleados en varias actividades. 

Los lineamientos de la iniciativa fueron desplegados ayer por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, su número dos, Horacio Pitrau, y su jefe de Gabinete, Ernesto Leguizamón, ante un mesa repleta de abogados: por las cámaras empresarias se destacaron Daniel Funes de Rioja y Juan José Etala, mientras que por la CGT concurrieron entre otros Federico West Ocampo (Sanidad), Alberto Tomassone (Comercio), Marta Pujadas (Construcción) y Horacio Ferro (Gastronómicos). También participaron algunos empresarios como el titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi y hasta hubo un representante legal de la CTA de Hugo Yasky. 

El plan oficial prevé algunos aspectos hasta ahora no conocidos: uno de ellos, la reducción de dos años a uno del plazo de prescripción para el inicio de acciones judiciales de un trabajador contra su empleador. También se eliminará la valoración del "ius variandi" como garantía de no alteración de las condiciones de trabajo. Hasta ahora, si un empresario resolvía de forma unilateral mudar sus actividades o cambiar las labores de su personal los demandantes podían exigir ser indemnizados o bien continuar en sus tareas habituales. Esta última posibilidad quedará anulada según el texto del proyecto comentado ayer. 

En tanto, el Gobierno promete incluir una ampliación a 15 días de las licencias para padres por nacimiento de sus hijos, así como la posibilidad para los empleados de tomar hasta un mes de franco sin goce de sueldo. Otro capítulo que promete controversia para el año que viene: a partir de la próxima ronda de paritarias los gremios y las empresas podrán acordar regímenes especiales de indemnización o seguro de desempleo con aportes de los propios trabajadores del sector. Esa modalidad, que existe en el sindicato de la construcción (UOCRA) podrá ser adoptado por otras actividades sometidas a alta rotación laboral. En otras palabras, los trabajadores podrán aportar para sus propios despidos. 

Los funcionarios abundaron ayer sobre la reducción de contribuciones patronales y aportes a la seguridad social. Se hará de forma escalonada: el primer año los empleadores no pagarán cargas por los primeros $2.300 de sueldo, y luego ese monto se duplicará y se le agregará la inflación de cada año hasta completar un valor de 11.500 pesos más la evolución del costo de vida, lo que se producirá hacia el cuarto año de aplicación del nuevo sistema. Se buscará así reducir un tercio del costo laboral por cada contratación nueva o blanqueo de trabajador a costa del Tesoro, que aportará la diferencia. Hasta ahora existía un sistema similar para las microempresas y para las pyme, con lo que el beneficio nuevo sería sólo para las grandes compañías. 

También se confirmó que las multas administrativas previstas en las indemnizaciones fijadas por juicios dejarán de ir al trabajador para ser derivadas a un fondo de ANSES. Además, se intentará frenar los juicios "por solidaridad", es decir aquellos en que el empresario demandado no es sólo el empleador directo del trabajador sino el que desarrolla la actividad principal. Se facilitará así la tercerización, un mecanismo que se intentó acotar sin éxito en el gobierno anterior. Con este fin se exculpará al empresario de la actividad principal si previamente se aseguró que su contratista cumplía con los requisitos legales para contratar personal. 

En el capítulo indemnizatorio se tomará en cuenta sólo los ítems salariales de la remuneración. Hasta ahora es habitual, sobre todo en mandos medios y gerenciales, la inclusión de rubros como el automóvil, el celular o la prepaga en el cálculo de las indemnizaciones. Pero también quedarán afuera las horas extra, el aguinaldo, las comisiones y cualquier otro ítem no regular. Para ello el proyecto prevé la redefinición del concepto de "salario" previsto en la ley de Contrato de Trabajo. Para iniciar un juicio, el trabajador tendrá un año de tiempo cuando antes podía hacerlo hasta dos años después de su desvinculación. Otro punto a favor de los empresarios será la facilidad para expedir el certificado de trabajo, motivo usual para la radicación de juicios y que motiva multas equivalentes a tres sueldos). 

El proyecto incluye la sanción de un nuevo esquema de pasantías o prácticas formativas disociadas de las obligaciones de un contrato de trabajo que podrán acordarse en cada convenio colectivo y que serán monitoreadas por un instituto tripartito. También prevé la creación de nuevas formas laborales para aprendices y ayudantes como habitualmente existen en talleres o pequeñas unidades de contratistas, asimilables al régimen especial vigente para el personal doméstico.

Borrador. El texto del proyecto de ley, al que tuvo acceso este diario, cuenta con 145 artículos desplegados en 56 páginas. Contempla bajas en el costo laboral y hasta nuevas modalidades de contratación simplificadas.