Fueron las grandes ausentes en la convocatoria a los consensos que hizo el presidente Mauricio Macri el lunes de la semana pasada en el CCK. Sin embargo, el diálogo y los acuerdos entre el Gobierno y las Organizaciones Sociales fluyen. A pesar de los recortes reales y de aquellos que busca proyectar hacia afuera, la Casa Rosada ya comprometió el pago de bonos para los trabajadores de la economía popular. El pago complementario alcanzaría los $2.200 por persona.

A fines de 2016, los representantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) le arrancaron al Gobierno -con el apoyo indispensable de la oposición- la Ley de Emergencia Social.

La Casa Rosada, por su parte, se tomó su tiempo para reglamentar lo que suponía era urgente: 90 días. Y recién en septiembre se comprometió a implementar la totalidad de la norma. “Ellos creen que nos asaltaron. Nos sacaron $ 30 mil millones en tres años. Equivale a un vencimiento de Lebacs. ¿Eso vale la paz social en la Argentina? ¿Adónde hay que firmar?”, inflaba el pecho un funcionario del Ejecutivo que suele sentarse a la mesa de las negociaciones.

De los dos lados de la mesa, aseguran que habrá un bono de fin de año para los beneficiarios de los planes de empleo. El año pasado, después de idas y venidas, el Gobierno acordó con los movimientos un aguinaldo para el salario social complementario, que a su vez equivale a la mitad del salario mínimo vital y móvil. Las Organizaciones además negociaron el bono de los beneficiarios de la AUH. Esta vez, en el Ejecutivo y las Organizaciones, calculan que el aguinaldo para los trabajadores de la economía popular oscilará alrededor de los $ 2.200.

Ahora, se disponen a sentar otra vez a la mesa al poderoso vicejefe de Gabinete Mario Quintana, a los ministros de Trabajo, Jorge Triaca, y de Desarrollo Social, Carolina Stanley y a los representantes de la Iglesia. Esa cumbre recién se concretaría en diciembre. Antes, Stanley se sentará a negociar con las organizaciones. Buscan comprometer al Ejecutivo para que declare la Emergencia Alimentaria, que en rigor está prorrogada a través del plan de Emergencia. Parte de la oposición tomó nota del reclamo. Legisladores del Peronismo para la Victoria y Libres del Sur se comprometieron a avanzar con un proyecto por $10 mil millones.

En el Gobierno están dispuestos a otorgar algún tipo de compensación para que las familias beneficiarias puedan comprar productos frescos que puedan añadir a una dieta con muy pocas proteínas. Sin embargo, sostienen que no es necesario una ley ni mucho menos comprometer ese monto. Pretenden implementar planes pilotos micro en algunas localidades del Conurbano.

“A las reformas actuales hay que incorporar una agenda social, como la emergencia alimentaria”, le dijo Daniel Menéndez, titular de Barrios de Pie, preparan una marcha al Congreso y movilizaciones con ollas populares para el próximo miércoles.

Más allá de los tironeos, en el Ejecutivo prima la creencia de que el oficialismo logró penetrar entre las filas de los movimientos sociales. “La mitad nos vota”, afirman en Cambiemos. Pruebas no faltan. Antes de las PASO, el Gobierno sacó a la cancha alrededor de 20 mil nuevos beneficiarios de salario social complementario en centros urbanos donde antes no llegaban. La “inversión social” de cerca de $ 86 millones por mes en Gran Rosario, Córdoba, Concordia, Mar del Plata y Gran La Plata y en la ciudad de Formosa tuvo su recompensa. Cambiemos solo en la capital de la provincia gobernada desde 1995 por Gildo Insfrán perdió el oficialismo.