El holding atraviesa una crisis comercial y financiera que lo llevó a estudiar un plan de reestructuración que incluye despidos, suspensiones y freno de horas extras, cuestiones que alteran los ánimos en la Casa Rosada. Ayer el propio Pescarmona inició un raid por varios despachos oficiales. Con una deuda de US$m1.200 millones, problemas para cobrar las obras que hizo en Venezuela al gobierno de Nicolás Maduro; caída de sus negocios en Brasil y una fuerte reducción de sus operaciones en Argentina, Impsa busca el auxilio estatal para recuperarse, y en el Gobierno habría consenso para evitar más datos negativos.
El ministro de Economía, Axel Kicillof; la Ministra de Industria, Débora Giorgi, y hasta la propia presidenta Cristina Fernández están analizando la posibilidad de preparar una especie de rescate estatal para Impsa. Se trata del grupo mendocino propiedad del empresario Enrique Pescarmona que se encuentra atravesando por una delicada situación comercial y financiera que lo llevó a solicitar un procedimiento legal que le permite suspender personal, reducir horas extras y hasta despidos.
 
Según informa hoy el diario 'El Cronista', ayer, el propio Pescarmona inició un raid por varios despachos oficiales. En especial, por los del Ministro de Economía y por el de la Ministra de Industria.
 
Con ambos, el empresario debatió la crisis de su holding que tiene una serie de condimentos vinculados a factores internos y externos. Con una deuda de US$1.200 millones, problemas para cobrar las obras que hizo en Venezuela al gobierno de Nicolás Maduro; caída de sus negocios en Brasil y una fuerte reducción de sus operaciones en Argentina, Impsa busca el auxilio estatal para recuperarse.
 
Y en el Gobierno habría consenso para “ayudar” a Pescarmona, según el mismo matutino. "“Hay que darle una mano"”, se escuchó decir en alguno de los despachos en los cuales el empresario mendocino estuvo ayer. 
 
Ayer, Impsa envió un comunicado a la Bolsa de Comercio en el cual admite haber contratado a varios asesores legales y financieros para apoyar al grupo “a realizar una evaluación de su situación actual, comercial, operacional y financiera, incluyendo los problemas resultantes de atrasos sufridos en las cobranzas por parte de algunos clientes en contratos significativos”.
 
El grupo ya contrató al estudio de abogados Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martinez de Hoz, el mismo que ya la asistió en los aspectos legales en la emisión de las Obligaciones Negociables (ON) Clase XIV emitidas a principio de año. Y también a Quantum Finanzas, la boutique financiera que lidera el ex secretario de Finanzas, Daniel Marx, que también se especializa en fusiones y adquisiciones, consultoría financiera y restructuraciones.
 
Pero en el comunicado a la Bolsa, Impsa también reconoce la posibilidad de vender sus parques eólicos en Brasil. En ese país, la situación societaria es diferente a la local. Wind Power Energía (WPE) es una sociedad constituida en Brasil que no es subsidiaria de Impsa sino de Venti, un holding creado por Pescarmona a principios de año y que tiene sede en Luxemburgo. Su objetivo era el de atraer inversores internacionales, respaldar una eventual salida de acciones en la bolsa de San Pablo (Bovespa) y Wal Street, y sostener un programa de emisión de deuda que incluye un bono por U$S 390 millones al 2020. También se buscaba consolidar bajo el nuevo holding los balances en pesos argentinos y reales, en dólares. Y ofrecer un mayor respaldo (como fiador) al Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda que había encarado la firma por US$500 millones. Nada de eso parece haber ocurrido.
 
Por eso, en el comunicado, Impsa reconoce que la estrategia de Venti “contempla la posibilidad de contar con socios internacionales de nivel estratégico y/o de vender parques eólicos y, en consecuencia, WPE puede, de tiempo en tiempo, encarar negociaciones preliminares a ese fin con potenciales candidatos”.