Que no dependa más de los ciclos económicos, que llegue con más frecuencia y que le gane "un poquito" a la inflación. Con esas tres consignas plantea el Gobierno su propuesta para la actualización periódica de las jubilaciones.

Con un sistema previsional que hoy es el ítem más significativo del presupuesto nacional y que depende tanto de las contribuciones y aportes a la seguridad social como de varios impuestos, los funcionarios lograron acordar con los gobernadores impulsar el reemplazo del actual sistema de movilidad por otro que lleve a erogar menos recursos. Al menos es su objetivo.

Son tres los puntos específicos, dentro del consenso fiscal firmado ayer, con impacto en el régimen previsional de la Nación: además del mecanismo de ajustes, se prevé fijar una garantía de ingreso mínimo y se proyecta eliminar las inequidades de los regímenes de privilegio.

Respecto del primer punto, desde 2009 las jubilaciones se actualizan en marzo y septiembre según el resultado que arroja una fórmula creada por el kirchnerismo. En la cuenta intervienen variables como la suba de los salarios de los trabajadores y la evolución de la recaudación impositiva, que, en parte, financia las prestaciones. Eso provoca que, al haber crecimiento económico, y más aun si hay suba real de salarios, el monto de las jubilaciones aumente más que la inflación. Si se toman los índices de precios calculados por consultoras privadas en los años en que los datos oficiales no tenían credibilidad (hasta 2015) y luego los índices del Indec, se concluye que en siete de los nueve años que lleva vigente la ley de movilidad el alza de haberes superó a la inflación (las excepciones fueron 2014 y 2016, años de recesión y caída de salarios reales).

Como para 2018 se estima que la economía crecerá, la proyección es que los ingresos subirían menos con el cambio previsto que con el sistema actual. El pacto prevé garantizar una suba de haberes que sea trimestral y superior a la inflación. Fuentes del Ministerio de Hacienda señalaron que aún no está definido cuál sería la fórmula para lograr ese compromiso oficial.

La movilidad no sólo influye en las jubilaciones; también en prestaciones como la asignación universal por hijo y el salario familiar y en otras variables, como los montos de facturación permitidos en el monotributo (desde 2018) y los aportes mensuales a cargo de los monotributistas y de los autónomos.

Se acordó, además, que ninguna jubilación -vigente o futura- podría ser inferior al 82% del salario mínimo, vital y móvil. La condición para tener esa garantía es haber hecho al menos 30 años de aportes efectivos (ese es el requisito mínimo para acceder a la prestación, con lo cual la intención sería dejar al margen a quienes se jubilaron por moratoria). El haber mínimo actual, de $ 7246,64, representa el 81,8% del salario básico, de $ 8860. En enero esta última cifra será de $ 9500, con lo cual la relación quedará en 76,3%.

Con respecto a los recursos, en el Gobierno afirman que los cambios beneficiarían a la Anses: por un lado, el organismo pierde el 20% de la recaudación de Ganancias, que se coparticiparía; por el otro, recibiría toda la recaudación del impuesto al cheque. Según estimó el economista Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la Anses obtendría así, en 2018, unos $ 82.000 millones más con los cambios previstos que sin ellos.