El grueso del recorte fiscal que impulsa la Casa Rosada con la reforma previsional recaerá sobre las espaldas de la ANSeS. Se trata de un ajuste del orden de los $100.000 millones anuales, que se logrará por la vía del cambio de la fórmula para actualizar los haberes, pero también por la eliminación de regímenes considerados "de privilegio" y por la ampliación de la edad jubilatoria. Así se desprende del proyecto acordado con los gobernadores, que mañana ingresará oficialmente al Congreso.

El Gobierno encontró una solución técnica para que las provincias acepten compartir el costo político de hacer cirugía mayor en los ingresos de los jubilados: dispuso que la actualización por inflación de las jubilaciones se hará trimestralmente y se le sumará un adicional de 5% sobre el crecimiento que haya tenido el PBI en el período. Esto permitió superar la barrera política, pero pronto los expertos calcularon que su impacto es en realidad simbólico: si la economía creciera 4%, el pago extra sería de 0,2%. Así, para una jubilación de $10.000, el premio representaría apenas $20.

El cambio de fórmula permite archivar el índice actual que combina la evolución de la recaudación previsional y de los salarios privados para los ingresos de 17 millones de personas. Sus resultados habían derivado en subas mayores a la inflación proyectada y permitieron recuperar parte del poder adquisitivo perdido. Por el nuevo cálculo las jubilaciones aumentarán menos. Sólo le empatarán a la inflación. Y la diferencia la daría el adicional PBI, que ya se advierte más que modesto.

Además, por la nueva fórmula se producirá un desfase de hasta seis meses que repercutirá en el nivel real de los haberes actualizados: en marzo de 2018 se ajustarían un 5,2% en base a la inflación del tercer trimestre de 2017. De permanecer la fórmula actual, ese aumento debería ubicar alrededor del 12%. La diferencia no es menor, pues las jubilaciones arrancarían el año con un atraso de 7 puntos respecto de los precios. Luego, en junio de 2018, el ajuste tomará la inflación acumulada entre octubre y diciembre de 2017. Ese mes sumará el 5% adicional por la suba real del PBI. La preservación o no de la mejora dependerá del ritmo al que se vayan moviendo los precios en esos meses.

En simultáneo, la reforma propone que tanto hombres como mujeres podrán elegir seguir trabajando hasta más allá de las edades mínimas actuales (65 y 60 años respectivamente) sin que los empleadores puedan intimarlos a cesar. El nuevo piso será de 70 años. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, estimó en 40.000 la cantidad de personas que cada año elige seguir trabajando aunque estén en condiciones de pedir la jubilación. Esta medida tiene un impacto inmediato sobre las cuentas de la ANSeS, ya que implica menos pagos de beneficios. 

Por otro lado, el Gobierno apunta contra algunos regímenes especiales de jubilación como tienen docentes y científicos. En estos casos, se jubilan con menos edad y menos de 30 años de aportes, pero los mismos afectados recuerdan que su aporte mensual al sistema previsional es 5% mayor a la media del sistema.

Otra medida que apunta a generar más recaudación a la ANSeS es la eliminación del tope de sueldo sobre el que se realiza el descuento jubilatorio (11%) a los asalariados de mayores ingresos. Actualmente es de $81.918,55 y no tendrá límite. Pero también se eliminará el tope de jubilación máxima, que es de $53.090,20. La rebaja de aportes patronales va en la dirección contraria: le restará recursos, pero los funcionarios estiman que se compensará con más creación de empleo en blanco.

Por afuera del proyecto, la Casa Rosada también trabaja en achicar el déficit de la ANSeS mediante la supresión de programas que dependen de su presupuesto y no tienen nada que ver con su función original. Así fue como ya se transfirió el Plan Procrear al área de Vivienda del Ministerio del Interior. Y en las próximas semanas habrá medidas similares en planes que pasarán a Educación y a Desarrollo Social.