Mariano Rajoy declaró el lunes por la noche al periodista Pedro Piqueras en Telecinco que no negoció con Carles Puigdemont la retirada del artículo 155 a cambio de la convocatoria de elecciones anticipadas en Catalunya. El presidente del Gobierno, un político profesional con muchísimas horas de vuelo, no ofendió a la verdad, sin decir toda la verdad. Rajoy no pactó nada con Puigdemont, es cierto. Negoció con ­ Iñigo Urkullu, presidente del ­Go­bier­no vasco, que desde principios de septiembre había asumido funciones de mediación con el acuerdo tácito de ambas partes. Rajoy no pactó con Urkullu la retirada del artículo 155 del Senado si se convocaban elecciones, pero aceptaba dejarlo en suspenso, una vez aprobado en la Cámara Alta. Si el presidente catalán disolvía el Parlament y convocaba a las urnas, el 155 quedaría congelado. Ese era el trato. Y en ese trato también estaba el PSOE.

Un paso y después otro. El 5 de octubre, veinticuatro horas después de haber escuchado el discurso del Rey –y después de haber mantenido una conversación telefónica con el jefe del Estado–, Urkullu puso en negro sobre blanco un plan para evitar la intervención de la autonomía catalana, paso que consideraba enormemente peligroso para la posterior evolución política de toda España, incluida Euskadi.

Convocar elecciones. Consciente de que apenas quedaba margen para un acuerdo público entre ambas partes, el lehendakari pensó en la única salida posible: facilitar una dinámica que evitase, a última hora, el choque frontal. Primero un paso y después, otro. El presidente elaboró un documento al respecto, al que dio un título muy específico: Propuesta de declaraciones concordantes y encadenadas. Así consta en el memorándum que Urkullu ha hecho llegar a la dirección del Partido Nacionalista Vasco sobre las gestiones realizadas acerca de Catalunya entre el 19 de junio y el 27 de octubre. (Véase La Vanguardia del pasado lunes).

Sobre la base de ese documento, el presidente vasco aconsejó a Puigdemont que dejase en suspenso la declaración unilateral de independencia (DUI) en el pleno del Parlament del 10 de octubre. Mientras aún esperaba el milagro de una mediación internacional, Puigdemont frenó con una pirueta retórica y ello le costó un serio encontronazo con Esquerra Republicana y la CUP. Rajoy puso entonces en marcha el temporizador del 155.

Mariano Rajoy entrevistado por Pedro Piqueras en Telecinco la noche del pasado lunes
 

La convocatoria de elecciones se planteó en la reunión del Consell Executiu de la Generalitat del miércoles 25 de octubre. Intervinieron varios consellers y la voz más contraria al adelanto electoral fue la de Clara Ponsatí, titular de Educación, independiente afín a Puigdemont. El vicepresidente Oriol Junqueras guardó un prudente silencio.

Por la noche volvió a reunirse el Consell Executiu con el grupo de asesores externos. Reunión muy tensa, en la que destacó la actitud beligerante de Marta Rovira. Oposición tenue de personajes como el editor Oriol Soler, que podían haber puesto el grito en el cielo. La reunión concluyó a las tres de la madrugada, con Puigdemont incólume. En aquel momento, al conseller Santi Vila se le apareció Don Miguel de Unamuno –“¡levantinos, os pierde la estética!”– y dijo que no era propio de un gobierno serio convocar elecciones de madrugada. La firma quedó pospuesta a la mañana del jueves 26. Los consellers Jordi Turull y Josep Rull –opuestos a la convocatoria– pidieron entonces que se convocase al grupo parlamentario. Ganaban tiempo para la presión.

Otra reunión tensa. Puigdemont, afectado, mantenía su propósito. Así se lo comunicó a Urkullu, aceptando incluir en el decreto, a petición de Madrid, una mención expresa a la legislación electoral vigente. Aquella mañana, el borrador del decreto estuvo en la mesa del presidente Rajoy. La noticia a trascendió y las redes soberanistas entraron en incandescencia. “¡Traidor!”, gritaban los estudiantes concentrados en la plaza Sant Jaume. ERC comenzó a moverse para capitalizar el descontento y Junqueras pidió “garantías”. Puigdemont comunicó esa petición a Urkullu poco después del mediodía y ese le respondió que la otra parte sólo aceptaba un trato: primero un paso, después otro. Si convocaba, Soraya Sáenz de Santamaría “modularía” su intervención en el Senado y el PSOE apuntalaría el compromiso con una enmienda en el Senado. El Gobierno no haría ninguna declaración pública antes de la convocatoria electoral. Xavier García Albiol, partidario de un 155 intenso, no estaba en el circuito negociador.

La senda era estrecha. Puigdemont comenzó a ceder cuando vio deserciones en su propio partido. Los diputados Batalla y Cuminal anunciaron su dimisión y varios alcaldes convergentes comenzaron a comunicarle su angustia ante una reacción adversa de las bases soberanistas, que ERC se aprestaba a capitalizar. Los alcaldes del PDECat podían quedar desarbolados. Los alcaldes son pieza clave en este relato. Han sido los más fieles aliados de Puigdemont, exalcalde de Girona, desde que fue elegido presidente. Así fue como acabó dando marcha atrás.

Si el presidente catalán hubiese convocado a las urnas y Rajoy hubiese incumplido el pacto no escrito con Urkullu y flanqueado por el PSOE, la aplicación del artículo 155 en Catalunya se habría convertido en un delicioso regalo electoral para el soberanismo. ¡Qué campaña! El presidente del Gobierno habría perdido de manera definitiva el apoyo del PNV para los presupuestos del 2018 y el PSOE se habría visto obligado a romper con el PP. Un papelón ante la Unión Europea.

Puigdemont dio marcha atrás como consecuencia de la presión y porque no estaba seguro de poder afrontar esas elecciones con un relato vencedor. Para el exredactor jefe del Punt Diari, el relato es fundamental. Importantes alcaldías de la antigua CDC estarán en juego en 2019. Desde Bruselas, Puigdemont acaba de darles ahora un escudo protector: se llama Junts per Catalunya. La nueva plataforma irá a las municipales.