En un debate con visiones enfrentadas en torno a si los acuerdos firmados por la Nación y las provincias significan un ajuste, el oficialismo le dio media sanción esta medianoche a la reforma de la movilidad jubilatoria. Fue con 43 votos afirmativos, 23 negativos y tres abstenciones. Contó con apoyo de senadores que responden a los gobernadores peronistas que avalaron el pacto fiscal, que también fue aprobado, al igual que la ley de responsabilidad fiscal.

En sesión maratónica, última del período ordinario, con senadores que se despedían ante el cambio de composición desde el 10 de diciembre, el debate se centró en la reforma previsional impulsada por el Gobierno -y que forma parte del llamado “consenso fiscal” firmado con 22 provincias y la Ciudad-, cuyo punto central es el modo de calcular los incrementos jubilatorios. La nueva fórmula combina la inflación en un 70%, pero también la variación salarial (índice RIPTE), en otro 30%, como propuso para acompañar el proyecto el sector del PJ-FpV que lidera Miguel Pichetto. Así, se dejó de lado el plus por crecimiento que propuso el Ejecutivo.

Mientras comenzaba la sesión, fuera del Congreso sectores gremiales y de izquierda marchaban contra la reforma previsional y la laboral, que debatirá el Senado en diciembre. Para tratar las tres leyes clave (reforma previsional, consenso fiscal y responsabilidad fiscal), como no estaban cumplidos los siete días reglamentarios posteriores a la firma de los dictámenes, se habilitaron con el voto de los dos tercios, sobre tablas. Hubo 62 votos a favor y 8 en contra, lo que dio un indicio de la voluntad de avanzar con los temas, aunque la reforma jubilatoria se anticipaba con final reñido.

“No son acuerdos para el ajuste”, sostuvo el macrista Federico Pinedo en un discurso que buscó ser “una defensa política de los acuerdos alcanzados entre el Presidente y los gobernadores”. Sobre la responsabilidad fiscal argumentó que “se va a mantener en términos reales el gasto público de la Nación y las provincias”, destacó la baja de la presión impositiva, y que ante un “déficit casi inviable que podría derivar en una nueva explosión”, el consenso fiscal “es eliminar en 5 años el déficit en la Argentina”.

En la transición, explicó, se emitirá un bono para financiar a las provincias por lo que dejan de percibir en la baja de impuestos. Citó a Néstor Kirchner: “Como decía el ex presidente, lo que da mayor soberanía a la Argentina es el superávit”. Pinedo admitió que los temas estaban entrelazados y que la baja de impuestos “requiere una reestructuración del modo en que se actualizan las jubilaciones”. Cálculos previos hablan de un “ahorro” de 100 mil millones para la ANSeS en 2018, en un universo de 17 millones de beneficiarios entre jubilados, pensionados, asignaciones familiares y AUH.

Los opositores a la reforma previsional alzaron sus voces para cuestionar que implicará una pérdida para los jubilados. El sindicalista Guillermo Pereyra, del Movimiento Popular Neuquino, dijo que en 2017 por la actual ley de movilidad jubilatoria el aumento es del 28%, contra un 23% que hubiera implicado con la nueva fórmula.

La kirchnerista Nancy González (Chubut) sostuvo que “muy poca imaginación tiene este Gobierno y muy poco compromiso con nuestros abuelos”. Magdalena Odarda (CC-ARI- Río Negro) habló de “cercenamiento de derechos” y criticó que el fondo del conurbano “se va a resolver gracias a nuestros abuelos”.

“Hagan la cuenta que hagan los jubilados van a percibir menos”, advirtió la kirchnerista María Ester Labado (Santa Cruz), y señaló que en la plaza del Congreso volvía a haber “miles de Norma Plá, hemos retrocedido”. “Es un típico ajuste neoliberal”, sumó su oposición Pino Solanas.

Por horas dominaron los discursos contrarios a la reforma previsional. “Los gobernadores no se comprometieron a esto”, se desmarcó la sanjuanina Marina Riofrío. “Esto tiene olor a pasado. No fue bueno en los 90 y volver a estas fórmulas sería una tragedia histórica de las que no quiero ser parte”, completó.

En este clima, el salteño Rodolfo Urtubey, a favor de los tres proyectos, habló de “transacción” y “consenso”. “Los proyectos están entrelazados”. Y advirtió que si no se votaba todo “no se podía concretar el pacto fiscal”.

Sobre el final, y ante las dudas sobre el caudal de votos que sumaría el oficialismo, tres opositores (Jaime Linares, del GEN, más los peronistas Alfredo Luenzo, de Chubut, y Sandra Giménez, de Misiones) pidieron aplazar la aplicación de la nueva fórmula de marzo a junio de 2018.