El gobierno de Mauricio Macri terminó de definir una estrategia para "desestructurar" al grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) sobre la base de encuadrar sus ataques en la Patagonia, pasados o futuros, como delito federal. Así busca que se trasladen desde la justicia ordinaria provincial al fuero federal.

Para ello, se invocará el artículo 213 bis del Código Penal, que tipifica "otros atentados al orden público", figura similar al terrorismo. Pero la Casa Rosada prefiere llamarlo "violencia política", para no generar resistencia en sectores progresistas.

Según altas fuentes del Gobierno, el propósito de Macri es lograr la detención, el juzgamiento y la condena de la mayor cantidad de activistas para desarticular a RAM. Se investigarán así los más de 70 atentados registrados y los que se cometan en el futuro.
Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich , y de Justicia, Germán Garavano , con aval presidencial, enviaron emisarios a hablar con funcionarios provinciales de Río Negro, Neuquén y Chubut para unificar y coordinar criterios.

En paralelo, los gobernadores de esas provincias visitarán en la Casa Rosada esta semana a Bullrich; a Garavano; al jefe de Gabinete, Marcos Peña , y al ministro del Interior, Rogelio Frigerio . Con la fecha por confirmar, irán los mandatarios Alberto Weretilneck (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Mariano Arcioni (Chubut).

 Jones Huala

Para todos ellos, RAM es un problema político profundo en sus provincias. Entre todos, diseñarán un protocolo de prevención y contención de RAM. Las fuerzas federales de seguridad -Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval- coordinarán acciones con las policías provinciales.

La reunión misma servirá como señal política de unidad entre los gobiernos nacional y provinciales, de distinto signo, para aislar a RAM políticamente como una fuerza antisistema que promueve el terror. Pero al mismo tiempo se ocuparán de abordar el conflicto con las organizaciones mapuches legítimas que reclaman por las tierras.

De esto último se encargará el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que dirige Jimena Psathakis, y que aplicará la ley 26.160 de tierras de pueblos originarios, que impide desalojos y ordena un relevamiento territorial.

La herramienta para que las causas judiciales pasen de los juzgados provinciales ordinarios a la justicia federal será el encuadramiento de los atentados en el artículo 213 bis.

Ese artículo fija que "será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 8 años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación". Para su aplicación, existe consenso entre jueces, fiscales y procuradores provinciales.

La familia Quintriqueo acordó convivir pacíficamente en la zona. Foto: Emiliano Lasalvia.

Hasta hace pocos meses, empero, los jueces provinciales investigaban atentados como casos aislados sin vincularlos y sin dimensionar la envergadura de la organización.

Una preocupación principal de Macri es que en caso de que Sebastián Piñera gane la presidencia en Chile, su persecución a la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), la versión trasandina de RAM, podría determinar el cruce de centenares de activistas hacia la Argentina. Garavano dijo esta semana que habrían cruzado unos 40, pero todavía no se pudo verificar.

"Con delito federal y juzgados federales podremos detener a muchos y desestructurar la organización", dijo una alta fuente oficial.

El Gobierno consideró que la detención de Javier Cañio, de RAM, podría ser un caso testigo. Está acusado de incendiar el puesto de Evaristo Jones el 21 de julio último. Su caso aún está en la justicia provincial de Chubut, pero pasaría al fuero federal por conexidad.

El sospechoso será examinado para probar si fue herido de un cuchillazo por Jones. En un principio se investigó el ADN para determinar si el herido era Santiago Maldonado. El 13 de junio, el mismo Cañio había encabezado la toma del Senasa de Bariloche porque ese organismo le había secuestrado "medicinas ancestrales". Los hechos se van relacionando y los vinculados a RAM los absorberá el fuero federal.

Sin embargo, la ocupación de Parques Nacionales de Villa Mascardi, por la cual resultó muerto Rafael Nahuel el sábado 25 de noviembre, es investigada por el juez federal Gustavo Villanueva porque Parques Nacionales es de por sí competencia federal, al igual que la ruta 40.

El Gobierno distingue entre mapuches pacíficos y los radicalizados.

Rafael Nahuel en una manifestación el jueves 23 de noviembre frente al juzgado federal de Bariloche.

La madre y el hermano de Nahuel. Pablo Nahuel, dijeron: "Le lavaron la cabeza, no somos mapuches". Fue su tía, María Nahuel, quien convenció a Rafael de participar de la comunidad Lafken Winkul Mapu.