En el marco del pacto fiscal que Mauricio Macri firmó con casi todos los gobernadores argentinos –sólo se rehúso Rodríguez Saá-, las provincias han empezado a aplicar el recorte del gasto público. 

La fuerte decisión de austerida y eficiencia consiste en: “adecuar las estructuras administrativas”, reza el decreto que lleva la firma de Urtubey y de su nuevo gabinete; en ese sentido; todo avanza hacia lo solicitado ya que los ministros deberán presentar un informe indicando el personal con que cuentan y la tarea de cada uno y, en paralelo, un plan para reducir 20% de las estructuras administrativas de las áreas a cargo. Recordemos, entre otros puntos que el decreto ordena a los organismos a “renegociar” los contratos de alquiler de edificios y predios que ocupen, y suspende las comisiones de servicios fuera del país y limita las que requieran, dentro del país, pasajes aéreos se congela salarios. Prohíbe que se cubran los costos de refrigerios del personal y se limita los montos de los contratos y prestaciones publicitarias o fílmicas. A la vez, no podrán autorizarse nuevas designaciones que impliquen aumento del gasto.

“La Sindicatura General de la provincia hará monitoreos periódicos” para determinar si en las distintas áreas de gobierno se cumple con la normativa, señala el decreto que indica que esas medidas rigen hasta el 31 de diciembre del 2018. En tanto, el Gabinete Económico trabaja a destajo con el presupuesto 2018 y mantienen reuniones con distintos sectores además del trabajo interministerial coordinado por Yarade, quien recalca que “es la primera vez que se firma un pacto fiscal que permite garantizar una Argentina competitiva, que genere empleo y en la que se pueda crecer” pero hace hincapié en el esfuerzo que va a demandar reducir el déficit fiscal que arrastra Nación.

Entre otras decisiones, incluye un plan de retiros voluntarios solventado por Nación y la promoción de la jubilación de empleados que ya están en condiciones de acogerse al régimen y, se detuvo la contratación de funcionarios públicos a fin de asegurar un Estado más eficiente y efectivo en el uso de recursos. 

La Cámara de Diputados aprobo el proyecto para que el Senado lo convierta en ley lo antes posible. Por lo pronto, el Ejecutivo se adelantó ayer al anunciar la eliminación de 14 secretarías. 

Las Secretarías de Estado suprimida son las siguientes:

1) Secretaría Delegación Casa de Salta en Capital Federal

2) Secretaría de Atención Ciudadana

3) Secretaría de Servicios Públicos

4) Secretaría de Área Metropolitana

5) Secretaria de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (se unificó con la Secretaría de Justicia)

6) Secretaría de Tecnología para la primera infancia

7) Secretaría de Desarrollo Comunitario (se unificó con la Secretaría de Asuntos Indígenas)

8) Secretaría de Fortalecimiento Institucional

9) Secretaría de Adicciones

10) Secretaría de Salud Mental

11) Secretaría de Nutrición y Alimentación Saludable

12) Secretaría de Economía Social y  Empleo

13) Secretaría de Comercio, MiPYMES y Desarrollo Local (Se unificó con Industria)

14) Secretaría de Tierra y Bienes

Otras provincias que analizan achiques en la administración pública, aunque no difundieron los detalles de la implementación, son Santa Cruz, Misiones, Catamarca y Santiago del Estero.

Hay casos como el del sanjuanino Sergio Uñac, que ya avanzó en reformas administrativas y tributarias y el de Entre Ríos en donde se redujo la cantidad de ministerios -Gustavo Bordet prescindió de dos de las siete carteras que tenía- y trabaja en la reforma tributaria.

Sobre el control del gasto que se busca, Fernando Yarade manifestó que “tal como lo dijo el Gobernador, vamos a ser muy cautos a la hora de la asignación de los recursos” y agregó que “cada Ministro tiene capacidad de decidir en la temática que corresponde, pero con la responsabilidad de seguir las pautas que convenimos siendo, todos, muy cuidadosos”.