Ahora que faltan dólares, a los diseñadores del plan de salvataje se les ocurrió cobrar la deuda de Brasil y Venezuela con la empresa, que representa unos US$ 950 millones por obras no cobradas. Pero si el plan no funciona, ya piensan en la “estatización” parcial del pasivo de Impsa.
En el Gobierno nacional quieren salvar a Impsa a toda costa. Hay muchos puestos de trabajo en peligro que el kirchnerismo no se puede dar el lujo de que se pierdan en medio de un contexto recesivo de la economía y con problemas de empleo.

Wind Power Energy, filial de Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA (IMPSA), dedicada a la generación de energía eólica, fue declarada judicialmente en bancarrota por el magistrado Rafael Jose de Menezes, del estado de Pernambuco, en Brasil. En la Argentina, a principios de 2014 ya se había prendido una señal de alerta: 20 despidos en la planta de IMPSA en Godoy Cruz. Ahora, IMPSA, proveedora de soluciones integrales para la generación eléctrica, solicitó permiso para iniciar un proceso que puede derivar en suspensiones y despidos de los casi 1.075 trabajadores que emplea.

Así las cosas, el propio Pescarmona inició un raid por varios despachos oficiales. Con una deuda de US$1.200 millones, problemas para cobrar las obras que hizo en Venezuela al gobierno de Nicolás Maduro; caída de sus negocios en Brasil y una fuerte reducción de sus operaciones en Argentina, Impsa busca el auxilio estatal para recuperarse, y en el Gobierno están trabajando en eso.

Los ‘cerebros’ puestos en el rescate son el ministro de Economía, Axel Kicillof; la Ministra de Industria, Débora Giorgi.

Por lo pronto, según informa este miércoles 17/09 el diario Los Andes, el Gobierno nacional ya tiene un borrador del salvataje: Absorber la acreencia de la empresa con los gobiernos de Brasil y Venezuela por casi US$950 millones, mientras en el orden local la Provincia intercede ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para amortiguar la situación de pymes proveedoras del holding forzadas por montos sin cobrar que, en ciertos casos, llegan a $ 2 millones.

Así las cosas, el Gobierno asumirá las gestiones de cobranza ante el Gobierno de Dilma Rousseff y Nicolás Maduro. El problema principal es Venenzuela, que tiene problemas muy parecidos a los de Argentina con respecto al dólar, con lo cual se desconocer cómo hará para pagar algo que hasta ahora no pudo saldar.

Brasil le debe a Impsa alrededor de U$S 300 millones en concepto de cancelación de un parque eólico de más de 200 megavatios en Santa Catarina mientras que Venezuela mantiene un saldo cercano a U$S 250 millones por la ejecución de la represa de Tocoma.

Pero hay un Plan B en el Gobierno si no se logran cobrar las deudas con Brasil y Venezuela, especialmente, y es avanzar con una “estatización” parcial del pasivo de Impsa.

No obstante, en el sector insisten en que la cuestión de fondo no es el salvataje. Para Julio Totero, de Asinmet, “cualquier cosa que llegue, sostenimiento del empleo o diferimiento impositivo, es una aspirina para la enfermedad. Lo que se necesita es mejorar flujo de ingresos y nuevos proyectos”, dijo a Los Andes.

Durante la mañana de hoy se sentarán a la mesa representantes de Impsa, de la UOM y la Subsecretaría de Trabajo, para definir la llegada de los Repro ($ 2 mil por trabajador) y qué herramienta del procedimiento preventivo de crisis regirá para evitar despidos.

“Habrá que ver cómo afecta la cesación de pagos, pero la premisa es despidos cero hasta fin de año. Igual, la ayuda en ciernes es mucho más amplia que los Repro”, consignó el subsecretario de Trabajo, Rubén Boris.