Mauricio Macri es intransigente con la reforma previsional, por una cuestión clave: sin esos fondos el conjunto del paquete fiscal 2018 se caería como un castillo de naipes. Sucede que con los 100.000 millones de pesos que toma de la ANSeS, la Casa Rosada financia todos los acuerdos políticos que hacen viable el programa.

Por eso, el Presidente ratificó ayer en la intimidad que la vía para sacar la reforma previsional es un decreto de necesidad y urgencia. Es que su postergación abriría otro costado político: en caso de no aprobarse, afectaría la gobernabilidad de Macri. La prioridad del cambio previsional obedece a que esos fondos son necesarios para lo siguiente: -De ahí saldrá el dinero destinado a compensar a las provincias peronistas y aceitar la aprobación de las reformas fiscales.

-Otra parte de los fondos jubilatorios irá directo hacia las arcas de María Eugenia Vidal: representan un neto adicional de 20.000 millones de pesos.

- El dinero obtenido de la caja de los jubilados también permite hacer creíbles las metas fiscales para el año próximo. Reduce el gasto y baja un escalón el déficit.

Ayer, el plan pasó a un cuarto intermedio. La decisión del Congreso de postergar la sesión, abrió un lapso de espera, en medio de un clima violento en las calles. El Presidente vivió con “bronca” y “tristeza” lo ocurrido. Para la Casa Rosada hubo un plan armado por el kirchnerismo.

Elisa Carrió -otra vez- tuvo una sensibilidad política que está ausente en el laboratorio PRO. Su planteo evitó empeorar las cosas. Ahora, la líder de la Coalición Cívica propone un medida compensatoria: un bono para los jubilados por única vez.

Pero la frustrada sesión reflejó falta de timing y cierta soberbia política: la Casa Rosada intentó acelerar los tiempos, minimizando la reacción de la oposición al proyecto.

Marcos Peña decidió anticipar una semana el tratamiento y llevó adelante la ofensiva sin evaluar los costos ni efectos ante tamaña decisión. Los informes de la AFI de Gustavo Arribas tampoco previeron la reacción callejera y la inadmisible acción de los grupos violentos. La movida parlamentaria se lanzó sin asegurarse una cuota de adhesión en el recinto, que garantizara -con mínima holgura- la aprobación de la polémica reforma. El quórum resultó tan controvertido que nadie sabe cómo habría salido al final la votación.

Rogelio Frigerio llevó adelante las negociaciones con los gobernadores. Pero nunca terminó de abrochar una garantía de obediencia de los diputados que responden a ellos.

Hubo un exceso de confianza y cierta ingenuidad en los ministros. Todos los gobernadores subieron el precio de sus votos y nunca terminaron de asegurar el apoyo. Juan Manzur -por ejemplo- estuvo el miércoles en la Casa Rosada con la plana mayor: Peña, Frigerio, Emilio Monzó y Nicolás Dujovne.

El gobernador de Tucumán obtuvo una fuerte concesión para su provincia, que también beneficia a la “multi” Coca Cola: la anulación del aumento del impuesto interno a bebidas azucaradas. Manzur prometió 8 votos a favor de la reforma. Los únicos propios eran cuatro de Tucumán. Pero aseguró -sin ninguna prueba firme- que también “traería” a los de San Juan y la Rioja. Luis Beder Herrera no dio señales, ni entró al recinto. Hasta la noche del miércoles, Sergio Uñac no atendió el teléfono. Tampoco los llamados que le hizo el propio Mauricio Macri. Y nunca confirmó los dichos de Manzur.

La reforma previsional surge de una urgencia fiscal y -ahora lo admiten en la Casa Rosada- de un error fiscal que cometió el gobierno el año pasado, impulsado por Mario Quintana. Se trata de la “reparación histórica” para los jubilados. La medida nació con la idea de calentar la economía en medio de la recesión, pero tuvo un costo sideral que el Tesoro Nacional no estaba en condiciones de afrontar.

El reclamo de los jubilados es justo. La intención también: pero el plan de Quintana empeoró las cuentas públicas, muy por encima del ahorro que ahora se busca con la reforma previsional. El año pasado el sistema estaba tan desfinanciado como ahora. Pero todo el gobierno quedó metido en una propuesta carísima, que además nadie reclamaba políticamente. Ahora Quintana y Gustavo Lopetegui lideran los recortes.

Ocurre como con la política monetaria. El Presidente paga un alto costo por la reforma previsional, mientras Federico Sturzenegger ampliará el déficit cuasi-fiscal en 300.000 millones de pesos. En la intimidad del gobierno hay fuertes críticas al BCRA: se objetan sus incumplidas pautas de inflación y sus exorbitantes tasas de interés. Los ministros Luis Caputo, Francisco Cabrera, Luis Etchevehere, el propio Quintana y hasta Javier Gonzalez Fraga cuestionan la “super tasa” del BCRA. Sturzenegger resiste las críticas con el aval del Presidente. Pero en la Casa Rosada quieren que modifique las irreales metas de inflación que elucubró para el 2018. El propio Dujovne - cada vez con más llegada a Macri- ya habla de una pauta de inflación del 17%. Sturzenegger se niega. Dice que está en juego su prestigio. En la Casa Rosada buscan un atajo: que haya nuevas pautas de inflación y que las fije el Parlamento y no el Central.

Por:Marcelo Bonelli