El acuerdo con los fondos buitres por la deuda en default alcanzó al 98% de los deudores, con lo que desde Buenos Aires se lo dio por terminado. Sin embargo existe aún un largo listado de pequeños bonistas (muchos de ellos jubilados o sus herederos en el caso que los primeros tenedores de los bonos caídos en default hayan fallecido), que no aceptan la oferta argentina por dos motivos. 

El primero motivo: "es porque la consideraron siempre insuficiente y siguen reclamando el 100% más los intereses que estipuló en algún momento Griesa".

El segundo motivo: "Hay otro grupo de disconformes que, en gran parte, incluye a los primeros acreedores". Son bonistas individuales o fondos que agrupan a personas (alguno de ellos argentinos), que están también disconformes porque deben hacerse cargo de los honorarios de los abogados litigantes, dinero que se le descuenta de las eventuales liquidaciones que recibirían en el caso de terminar aceptando la oferta argentina. 

Según el razonamiento que hacen estos bonistas, el gobierno de Mauricio Macri propuso un cobro de 1,5 dólares por cada dólar de los bonos caídos en default, pero descontando lo que se le debe pagar a los abogados representantes le quedarían finalmente unos 0,8 dólares. Mencionan los bonistas en protesta que los 1,5 dólares es lo que efectivamente cobraron Elliot de Paul Singer, Kenneth Dart. Olifant, Aurelius y el resto de los fondos buitre que representaban el 80% de la deuda en el juicio; y cuyos abogados cobraron cifras megamillonarias pero que su superaban el 0,2% del total adeudado. 

La aceptación por parte de la Argentina de liquidarles a los abogados de los principales acreedores unos u$s150 millones en concepto de honorarios de abogados (le correspondía por haber perdido el juicio), más el plus que los propios fondos le pagaron a los profesionales por su tarea más allá de lo determinado en su momento por Griesa (se supone que superaron los u$s400 millones); no corre para los pequeños demandantes. Estos, al no aceptar la oferta inicial y continuar litigando, perdieron el derecho de la liquidación de honorarios de sus abogados por parte de la Argentina según determinó en su momento Griesa; tendrían que hacerse cargo ellos mismos de estos costos. 

El volumen del juicio y el hecho de tener sus propios abogados, es lo que hizo reducir el monto a liquidar desde los grandes fondos buitre a los abogados. Diferente es el caso de los pequeños acreedores, que al no tener el peso de sus primos más importantes pero ante la necesidad de contratar abogados que tengan experiencia en este tipo de negociaciones complejas, deben compartir la ganancia con los profesionales que los representen ante la justicia norteamericana. 

El tema está ahora en manos de la jueza Loretta Preska, que heredó la causa que durante casi una década manejó, y casi cerró el fallecido Thomas Griesa; y que debe definir sobre los reclamos de varios holdouts menores que aún no aceptaron la oferta que Argentina presentó en enero de 2016 y que derivó en un acuerdo con los principales fondos buitre en abril de ese año.

El reclamo fue presentado ante Preska el 27 de septiembre pasado, y la jueza les presentó el mecanismo de cálculo para determinar el volumen de los honorarios a liquidar, lo que hizo que los acreedores se enardecieran y profundicen su malhumor contra la propuesta y, en consecuencia, continúen en su negativa a aceptar la oferta que llevó en su momento como secretario de Finanzas, Luis Caputo a Nueva York. 

La negativa de los acreedores a cerrar el trato y, definitivamente, terminar con la causa; provocó incluso peleas entre los abogados de diferentes tenedores de bonos, ya que algunos accedían a bajar sus honorarios, mientras que otros se mantenían firmes en lo que calculaba Preska. La jueza deberá ahora definir la compulsa. Para esto Preska ya le avisó a alguno de los fondos rebeldes, (entre otros el HWB Victoria Strategies Portfolio, Drawrah Limited, NW Global Strategy, Schmidt y el U.V.A. Vaduz) a que se apresten a aceptar su decisión; o, eventualmente, apelar ante la segunda instancia. Si la decisión fuera esta última, el "Juicio del Siglo continuaría, otra vez, en la zaga de las apelaciones antes la Cámara de Nueva York; donde el gobierno aún litiga el juicio por la venta de YPF ante el fondo Burford por unos u$s 4.000 millones.

Foto portada:Jueza Loretta Preska