El Gobierno les reclama a Cristina Kirchner, a Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner y Lázaro Báez, entre otros imputados, más de 1.200 millones de dólares a modo de resarcimiento "por el daño ocasionado por los hechos de corrupción". El número es en concepto de las obras otorgadas al empresario K y que nunca concluyó. 

El pedido se hace ante el juez Julián Ercolini, quien aceptó a Vialidad Nacional como "actores civiles" en la causa por el direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral, del empresario santacruceño.

Con la causa próxima a ser elevada a juicio oral, este reclamo millonario se suma a los problemas judiciales de la ex Presidenta, sus ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal y de Báez.

Vialidad Nacional había denunciado el desvío de fondos a favor de Austral Construcciones y otras firmas del holding. Y ahora, como actores civiles, exigen el resarcimiento “por el daño causado por el accionar de los ex funcionarios y Báez desde 2005 a 2015”, adelantó a Clarín Javier Iguacel, director del organismo vial. 

En el expediente, Ercolini procesó a la ex Presidenta, a De Vido, López, Carlos Kirchner, el ex titular de Vialidad Nelson Periotti (entre otros ex funcionarios) y a Báez por asociación ilícita y defraudación al Estado.

​Según describió el fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, se instauró una "maniobra de corrupción", desde el Gobierno y organismos estatal vinculados a la obra pública, con quienes "se montó una organización criminal" para la "sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez".

Fueron 52 contratos por más de 46 mil millones de pesos. A modo de resarcimiento, las nuevas autoridades de Vialidad Nacional reclaman cerca de la mitad.

Este circuito de contrataciones “irregulares”, permitió que el patrimonio del "amigo presidencial" creciera -entre 2004 y 2015-, un 12.127%, adquiriendo bienes por 205 millones de dólares. Pero no era la instancia final: los fondos "eran destinados a enriquecer el patrimonio de los ex presidentes". Básicamente a través de alquileres de habitaciones de hoteles que no se usaban.

Del universo de contrataciones otorgadas a Báez, la actual gestión de Vialidad Nacional rescindió 24 contratos, todos ellos inconclusos “y que por años se incluyeron en el presupuesto nacional sin ningún tipo de avances y obras que no eran relevantes como la reparación de canteras, pero con costos millonarios”, remarcó Iguacel.

Al momento de exigir un resarcimiento económico, se realizó un peritaje que se incorporó a la causa del que participó un organismo técnico, especializado y una universidad. Se tuvo en cuenta el dinero volcado a favor del Grupo Austral, las obras no concluidas, los años que se presupuestaron, daños ocasionados por el retraso en las mismas, y los costos administrativos, entre otros aspectos.

En caso de una condena en la instancia de un juicio oral y público, Vialidad exige que los decomisos como otras medidas patrimoniales (pueden ser remates) que surjan del mismo, se destinen al Estado. Así, reclaman ante el juez, que Cristina Kirchner, sus ex funcionarios (varios ya con prisión preventiva) y su socio comercial (también preso), indemnicen a Vialidad por el equivalente a unos 1.230 millones de dólares. El dinero iría a una cuenta especial del organismo.

El área que depende del Ministerio de Transporte que dirige Guillermo Dietrich ya cuenta con la guarda judicial de 150 máquinas de Austral Construcciones que fueron concedidas por el juez Sebastián Casanello.

Analizando la situación y el reclamo que como actores civiles realizaron, el ministro Dietrich señaló a Clarín que en los contratos “se visualizó el sistema de corrupción instalado durante el gobierno anterior, esta situación genera un antecedente. Se hizo la denuncia el año pasado, y se aportaron las pruebas y creemos que la obra pública ya no será sinónimo de corrupción”.

La causa señala que la “apropiación de los fondos del Estado” permitió la mayor “concentración económica de obra pública vial de nuestro país en el sur”, y el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de "beneficios exclusivos y permanentes en favor de Báez en detrimento de las arcas del Estado".

Ahora, los procesados en esta investigación que tienen un embargo de 10.000 millones de pesos cada uno y la afectación de 180 propiedades, en total, para hacer frente a dicha medida, tendrían que resarcir al Estado por una suma millonaria.