En medio de los achicamientos del 20% de las estructuras políticas que ordenó el Presidente, la jefatura de Gabinete que conduce Marcos Peña tendrá bajo su órbita una nueva secretaría, la número 6. Su creación todavía no fue oficializada, pero hace más de tres meses que Fernando Sánchez, que ocupó una banca hasta el 10 de diciembre, ejerce como secretario de Fortalecimiento Institucional.

Desde su oficina en el segundo piso de la Casa Rosada, Sánchez, de larga experiencia en la Cámara Baja, será el encargado del armado de los proyectos legislativos que salen del oficialismo, una tarea que hasta ahora ocupaba Paula Bertol, flamante embajadora ante la OEA. La nueva secretaria Parlamentaria, Lucía Aboud -jefa de asesores de Peña- seguirá el ingreso formal de los proyectos en el Congreso; además de coordinar las visitas de su jefe al Parlamento.

Desde la nueva secretaría de Fortalecimiento, Peña supervisará el paquete de leyes institucionales que el Gobierno enviará al Congreso. Siete normas concentran la atención del oficialismo en 2018.

1. La reforma del Ministerio Público Fiscal. A pesar de la salida de Alejandra Gils Carbó de la Procuración, en el oficialismo no abandonan el proyecto para limitar al jefe de los fiscales y redefinir los mecanismos para su eventual remoción. Elisa Carrió, jefa política de Sánchez, se opuso al proyecto “con nombre y apellido” que el oficialismo había consensuado con parte de la oposición con el objetivo final de remover a Gils Carbó. El ministro de Justicia Germán Garavano es el otro responsable político del proyecto. Sería el único de los proyectos que se tratará en las sesiones extraordinarias de febrero.

2 . Reforma del Consejo de la Magistratura Pablo Tonelli, Garavano y ahora Sánchez empujan el proyecto oficialista para cambiar el ente encargado de enjuiciar a los jueces. Plantean ampliarlo a 16 miembros: 4 abogados con matrícula federal, 1 representante del Ejecutivo, 1 académico y seis representantes legislativos.

3 . Extinción de Dominio El proyecto que busca recuperar activos de la corrupción tuvo media sanción en Diputados, pero el Senado nunca lo ratificó. Con más número en la Cámara Alta y con diálogo con el peronismo no kirchnerista, buscarán que se convierta en ley en los próximos meses.

4. Régimen de subrogancias En noviembre fue aprobado por Diputados. Debe ser tratada en el Senado. En el Gobierno la califican como una ley vital para ayudar a llenar el vacío que dejó la declaración de la inconstitucionalidad de la corte de la normativa sancionada durante el kirchnerismo. Se establece que deben ser elegidos por sorteo.

5 . Reforma Política La Boleta Unica Electrónica (BUE) era una de las obsesiones de Mauricio Macri. Sin embargo, empujada por el ministerio del Interior, fracasó en el Senado. Ahora, impulsada por Jefatura y el flamante secretario buscará abordar primero el financiamiento, una instancia que el oficialismo preveía atender luego de sancionar la instrumentación de la BUE. La implementación de la BUE, que en Casa Rosada, continúan defendiendo a pesar de las críticas de la política y de ONG, quedó en suspenso. “La boleta única papel es muy fácil de impugnar”, argumentan cerca de Peña.

6. Defensa de Competencia. Obtuvo media sanción en Diputados y ahora debe ser tratada por el Senado. Pretende evitar la cartelización. El proyecto fue muy criticado por la Izquierda y el kirchnerismo.
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7. Nueva Ley de Etica Pública. Ya tiene nombre: Ley de Integridad. Aseguran que el Presidente la mencionará en su discurso del 1 de marzo ante la asamblea Legislativa. Los organismos de control como la SIGEN, la Oficina Anticorrupción, la Procuración y la Agencia de Acceso participan de su confección. Buscan limitar y prevenir los conflictos de interés para funcionarios y ex funcionarios

Además, con el visto bueno de esos organismos, la Sindicatura General de la Nación, a cargo de Alberto Gowland, nombrará ahora a los auditores de cada ministerio, una novedad que podría poner en aprietos a más de un ministro.

Las reuniones de seguimiento en la que aplica a los ministros el tablero de control para transparencia, ideado en conjunto con la OA.

Aunque nadie lo reconoce, su nombramiento significa un revés para un hijo descarriado de Carrió: Adrián Pérez, el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, que hasta ahora llevaba parte de esa agenda. El proyecto de ley de Lobby, que empujaba Pérez,quedó ahora más postergado.

Con algo de saña, algunos funcionarios apuestan a que el único integrante de la Coalición Cívica en la Casa Rosada se pasará más temprano que tarde al equipo de Peña. Otros sugieren, en cambio, que su nombramiento pretende evitar los cortocircuitos con Carrió, una posibilidad que Quintana saldaba con Sánchez o la jefa de la CC sin la necesidad de la nueva secretaría. En el plano de la realidad, el flamante secretario se mantuvo comunicado de manera permanente con Carrió en la tarde del 14 de diciembre, cuando Macri analizó sacar por DNU la reforma previsional y la diputada lo cruzó en Twitter.

Con informaciòn de Agencias