El presidente Mauricio Macri, firmó un megadecreto de necesidad y urgencia (DNU), con 170 medidas con el objetivo de simplificar una serie de procedimientos burocráticos para eliminar la participación del Estado. De esta forma, según el Ministerio de Producción, se reduciría un 1% del PBI en los próximos dos años, lo que implica al menos $100.000 millones.

A partir de ahora, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES (un fondo de 55.228 millones de dólares que financia y garantiza las jubilaciones actuales y futuras) se convertirá en un fideicomiso, es decir, una especie de “mesa de dinero” en sintonía con el Memorándum con Qatar, firmado por la vicepresidenta Gabriela Michetti y el CEO de Qatar Investment Authority (Qia) Sheik Abdullah bin Mohammed bin Saud Al Thani, el pasado 16 de noviembre de 2016.

El DNU afecta a nueve ministerios: Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria, Defensa y Energía, y a tres organismos descentralizados del Estado Nacional: la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), ANSES y Banco Central.

En términos de flexibilización laboral -debido a que por ahora el gobierno no puede avanzar con la Reforma Laboral, debido a que no tiene apoyo político- entre otros aspectos que se conocerán más en detalle una vez se publique este Decreto, el mismo beneficia a las patronales con la baja de las multas a los empresarios que tienen trabajadores en negro (potenciado esta modalidad que destroza los derechos de los trabajadores, puesto que el Estado ya no condenaría esta práctica anti-obrera) y les reducen penas económicas a quienes se encuentren en el VERAZ.

Los activos que el Estado posee a través de su institución Ejército Argentino (campos, inmuebles y ganado) pasarán a ser controlados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), quien podrá operar como una suerte de “inmobiliaria”. De esta manera, se deroga la ley de abastecimiento del año 1952 que promovía la producción para que el Ejército pudiera autoabastecerse en caso de conflicto bélico.

Mediante este decreto, se pone fin al Registro Industrial de la Nación, que data del año 1972, y que permite contar con una radiografía del sector industrial a fin de mejorar las políticas públicas.

En otra de las medidas profundamente neoliberal, que da por finalizado el control estatal para la producción y el desarrollo de puestos de trabajo, este megadecreto contempla la posibilidad de que se instalen nuevas automotrices y se construyan puertos privados, sin el aval de un decreto presidencial, tal como sucede hasta el momento. Esta medida no sólo puede habilitar el blanqueo de dinero sucio, sino que puede afectar de manera peligrosa las condiciones de contratación laboral en dichos emprendimientos, además de -en el caso de los puertos- dar vía libre al control privado de la navegabilidad, un factor estratégico para la defensa nacional. 

Agencias:DyN-Télam