La habilitación para poder avanzar en este financiamiento se abrió a partir del artículo 154 referido al ANSES en el último DNU generalista publicado la semana pasada por el Gobierno y que autoriza al FGS a Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del ANSES a realizar operaciones financieras como la creación de fideicomisos.

La búsqueda del oficialismo apunta a que proyectos privados vinculados con infraestructura de servicios públicos, viviendas (construcción o créditos), inversión con potencialidades de alto valor exportador y otros proyectos que debería analizar el organismo que maneja Emilio Basavilbaso puedan recibir fondos de financiamiento desde el organismo, con una tasa de interés algo más baja que el valor de mercado y con proyectos de largo plazo. En todos los casos se trataría, promete el oficialismo, de operaciones en las que la rentabilidad sea segura, que estén detrás empresas privadas de reconocida trayectoria y que se trate de proyectos que tengan que ver con el desarrollo de la economía local.

Textualmente, se autoriza "a la ANSES a constituir y/o estructurar fideicomisos, financieros o no, alquiler o prestar títulos y acciones y, en general, a realizar toda otra operación propia de los mercados financieros y bursátiles permitidas por las autoridades regulatorias (...)" con el "objetivo de esta modificación es que el FGS pueda invertir el dinero del sistema previsional con la mayor eficacia posible", y asegurando que "se cumplirá su fin social".

El principal instrumento avalado por el decreto es la creación de fideicomisos financieros, además de la posibilidad de prestar títulos públicos y otras colocaciones en poder del ANSES, para conseguir dinero para que luego se deriven en créditos a tasa más baja que la que las compañías o los proyectos podrían conseguir en el mercado, pero que garanticen la rentabilidad del FGS. 

El avance del decreto es la mayor apertura de financiamiento en pesos para el sector empresario más allá del financiero y, se espera, podría multiplicar el dinero al que podrían acceder las compañías privadas para proyectos de infraestructura. En total, y según el último informe del ANSES (correspondiente al tercer trimestre de 2017), el fondo maneja unos u$s62.906 millones, con una variación en los primeros nueve meses del año (últimos datos actualizados) del 13,9%. Fuentes oficiales hablan que para diciembre de 2017 el FGS ya manejaba más de 65.000 millones de dólares, provenientes de los aportes de los trabajadores argentinos y de la alta rentabilidad financiera que el fondo obtuvo durante el ejercicio pasado. Hasta ahora el FGS podía invertir en el mercado financiero en general, con colocaciones en títulos públicos nacionales en un 55,4%, acciones de empresas privadas en un 18,5%, proyectos productivos 8,5%, préstamos a provincias 3,9% y títulos estatales en un 3,7%. 

La posibilidad de ampliar el abanico de posibilidades de financiación del FGS habilitado por el DNU lanzado la semana pasada por el Gobierno, tendrá ahora que ser reglamentado a través de resoluciones generales de la ANSES para saber el alcance exacto de la medida. Especialmente en cuanto a los requisitos de los proyectos que podrían recibir este financiamiento, como se habilitarán los fideicomisos y la manera en que se estabilizarán los intereses de los créditos y la fórmula de pago de los mismos. Si bien los privados aplauden la medida, muchos son prudentes. Por un lado esperan a conocer la "letra chica" de la reglamentación.

Algunos estiman que la norma debería haber tenido una cláusula clave en el DNU. Es la que debería prohibir que se repita la experiencia de 2008, cuando a través de la estatización de las AFJP, el kirchnerismo tomó acciones de empresas privadas que estaban en poder de las administradoras de pensión y las incorporó al FGS. En un primer momento se prometió que estas acciones serían ofrecidas a los accionistas privados para su recompra o eventualmente, lanzadas al mercado para aumentar los ingresos de la ANSES.

Finalmente nada de esto sucedió y en los últimos años del kirchnerismo los directorios de las empresas que terminaron con acciones en poder del estado se plagaron de representantes políticos del anterior Gobierno, una experiencia que los privados no quieren volver a experimentar. Legalmente no hay garantías de que esto no suceda con la nueva norma ya que al ser un DNU una ley podría darla de baja y eventualmente repetirse la experiencia de la reestatización de las AFJP durante el kirchnerismo. La salvedad sería la creación de fideicomisos, donde el ANSES sería parte accionaria en sociedad con las compañías involucradas en el proyecto.