En línea dura, el Gobierno nacional ya recortó este mes a las diez provincias que no adhirieron aún al amplio Pacto Fiscal sellado en noviembre con Mauricio Macri las remesas en concepto del Fondo Sojero y de la compensación -contemplada en ese entendimiento- para habilitar la salida política al tenso conflicto por el Fondo del Conurbano.

Se trata de los distritos que gobiernan los peronistas Sergio Casas (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan) y Carlos Verna (La Pampa), además del socialista Miguel Lifschitz (Santa Fe), Mariano Arcioni (Chubut Somos Todos), el santiagueño Gerardo Zamora (Frente Cívico) y tres caciques de Cambiemos: el jujeño Gerardo Morales, el mendocino Alfredo Cornejo y el correntino Gustavo Valdés. Al lote se suma el sanluiseño Alberto Rodríguez Saá (Compromiso Federal), el único en no adherir al Pacto.

Ambos "correctivos" están incluidos en la letra chica del acuerdo y bloquean tanto el Fondo Federal Solidario como los recursos extra derivados de la derogación del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

En rigor, la promesa de la Casa Rosada es enviarles esos fondos retroactivamente, una vez que cumplan con la obligación de dar al Pacto una sanción legislativa. En Balcarce 50 confían en que la mayoría saldará ese paso antes de marzo.

Ese recorte tiene una lectura a futuro, respecto de la rigurosidad que aplicará Macri a la hora de exigir a los gobernadores el cumplimiento luego de cada uno de los puntos contemplados en el Consenso Fiscal.

En esa línea, mutó finalmente la idea inicial de diciembre de dar una tregua de dos meses a los mandatarios, sin tijeretazos, para posibilitar la sanción escalonada en las Legislaturas.

Desde Davos (Suiza), el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, confirmó en las últimas horas esa postura. "Seremos exhaustivos e inflexibles con el cumplimiento del acuerdo", enfatizó, con la mirada puesta en que Argentina "recupere la solvencia fiscal" y con la agenda con epicentro, entre otros ejes, en las metas de reducción del gasto de las provincias y de la merma gradual de la presión impositiva.

"Hay mecanismos muy específicos establecidos en el Pacto y en la Ley de Responsabilidad Fiscal, y quienes no cumplen no reciben su parte del Fondo Federal Solidario, que son las retenciones de la soja que se comparten con las provincias", dijo. Y aclaró que "no sólo no lo reciben, sino que se reparte entre los que sí cumplen".

También remarcó que "además están las autorizaciones para emitir deuda" y que "el Gobierno tiene $130 mil millones al año de transferencias a las provincias entre gastos corrientes y de capital que, en cierta medida, dependen del cumplimiento del pacto fiscal". "He sido claro: las provincias que no pasaron el Pacto Fiscal por sus Legislaturas no están recibiendo las transferencias del Fondo Solidario, y eso demuestra que va en serio y que se van a cumplir", advirtió.

Por de pronto, hasta el momento sólo recibieron recortes de envíos los gobernadores que no avalaron el Pacto (en parte, por cuestionamientos de la oposición). Pero pende sobre sus hombros un nuevo plazo, que augura nuevos castigos ante incumplimientos.

Cuenta regresiva

"Las provincias tienen tiempo hasta el 30 de junio para estar en regla y cumplir con el Pacto, porque hay muchas que tienen que modificar las leyes impositivas después de la sanción del Pacto", aseguraron desde despachos nacionales a Ámbito Financiero. 

Mientras tanto, el monto de estos primeros tijeretazos no fue confirmado oficialmente, aunque comenzaron a trascender algunos balances locales.

Por caso, desde Santa Fe, en el Gobierno de Lifschitz estiman que la resignación este mes rondará los $300 millones. En Chubut, en tanto, Arcioni volvió a reclamar a la oposición la adhesión. "Vamos a perder $1.400 millones al año, más la coparticipación de los fondos federales sojeros, que se coparticipan a los municipios", blandió.
Fuente:Silvina Kristal