El Gobernador defendió lo firmado con la Nación, rechazó el pedido radical de que pase por la Legislatura y dijo que la alícuota de Ingresos Brutos se debatirá cuando envíe la ley Impositiva.
 gobernador Francisco Pérez volvió a defender que la Ley de Hidrocarburos no necesita pasar por la Legislatura provincial ya que se trata de una disposición nacional.

Esto frente a las quejas que hay sobre todo en el principal partido opositor: la UCR dice que el texto que pretende remplazar a la ley 17.319 “tiene zonas grises que rozan la inconstitucionalidad”, en referencia a la autonomía que tiene la Provincia para legislar en materia impositiva. 

A su vez, Pérez confirmó ayer, durante un acto en Maipú, que saldrá “en los próximos días al mercado”  en busca de financiamiento por 1.800 millones de pesos, en concepto de deuda autorizada en el Presupuesto de este año y remanentes que quedan de las pautas salariales de 2011 y 2013.

Por otro lado, el Gobernador dijo que aún no están los tiempos para pensar en los remplazantes del fiscal destituido Joaquín de Rosas y el juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Carlos Böhm.

En cuanto al debate instalado en la Legislatura, Los Andes, en su edición de ayer, dio cuenta que la modificación a la Ley de Hidrocarburos impone, según lo acordado con la Nación, una alícuota máxima de Ingresos Brutos del 3%. La disposición supone un límite a los gravámenes que pueden establecer las provincias y municipios en un futuro.

Este punto es el que retoman desde la oposición para manifestar el descontento que hay en torno al proyecto y desde allí se amplían hacia otros ítems del texto.

En este sentido, el partido radical tomó postura en el tema y objetó la extensión de las prórrogas en las áreas concesionadas, las cuales se pueden extender, según calculan, “hasta 2072”. 

Estos puntos, sumados al rol que tendrá ahora la empresa provincial Emesa con la eliminación del acarreo (podrá participar en las acciones en la proporción que haga inversiones) levantaron los ánimos políticos en la oposición, en donde se quedaron con el amague de que la discusión pase por el recinto local (Pérez en un primer momento habló de la necesidad de una ratificación legislativa).

“La parte impositiva se va a conocer cuando enviemos el proyecto de ley Impositiva y la de Avalúo, como todos los años”, contestó ayer el Gobernador a los señalamientos por el tope de Ingresos Brutos.

“La ley nacional dice que habrá un acuerdo en materia impositiva con todas las provincias”, dijo despegando el contenido que fija gravámenes de la ley nacional, situación prohibida por Constitución. La aclaración es en referencia al acuerdo que firmaron las provincias petroleras con la finalidad de homogeneizar las reglas de juego en materia de impuestos para “la atracción de capitales”.

En los pasos que siguen para el proyecto de hidrocarburos consensuado entre las provincias petroleras con la Nación, queda el debate en el Senado de la Nación.

Se espera que el martes que viene asistan los principales funcionarios nacionales a la comisión, la cual se extenderá al miércoles con la visita de los gobernadores de las provincias petroleras (Pérez no dijo nada aún sobre su asistencia) y el jueves finalizará con la presencia de los referentes que los mismos legisladores nacionales consideren invitar.

De allí, recién la primera semana de octubre se estaría tratando el proyecto en el Senado y, de tener el visto bueno, pasaría a Diputados.

En este sentido, el FPV junto a sus aliados partidarios alcanza tranquilamente la simple mayoría en ambas cámaras, ventaja que se traduce en que el proyecto no tendrá mayores dificultades para convertirse en ley.

Malestar
El martes, el ministro de Energía Marcos Zandomeni, y el presidente de Emesa, Alejandro Neme, asistieron a la Legislatura a pedido de los legisladores opositores.

El encuentro no conformó al radicalismo y ayer las declaraciones de Pérez reafirmando que la eventual ley no será ratificada localmente, colmaron los ánimos radicales.

“Se trata de un atajo para no pasar por la Legislatura. Lo que venimos discutiendo es que el anexo es un pacto fiscal entre comillas para lograr una homologación, pero esto no se traduce ni siquiera en que vengan las inversiones”, señaló la diputada Pamela Verasay (UCR).

En este sentido, la senadora nacional Laura Montero coincidió en que los esfuerzos para unificar las reglas impositivas entre las provincias no alcanzan ya que “las inversiones no se van a desarrollar en un contexto macroeconómico que tiene una inflación que dispara los costos y con cepos cambiarios”. Con esta idea, la legisladora comparó el escenario actual al de Vale.

En busca de financiamiento

El Gobernador volvió a decir ayer que saldrá en busca de financiamiento. “Tenemos $ 1.800 millones que se dividen en tres: $ 800 millones están autorizados de antemano para obras de Aysam (2011), $ 800 millones de endeudamiento habilitados por el Presupuesto de este año y $ 200 millones para el Plan Poda y para capitalizar el Fondo para la Transformación y el Crecimiento (2013)”, detalló Pérez.

Según explicó, la idea es salir con el total o una parte lo antes posible al mercado, “porque a fin de año van a salir todas las provincias que toman créditos, por lo que va a haber más competencia y menor liquidez”. 

Los $ 800 millones que se buscarán para Aysam corresponden al remanente de una autorización de deuda que se logró en el Presupuesto de 2011  por un total de 160 millones de dólares.

“El dinero autorizado no puede ir destinado a generar subsidios, no tiene que ver con la faz operativa de la empresa. En la deuda se prevé la construcción y ampliación de plantas, ampliación de cañerías en lugares donde está faltando dimensión y, esencialmente, para las cloacas. Hay que reconstruir muchas cañerías que están colapsadas”, explicó Guillermo Amstutz, titular de Aysam.

RECLAMO RADICAL

Desde el radicalismo volvieron a criticar el acuerdo por la ley de hidrocarburos y le pidieron al gobernador que defienda los intereses de Mendoza.

“La propuesta de ley de hidrocarburos que acordó el gobernador con el Poder Ejecutivo Nacional genera actos de disposición y entrega de recursos de las provincias a la Nación en violación a lo establecido en el artículo 99° inciso 4 de la Constitución de Mendoza”, señala el comunicado radical, que asegura que “este gobierno lejos está de brindar a las empresas la seguridad jurídica y la estabilidad económica que reclaman para invertir”.

“En la mentirosa “década ganada” la producción de petróleo pasó de 43.122.908 m3 en 2003 a 32.455.013 m3 en 2013, lo que significa una pérdida del 33% en todo el país. Más específicamente en Mendoza la ahora estatal YPF disminuyó en el período 2007-2013 un 27% su producción y la variación en lo que va del año 2014 representa una caída del 6%”, explica el comunicado.

El comunicado firmado por las autoridades y algunos de los principales dirigentes de la UCR señala que “este acuerdo realizado en forma secreta es una nueva pérdida de federalismo, pues la Nación por medio de una ley otorga prórrogas sobre los contrato de concesión existentes de exploración y explotación hidrocarburífera. Ahora las concesiones podrían llegar a un plazo de 45 a 55 años dependiendo del área, llegando inclusive hasta el año 2070, comprometiendo mediante decisiones a oscuras el futuro de varias generaciones de mendocinos”.

Para el radicalismo, el acuerdo también “castiga a las empresas estatales de energía como EMESA prohibiéndoles la posibilidad de participar por medio del sistema de acarreo en las inversiones, pero se lo posibilita a las empresas privadas generando un negocio “inmobiliario” importante para capitales especuladores que no aportan inversiones”.

“Reclamamos al Gobernador, al representante por Mendoza en el directorio de YPF y en especial a los legisladores nacionales del Frente para la Victoria que se expresen en defensa de los intereses de la provincia y de los mendocinos. No se puede apoyar una propuesta que no soluciona el verdadero problema de la falta de inversión producto del desmanejo de la situación macroeconómica, que viola la autonomía de las provincias sobre sus recursos naturales y en materia impositiva, y que sigue recostando sobre sus cuentas públicas el costo de las malas decisiones de política económica nacional”, cierra el comunicado.