La estrategia del Gobierno que busca recortar el gasto público mediante la reducción de personal vinculado a la política llegó a una modalidad de contratación criticada por especialistas, pero muy utilizada por los gobiernos. Se trata de la triangulación de empleados a través de universidades nacionales, que trabajan para el Estado en una situación precaria.

La Justicia cree además que ese mecanismo sirvió también para que el Ministerio de Planificación, a cargo hasta 2015 de Julio De Vido, desviara fondos a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para aplicarlos al desarrollo de la mina carbonífera Río Turbio.

Esta modalidad tiene la ventaja de que hace mucho más difícil el control del gasto. Y el ex hombre fuerte del kirchnerismo la utilizó con varias universidades del conurbano, entre otras cosas para producir contenido audiovisual, una tarea sin relación con las funciones de su cartera.

Si bien De Vido hizo conocida la contratación de empleados temporarios a través de universidades, es una práctica que llevaron a cabo varios ministerios, tanto del gobierno anterior como de Cambiemos, porque permite esquivar la ley marco de contratación para la administración pública.

Un funcionario que trabaja en la Casa Rosada admitió que el Estado no tiene previsto un mecanismo de contratación adecuado para empleos de carácter temporal, por lo que está tentado de acudir a las universidades con ese fin.

Esa situación se desmantelará progresivamente en los próximos meses, en el marco del plan de recorte de gastos y empleados que lanzó el presidente Mauricio Macri la semana pasada, explicaron fuentes cercanas a la Jefatura de Gabinete y a dos ministerios.

El Gobierno reconoce que se trata de una modalidad cuestionable, algo que esgrimen los especialistas en temas laborales. A eso se suman el uso que hizo de las casas de estudio el kirchnerismo y el hecho de que la triangulación implica el pago de una comisión del Estado a las universidades superior al 10%.

El Ministerio de Hacienda, a cargo de Nicolás Dujovne, es uno de los que ya pusieron en marcha el plan, confirmaron fuentes al tanto de la decisión. Al menos hasta el año pasado, trabajaban para este ministerio un grupo de personas contratadas a través de la Universidad de San Martín a las que se les debían pagar $ 8 millones para asistir en proyectos con la finalidad de "lograr la eficiencia y la eficacia del gasto público".

Esa casa de estudios saltó a la fama porque fue la elegida por De Vido para destinar fondos millonarios a la realización de producciones audiovisuales como la telenovelaMamá corazón, de Andrea Del Boca, que nunca se emitió.

Con la misma universidad, Hacienda cerró el año pasado un contrato de $ 4,8 millones para dotar a la ex Secretaría de Finanzas, convertida en ministerio, de gente capaz de "promover la elaboración de propuestas que coordinen las normas que involucran a los distintos servicios financieros, acordes con la realidad del mercado y las tendencias internacionales", así como "entender en la ejecución de las políticas y medidas relativas a los aspectos crediticios de la política financiera y el endeudamiento interno y externo" del país.

Uno de los que inauguraron los recortes es el ministro de Energía, Juan José Aranguren, que a fines del año pasado rescindió 140 contratos de asistencia técnica que tenía con la Universidad de La Matanza. Los empleados, heredados de la época de De Vido, debían tomar reclamos por cortes de luz, algo que, según la interpretación de la gestión actual, tiene que estar a cargo de las empresas y del ente regulador de la electricidad (ENRE), que es precisamente el que controla a las empresas.

Aranguren mandó a hacer estudios métricos de la actividad del call center. En 2016, por ejemplo, los 202 empleados que allí se desempeñaban tomaron un promedio de siete llamadas diarias de tres minutos de duración. Si bien ese número ya era exiguo, bajó más al año siguiente: cinco llamadas por día por persona, de solo dos minutos. El ministerio sostiene que se les encontró una nueva posición en el sector público y en el privado a unas 80 personas.

La red de relaciones entre el Estado y las universidades será un entramado difícil de desarmar. Hasta fines del año pasado, según cálculos de la nacion sobre la base de documentos oficiales, los ministros de Macri habían cerrado acuerdos por más de $200 millones.

En los primeros meses de 2016, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, dio de baja 5000 contratos de asistencia técnica porque había encontrado irregularidades. Pese a eso, según estimaciones oficiales, hay unos 9000 trabajadores que continúan trabajando bajo esa modalidad.

El Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, firmó uno de los mayores contratos con una casa de altos estudios. Se comprometió a pagarle $48,12 millones a la Universidad de La Matanza para la contratación de hasta 470 asistentes técnicos para el área metropolitana de Buenos Aires y 30 referentes regionales para las provincias.

El personal debe tener formación en ciencias sociales, educación o salud pública y su trabajo es relevar la situación de al menos 35.000 titulares del Programa de Ingreso Social con Trabajo. La misma cartera puso en marcha convenios con la Universidad de San Martín. Sin embargo, Desarrollo Social también había puesto en marcha planes para limitar esa clase de convenios.

Este año se cerraron dos convenios con universidades. Es un número que muestra la nueva tendencia, dado que el año pasado se habían concretado casi 60.