Luego del desgaste de la reforma previsional, que dañó la imagen de Mauricio Macri, la Casa Rosada se enfocó en ajustar una de las variables -si se quiere accesorias- de aquel proyecto:los fondos para compensar a las cajas jubilatorias provinciales.

Trece provincias tienen cajas propias y, por ley, deben recibir compensaciones de la Nación por no haber transferido sus sistemas. Entre ellas aparecen Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que no fueron absorbidas por ANSeS.

Los aportes y recursos para cubrir los déficit previsionales de esas cajas ha sido motivo de tironeo entre los gobernadores y Nación. El PJ, por caso, logró que se establezca por ley que deben girarse fondos para cubrir los rojos.

Pero hubo idas y vueltas sobre cuánto debe recibir cada distrito. Se fijó, como regla general, que ANSeS asistirá a la provincia con fondos como si los jubilados de esa caja fuesen jubilados nacionales. Si cada distrito quiere pagar más, se hace cargo de esa parte.

En 2017 se visibilizó un conflicto sobre ese esquema: según ANSeS, las provincias no daban la información necesaria para establecer cuánto del gasto previsional de cada distrito le correspondía cubrir a la Nación.

Ayer, durante una reunión en Casa Rosada, el Gobierno emitió una especie de ultimátum: anticipó que a las provincias que para el 30 de junio no hayan aportado los datos necesarios para hacer el cálculo de costos, dejarán de enviarles los anticipos de compensación previsional.

Estuvieron Alejandro Caldareli y Paulino Caballero, del Ministerio de Interior; Rodrigo Pena, de Hacienda; y Federico Baum, número dos de ANSeS. Hubo, además, representantes de las 13 provincias con cajas propias.

El límite de plazo impacta, sobre todo, a cuatro provincias que según AFIP no enviaron la información requerida. Eso alcanza a Buenos Aires, oficialista; y Tierra del Fuego, Santa Cruz y Misiones, opositoras. Los delegados provinciales hicieron sus descargos: se habló de la carga de los datos y demás.

Vendrán reuniones bilaterales para completar ese trámite y resolver un tema pendiente: salvo Córdoba, que firmó un acuerdo en enero por el cual ANSeS le cubrió 5.092 millones de pesos, ninguna de las otras 12 provincias terminó de cerrar la cuenta.

De hecho, en anticipos se destinaron en 2017 10 mil millones de pesos cuando lo presupuestado para todo el año fue 14.500 millones. El resto no se giró, dicen en Gobierno, porque no hubo información disponible para estimar el déficit de cada caja.

​"Estamos a ciegas: no sabemos cuál es la situación de cada sistema previsional y en esas condiciones no se puede seguir asistiendo", dicen en Gobierno.

La reunión fue operativa, para ajustar esos ítem y el decreto que flexibiliza las "penalidades" para las provincias que no armonicen sus sistemas previsionales con ANSeS antes de 2021.

La cuestión de la armonización volvió a aparecer en escena cuando en diciembre circuló un borrador, atribuido al ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, para impulsar una reforma del Instituto de Previsión Social (IPS). Esa idea quedó, por ahora, fuera de la agenda de María Eugenia Vidal.