La líder de la Tupac Amaru en Mendoza, Nélida Rojas, y otras 42 personas, incluyendo buena parte de su familia, volverán a ser imputados por estafa, extorsión y coacción. Así será, luego de 180 denuncias que recibió la fiscal Gabriela Chaves, quien entiende en este resonante caso desde 2015.

Con este número de acusaciones, se podría superar el centenar de causas, las que se suman a las 25 existentes desde hace más de un año y que implicaron la detención, durante cinco meses, de Rojas, su pareja Ramón Martínez, dos de sus hijas y su nuera, entre otros.

Aunque a diferencia de aquellas detenciones -que terminaron luego con un duro fallo contra Chaves de la 8va Cámara del Crimen-, las nuevas causas (al menos por el momento) no implican la detención de ningún imputado.

Según lo que pudo averiguar Los Andes, el equipo de Chaves indagó, desde octubre hasta ahora, esas 180 acusaciones. “En la mayoría de los casos se repiten modalidades delictivas”, indicó una fuente.

Una de esas modalidades es la estafa. “La gente pagaba una cuota creyendo que lo hacía por una casa que le entregaría la Tupac, pero no era así porque quien debía entregar era el IPV”, se dijo.

Otro delito es la coacción, porque si bien cada integrante de la organización era considerado “voluntario”, existía un control y la obligación de cumplir con diversas tareas, no sólo de trabajar en las propias casas, sino también de “ser serenos, ir a votar (a los líderes kirchneristas), asistir a las marchas, participar en cortes de ruta”, entre otras.

Finalmente se contempla la extorsión, porque las mismas exigencias “implicaban la entrega de dinero o mercadería, pero siempre con intimidación”, dijo una de las fuentes. “Si no cumplían se quedaban sin la casa”, añadió.

Segundo round

Estos nuevos procesamientos reflejan la continuidad de las investigaciones del equipo de Chaves, luego del revés sufrido en setiembre de 2017, cuando la Cámara no sólo devolvió la libertad a Rojas y compañía, sino que cuestionó duro el accionar de la fiscal.

En esa oportunidad el tribunal, integrado por Luis Correa Llano, Alejandro Miguel y Ramiro Salinas, amonestó a Chaves por su investigación. Y si bien Rojas y su familia no fueron sobreseídos, como pedía el defensor Alfredo Guevara, sí les concedió la libertad y rechazó la principal imputación que Chaves había hecho: la de la conformación de una asociación ilícita.

Fue en esa figura en la que la fiscal llegó a imputar a 43 personas  -todas reaparecen en estas nuevas causas-, entre las que estaban Rojas, casi toda su familia y varios delegados de la Tupac.

Pero para los camaristas, Chaves estuvo errada. “No se requiere de conocimientos jurídicos, sólo de sentido común para advertir que no hay pruebas para sostener la existencia de una asociación con un plan para cometer delitos en forma indeterminada”, dijeron los jueces, resaltando que “nadie entró engañado” a la Tupac.

De todos modos, con estas nuevas imputaciones la fiscal suma causas que podrían servir para mostrar la recurrencia de delitos de la organización liderada por Rojas.

En su equipo se esperanzan en que le sirva para, en el futuro, volver sobre la figura de la asociación ilícita (cabe recordar que Chaves presentó un recurso de Casación a la Suprema Corte por este fallo de la Cámara, aún sin resolverse).

Por el momento, la fiscal se concentra en las nuevas causas. Ayer se notificó a ocho personas -incluida Rojas- de las imputaciones. Se espera que la sucesión de acusaciones siga varias semanas.

En tanto, desde la defensa, Guevara renovó sus ataques a Chaves. “Es impresentable que lleguen estas nuevas imputaciones”, dijo el letrado.“Esto es pura persecución, puro perjuicio”, añadió, al tiempo que recordó el fallo de la Cámara, que tomó como un triunfo propio.

Un caso  marcado por ideologías encontradas

La ideología kirchnerista de la Tupac Amaru liderada por Rojas (varias veces llamada la Milagro Sala mendocina) cruzó todo el proceso de acusación, detención y liberación de los imputados.

De hecho, el defensor Guevara nunca dejó de asegurar que todo el proceso implicó un caso de “persecución política” de parte del oficialismo de Cambiemos.

Incluso el fallo de la 8va Cámara del Crimen estuvo teñido de encontronazos ideológicos. Se recuerda que cuando los jueces emitieron su fallo, el propio gobernador Alfredo Cornejo despotricó contra los sectores judiciales “garantistas”.

Hasta ligó a los camaristas a la agrupación filo kirchnerista Justicia Legítima, que ciertamente tiene representantes en los estrados mendocinos, aunque esos nombres no se cuentan con pertenencia directa.

En el ámbito de la Fiscalía que investiga estas causas no son pocos los que piensan que el hecho de que Rojas y el resto hayan recuperado la libertad luego de ese fallo, haya sido precisamente fruto de la “grieta judicial”.

Sin embargo, no falta el que dice que más allá de las ideologías, “ésta es una causa justa, donde hay derechos vulnerados y una gran cantidad de víctimas”.