La puja que libra el gobierno con Hugo Moyano termina realineando al gabinete. El eslabón más frágil, el ministro Jorge Triaca, se afirma en el puesto en el cual tambaleaba, en la medida en que se desinfla el ánimo de protesta del jefe de los camioneros y se produce un efecto “Puerta 12” entre los gremios, para bajarse de la marcha de la bronca del próximo 21 de febrero.

Triaca celebró el viernes ante Mauricio Macri el efecto que el endurecimiento de Moyano produjo en otros caciques que no ven ningún negocio en sumarse a una algarada que huele más a defensa personal que a reivindicación. Más aún, cuando al ponerse en esa vereda de enfrente junto a piqueteros y otros protestones de la izquierda, se les arruina la relación con un gobierno en el que tienen a un ministro de la familia.

Con la mayoría de ellos mantuvo Triaca negociaciones discretas a lo largo de la semana anterior. El viernes tuvo reunión de coordinación de gabinete con Macri, a quien halagó por el cumpleaños con un modesto libro sobre Tandil, ciudad natal del Presidente. Allí describió el panorama de Moyano desangrado y sin el apoyo de los jefes gremiales a los que no ayudó cuando tenía la suma del poder, con el primer gobierno kirchnerista. A muchos de ellos, además, les había bolsiqueado afiliados, una afrenta mayor para esas organizaciones.

El Gobierno adelanta cuánta inflación espera

En esa reunión, previa a la semana chica de Carnaval que termina con el encierro de los ministros en Chapadmalal (jueves y viernes), Triaca describió la pieza de artillería con la que sienta a las grandes organizaciones (comercio, construcciones, rurales, industriales representados por la UOM, transportes, etc.): firmar una paritaria por el 15% sin gatillo, pero con revisión a los 9 meses de la firma, según el índice de inflación oficial.

¿Por qué 9 meses? Porque si la inflación mensual sigue al ritmo de 1,5/2% mensual, a los 9 meses puede estar en el 15 o algo así. Tras ese plazo, puede haber 1) nada, si no suma más del 15%; 2) un bono, 3), un aumento porcentual. O una combinación de estos productos. Como se trata de promesas, el alma gira con libertad y todos firman. Hasta bautizaron el programa con un nombre: cláusula “embarazo” - gran hallazgo de humor oficial.

Con este plan el gobierno avanza en la pelea más rentable, que es enfrentar al más feo (Moyano), y esperar a que vengan los demás, que se recuperan de a poco del horror que les produjo hace dos semanas la noticia de una eventual renuncia de Triaca.

Este ministro se acreditó en la reunión de coordinación otro tanto: en el borrador del decreto-ómnibus - el segundo en un mes - con los recortes y designaciones del nuevo gabinete, la cartera de Trabajo lleva el récord de reducción de cargos: el 34%. Un detalle, los ministerios que hubo que castigar más con recortes fueron Hacienda y Producción.

Decreto de ajuste del Gabinete después de Chapadmalal

Macri va a firmar el decreto esta semana, con el práctico lápiz electrónico, pero se conocerá después de la cumbre de Chapadmalal. Quizás en el Boletín Oficial del lunes próximo. ¿Para qué verles las caras a las víctimas de este ajustazo, en el cual algunos debieron resignar hasta cargos que tenían sus familiares?

El encuentro de jueves y viernes será – según el ánimo de las festividades de la hora - un reparto de disfraces para lo que queda del año.

Están invitados todos los ministros y secretarios presidenciales y los jefes de los interbloques, es decir que irán Luis Naidenoff y Mario Negri, por las dos cámaras, y no los caciques de las bancadas de cada partido.

Al no estar invitada Elisa Carrió, queda asegurada cierta paz. Pero reclama cuentas, por la decisión del gobierno de retirar acusaciones a dos fiscales, en el juicio por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA. Ella no dirá nada por ahora en público, salvo lo que expresó por las redes sobre la salida de una abogada que había sumado ella al expediente, por pedido de Germán Garavano. Recién aparecerá el 1° de marzo, cuando Macri lea el discurso de apertura legislativa. Pero ya circula entre las autoridades de la UCR un virulento informe del titular de la Unidad Fiscal AMIA, el ex senador Mario Cimadevilla. Acusa a Germán Garavano de tomar la decisión de desprocesar a los dos fiscales, que contradice a la de otro ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, que fue de la Alianza y que ahora forma parte del gobierno.

El documento no da explicaciones del cambio de actitud ante los fiscales, pero Carrió le ha dicho a su gente que es por amiguismo corporativo. La decisión la atribuye el gobierno a que acusar a los fiscales sería una connivencia con posiciones del kirchnerismo, porque los dos sostuvieron siempre la existencia de una pista iraní, que el gobierno de Cristina de Kirchner abandonó cuando intentó acordar con Irán. Los radicales se preguntan si esto de la pista iraní tiene que ver con las acusaciones, que son por peculado y otros presuntos delitos.

El Gobierno hereda la pelea Menem-Duhalde

Este tema del encubrimiento AMIA, que era un baldón para el peronismo, termina siendo un entuerto interno de Cambiemos. Pocos recuerdan el marco político de ese juicio, que examina decisiones del gobierno de Carlos Menem para incriminar presuntamente en el atentado, a policías del gobierno de Eduardo Duhalde. Pasan los años, nadie esclarece el crimen, se enredan las posiciones políticas sobre quien encubrió a quién, pero si se les pregunta hoy a los protagonistas de esta puja interna del gobierno, nadie se acuerda de aquella pelea de los años '90 entre dos dirigentes del peronismo que ya están jubilados y que tampoco tienen herederos en el peronismo supérstite. Los dos radicales que van a Chapadmalal, como autoridades del partido, tienen el informe completo de Cimadevilla y alguna cuenta pedirán, pese a que hoy quien protagoniza la tensión es Carrió, que no pertenece al partido. Se cuidan los radicales de no quedar enredados en el tejido de las relaciones particulares de Carrió con Olivos. Pero este tema de la AMIA los divide, y los debilita en el forcejeo de posiciones que tienen con el Pro dentro de Cambiemos.

Son señales mudas importantes en un año de decisión de candidaturas. Por ejemplo, alimenta la trama cordobesa que el miércoles Macri lo subiera a Negri al avión de regreso de Córdoba a Buenos Aires, privilegio que sólo tuvo un pequeño grupo de funcionarios. El diputado había acompañado toda su gira cordobesa, incluso había cumplido años el martes.

Misión eléctrica ante Schiavoni, presidente del PRO

Entre las materias a examen en la interna de Cambiemos, espera aún el capítulo de las relaciones con los radicales, que quedaron divididos a fin de año en dos cuerpos de ejército. Uno, el Comité Nacional, en manos de Alfredo Cornejo, que responde al ala de los gobernadores e intendentes que tienen una relación particular con el poder Ejecutivo, porque tienen que administrar bajo el dictamen de que los reyes magos son los padres.

El otro, es el de los jefes legislativos, que tiene lógica propia y pelean en la última trinchera de poder, en fricción con la oposición peronista que tiene más número que ellos en las dos cámaras. Hoy la prueba de tornasol es el entuerto por la privatización de las acciones de Transener. Las quiere vender el Ejecutivo, porque dice que es buen negocio hacerlo, y los radicales se oponen porque dicen que es un activo estratégico. En el medio ha quedado Cornejo, quien está ante la disyuntiva de ponerse fuerte frente al gobierno, como ya lo hizo en una carta que el ministro Juan José Aranguren poco menos que tiró a la papelera de reciclaje. Horas más tarde, Macri lo visitó en Mendoza y le aprobó una obra que los mendocinos esperaban desde hace décadas. Esto es ser gobernado, para lo bueno y para lo malo. Los radicales se preguntan si Cornejo va a alzar la voz y marcará la cancha en las relaciones con los socios de Cambiemos, en un año como es éste, decisivo para la construcción de las candidaturas para 2019. Si cede, entienden otros, será una muestra de debilidad. Para no confrontar ahora con Macri, han elegido un camino indirecto: promover una reunión de Cornejo con Humberto Schiavoni, que es el presidente del Pro, y discutir allí las oposiciones. Schiavoni, que es senador, viene de ser director ejecutivo de Yacyretá y conoce de energía como cualquier mendocino, que, si de algo saben, es de vinos y de energía.

Macri lanzará también el debate sobre la reforma penal

En todo lo que hace, Garavano tiene el respaldo de Macri, a quien no le conviene un ruido en la corporación judicial, como puede ser que dos ex fiscales terminen condenados por encubrir AMIA. Como el escrito ya se presentó, quedan fuera del proceso, a menos que las otras partes de la querella contraataquen. En este punto es importante la actitud que tomen las entidades comunitarias, DAIA y AMIA. De eso van a traer una respuesta los viajeros a Israel que participan en estas horas del programa del American Jewish Committee. Figuran entre ellos los principales operadores institucionales del oficialismo y la oposición. Son el auditor radical Jesús Rodríguez y los peronistas Rodolfo Urtubey, Omar Perotti y Marco Lavagna. Todos roncan fuerte en sus partidos y seguramente habrán escuchado de su anfitrión en el viaje, el titular de la AMIA, Agustín Zbar, que apoya el pedido en favor de José Barbaccia y Eamón Mullen. La agenda de justicia la cuida celosamente el gobierno, porque confía en que el debate sobre doctrina será uno de los ejes de la campaña electoral. Con los ex funcionarios del anterior gobierno procesados y algunos detenidos, el debate sobre la rigidez de la justicia le servirá al oficialismo para hacer músculo ante el peronismo "garantista", que está más del lado de Cristina que de Pichetto.

Macri usará en el discurso del 1° de marzo dos temas que le ha pedido a Garavano:

1) el nuevo código penal;

2) la aplicación del nuevo código procesal penal, que arranca en la provincia de los Urtubey y sigue por la Patagonia.

El nuevo código es fruto de una comisión que ha redactado un texto distinto al que produjo la comisión multipartidaria que presidió Raúl Zaffaroni. Será para una nueva pelea interna, porque en aquella comisión, el más garantista era Ricardo Gil Lavedra, hombre de este gobierno, y el nuevo texto es más chocobar que el otro.

Massa resiste, casi solo, el torbellino unificador

​Alberto Fernández se sumó a las crónicas de la semana como agente del emprendimiento de reunificación del peronismo. Lo anima el lema de "todos hablan con todos”, que compromete hoy a cristinistas y a massistas disidentes como Felipe Solá, que fue a una reunión convocada por los peronistas de la Capital, en el gremio de los Santa María, después de discutir con Sergio Massa.

Solá cree que el enemigo es Macri, no Cristina. Massa responde que, si se acercan a los cristinistas, se les va Margarita Stolbizer, que les ha extendido un muy oportuno fuero de protección contra las acusaciones de corrupción. La cercanía de la ex diputada aventó todos los reproches que se le podían dirigir a Massa, y eso es un activo importante hacia el futuro.

En esto el Frente Renovador hace agua, como el moyanismo, y quedan aislados Massa y Graciela Camaño, que se resisten a la capitulación final ante el cristinismo. No creen en el argumento de Solá de que lo importante ahora es derrotarlo a Macri "y después vemos", aunque admite la paradoja eléata (por imposible) de que con Cristina no se llega, pero sin Cristina tampoco. Es el drama del peronismo, esa "identidad en tránsito", como la definió alguna vez Chacho Álvarez.

Cristina y Alberto, la leyenda continúa

Alberto admitió que charló a solas con Cristina de Kirchner después de muchos años en diciembre pasado. Pero lo que no se sabía - y se cuenta acá - es que después de esa fecha estuvo varias veces.

La ex presidente le pidió un parecer sobre las causas judiciales, y al ex jefe de gabinete le interesaba consultarla para un libro que espera lanzar a mediados de año - tiene dos ofertas editoriales - con el título de "Justicia a la justicia". Es un volumen colectivo que coordina él y en el que participan otros abogados, en donde analiza el rol que tiene en la política la aplicación de algunas figuras delictivas que se han puesto de moda en los dos últimos años, como la asociación ilícita o la prisión preventiva.

El criterio de Fernández es que esas carátulas, que estaban ya en los códigos, han adquirido una funcionalidad política. Cristina ha denunciado persecuciones judiciales promovidas por el gobierno.

Cuando explica su perspectiva intenta despojar al análisis de contenido político y analizarlo como una reacción de la justicia a los tiempos políticos. Por eso elude la idea de la "Lawfare", esa forma de hacer la guerra en los tribunales, que Cristina y, entre otros, Dilma han denunciado como una campaña de la CIA para destruir a sus adversarios en todo el mundo. Sería conveniente, antes que nada, avisarle a CIA, para que se entere.
Fuente:Ignacio Zuleta