Impulsada por el país y presentada por el canciller Héctor Timerman, la resolución fue respaldada hoy en Ginebra por 33 votos a favor, 5 en contra y 9 abstenciones; este apoyo se suma al conseguido por el Gobierno a principios de mes, donde se aprobó la creación de un marco legal para las reestructuraciones de deuda.

"Los fondos buitres no van a a parar hasta que nosotros les pongamos un freno", dijo el canciller argentino, Héctor Timerman, al defender la resolución, que fue adoptada por 33 votos a favor, cinco en contra (incluyendo el voto de los Estados Unidos) y nueve abstenciones.

La resolución, que se votó hoy en el Consejo de Derechos Humanos, lleva por título "Consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales. Las actividades de los fondos buitres", y busca "condenar el accionar de los fondos buitres y la especulación financiera".

Este apoyo se suma al que consiguió el Gobierno en la Asamblea General de la ONU, el 9 de septiembre pasado, en el que se aprobó la creación de un "marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana".

EL PEDIDO DE CRISTINA A BAN KI-MOON

La presidenta Cristina Kirchner se reunió el lunes por la tarde durante media hora con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Durante la entrevista, la jefa de Estado le pidió su apoyo en la pelea con los fondos buitre.

Según señalaron desde la oficina de Ban en un comunicado, la mandataria y el secretario general de la ONU "discutieron sobre la deuda argentina y las implicaciones del caso en los esfuerzos de reestructuración de deuda". Además, el comunicado enfatizó: "Esta es una cuestión importante para que los Estados miembros discutan más".

El encuentro se llevó a cabo luego que la Asamblea General de la ONU adoptara el 9 de septiembre una resolución impulsada por la Argentina y el G77 y China para redactar un marco legal que regule las reestructuraciones de deuda soberana, en medio de la batalla entre Buenos Aires y fondos especulativos..