En tiempos en que había una sola CGT, la AFIP sacó una resolución que fue impugnada ante la Justicia por algunos gremios: establecía que a partir de ahí el organismo cobraría directamente a las empresas sus deudas por cargas sociales y que después la AFIP le transferiría su parte a las obras sociales, cuando siempre había sido exactamente al revés. Ahora, esa pelea por fondos millonarios acaba de llegar a la Corte Suprema de Justicia y tiene una curiosidad: entre los sindicatos que cuestionan en la Justicia la resolución hay gremios de la CGT oficialista y de la opositora. Más allá de las circunstancias políticas, en lo estratégico siempre hay unidad entre los gremios.

“Si la resolución queda firme, la AFIP va a empezar a girar a las obras sociales los fondos cuándo quiera y de la forma que quieran. Además de sacarnos una tajada más, van a usar esta vía para tratar de disciplinar a los gremios”, dijo anoche a Clarín Jorge Sola, secretario gremial de la Federación de Trabajadores del Seguro y miembro de la conducción de la CGT de Hugo Moyano.

El miércoles, en la reunión del Consejo Directivo de la central sindical que conduce el camionero, Sola informó que el expediente judicial acaba de llegar a la Corte Suprema de Justicia.

En primera y en segunda instancia la Justicia le dio la razón a una veintena de gremios y declaró inconstitucional la disposición de la AFIP. “En ambas instancias los jueces entendieron que la resolución va en contra de las facultades de las obras sociales de administrar sus recursos y cobrar sus deudas”, recordó Juan Manuel Martínez Chas, abogado de la CGT anti K.

La central sindical que conduce el camionero resolvió que ahora va a intervenir como institución en la disputa judicial. Se presentará comoamicus curiae (amigo del tribunal) para fijar su posición en la Corte Suprema.

Se desconoce cuánto se recauda por esta vía anualmente, pero se estima que serían varias decenas de millones de pesos. “En el Gobierno olieron que ahí había mucha plata”, interpretó un moyanista.

Históricamente, las obras sociales estuvieron facultadas para inspeccionar los libros contables de las empresas relacionados con los aportes y contribuciones para detectar irregularidades. En caso de haberlas, la obra social acordaba una forma de pago con la firma.

El 10% de esos fondos que recibía después eran transferidos por la obra social a la AFIP.

La disposición del organismo invirtió las cosas: l a AFIP cobraría a partir de ahí la deuda y después de quedarse con su parte, le giraría el resto a la obra social.

Aunque está vigente, en los hechos la AFIP tiene suspendida la aplicación de su resolución hasta que la Justicia determine si es, o no, constitucional, dijeron las fuentes consultadas.

Las obras sociales que impugnaron la resolución ante la Justicia fueron inicialmente 72. Por una cuestión de estrategia judicial, presentaron sus recursos de amparo divididas en cuatro grupos distintos. Las demandas de dos de esos grupos no prosperaron.

El tercer grupo -está formado por las obras sociales del Seguro, Cerveceros, Panaderos y Espectáculos Públicos, entre otras- es el que ahora llegó con su reclamo a la Corte. Si ganan, el fallo favorecerá a todas las obras sociales del país.

Por Carlos Galván-Clarín