La Corte Suprema se puso al frente de un ambicioso plan de reforma integral de la Justicia. La iniciativa está plasmada en un documento al que tuvo acceso Infobae, titulado "Lineamientos de una política de Estado para la transformación de los Poderes Judiciales".

Entre los objetivos centrales de la transformación impulsada por el Máximo Tribunal están fortalecer la independencia del Poder Judicial, tanto en el aspecto individual de los jueces como institucional; mejorar la gestión judicial; actualizar los procesos y las instituciones con herramientas que permitan dar respuestas a la demandas de la sociedad y orientar el funcionamiento de la Justicia a fin de lograr mayor acceso,igualdad, inclusión de los ciudadanos y fortalecer el Estado de derecho.

La intención de la Corte es que participen de este proceso de transformación todos los fueros: federal, nacional, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.

El documento señala la necesidad de incorporar en esta reforma la educación legal que se realiza en las universidades y la regulación de la práctica de la abogacía. El escrito destaca que "el agente de cambio debe ser el propio Poder Judicial, liderado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación" con el consenso de todos los poderes del Estado. El Máximo Tribunal propone una política de Estado en la que estén involucrados los tres poderes.

Entre las propuestas figuran la transformación de la estructura organizativa del Poder Judicial (federal y provincial), el ejercicio de la abogacía y la educación legal que se lleva adelante en las universidades. Además, la reforma se propone mejorar la eficiencia y la eficacia de los procesos mediante la informatización y el uso de criterios de responsabilidad fiscal en materia presupuestaria.

Asimismo, como parte de esta transformación integral se incorpora la evaluación de la tarea de jueces y funcionarios; y la celeridad de los juicios penales, laborales y previsionales.

Para la implementación de este programa, el documento de la Corte propone la creación de organismos de ejecución centralizados. En la actualidad el Máximo Tribunal sólo puede tomar algunas decisiones para el funcionamiento del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura selecciona los jueces y administra, y el presupuesto lo elabora el Poder Ejecutivo y el Congreso.

El proyecto será presentado el próximo 6 de marzo a representantes de la Justicia de las provincias, nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. También participarán empleados judiciales, colegios de abogados y facultades de Derecho de todo el país. Las propuestas definitivas serán elaboradas por distintas comisiones que se reunirán en el Palacio de Justicia conforme a un cronograma que ya está confeccionado.

La iniciativa de la Corte busca acelerar las causa penales, sobre todo las de narcotráfico, corrupción y trata de personas; y la implementación gradual del sistema acusatorio. Otra de las propuestas es instalar la oralidad en los juicios civiles, laborales y previsionales.

Se implementará el expediente digital y se grabarán las audiencias en video. Además, con el objetivo de agilizar los procesos, se incorporarán programas de gestión de calidad, se redistribuirá el personal y se acortarán los plazos procesales.

En materia laboral, la Corte propone favorecer la conciliación para lograr una conclusión rápida de los procesos, y la capacitación en métodos alternativos de resolución de disputas. También propone el proyecto que se acorten los plazos de designación y el proceso de selección de los jueces a fin de cubrir la totalidad de las vacantes existentes, tanto a nivel nacional como provincial.

Una de los cambios más reclamados por la sociedad también está contemplado en la iniciativa de la Corte y es la modificación de la feria judicial, los horarios de atención y las licencias del personal. Además, la implementación de sistemas de evaluación de los funcionarios y empleados judiciales.

También figuran entre las propuestas la ampliación de la cantidad de peritos y la creación de la Oficina de Investigación Criminal. Sobre la base de la oficina de escuchas judiciales, el nuevo organismo se encargará no sólo de la captación de llamadas sino que se orientará también a otros campos: la investigación en las redes sociales, nuevas tecnologías con un cuerpo de peritos especializados en delitos contra la administración pública y casos de corrupción. La propuesta es que se convierta en una oficina de investigación criminal sofisticada que acelere la averiguación de delitos complejos.