Este jueves 1 de marzo, cerca del mediodía, el presidente Mauricio Macri volverá por tercera vez al Congreso para inaugurar el período de sesiones ordinarias en el Congreso. 

En el discurso del Presidente de la Naciòn quedarán en evidencia los cambios de prioridad para el oficialismo. Hasta ahora sus discursos se caracterizaron por no ser demasiados extensos y pocos proyectos anunciados para que se debatan durante el año parlamentario.

Por lo pronto, se espera que un lugar importante esté reservado al proyecto de ley sobre transparencia y ética en la función pública, un estricto texto que, en caso de haber estado vigente meses atrás, habría obligado a los ministros Jorge Triaca y Luis Caputo a dar un paso al costado.

Además, se oficializará la "luz verde" para el debate sobre el espinoso tema del aborto legal, aunque quedó claro que se evitará un tratamiento exprés. De todas formas, el tema llegará al recinto antes del receso invernal.

"Hay que dar el debate por el tema del aborto. La sociedad nos tiene que ver discutir. No hay que tener miedo en Cambiemos a pensar diferente. Yo estoy a favor de la vida y es mi postura pero respeto a los que piensan distinto", resumió el mandatario.

El Gobierno terminó de definir las últimas cuestiones en una reunión que mantuvieron el Presidente, sus ministros más cercanos y referentes legislativos de ambas cámaras.

En esa cumbre, analizaron la agenda legislativa y comenzaron a armar una estrategia en búsqueda de consensos con otras fuerzas políticas, en pos de lograr el tratamiento de nuevas iniciativas.

En cuanto a la "vieja" agenda, Macri intentará eludir la resistencia de la oposición peronista por la vía de reformular algunos de los planteos más polémicos. Es así que se dividió en tres subproyectos la temática contenida en el DNU sobre desburocratización.

Por otra parte, en un momento en el que el plan antiinflacionario genera dudas en el mercado, el Presidente ratificará el rumbo económico e insistirá con la idea de que el acuerdo firmado con todos los gobernadores para la reducción del déficit fiscal es la base de "una nueva cultura política" que se está instaurando en el país.

Además, la nueva agenda incluye el avance con la media sanción de la ley de mercado de capitales y de "compre argentino".

En tanto, hacia adelante, el Gobierno espera llevar al Congreso el proyecto de reforma laboral desdoblado, la reforma política con el gran capítulo de financiamiento de los partidos políticos y el nuevo Código Penal, entre otros temas.
También buscarán avanzar con la flamante iniciativa sobre ética pública, que está en etapa de consulta abierta, y con la reforma política.

A continuación, la agenda legislativa que Macri buscará impulsar en este nuevo año: 

- Aborto no punible: la Casa Rosada les dio libertad de acción a los legisladores oficialistas para el tratamiento del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que será nuevamente presentado el próximo 6 de marzo.

La iniciativa, que busca la despenalización hasta la semana 14 de gestación, divide las opiniones al interior de todos los bloques. 

- Nueva ley de ética pública: la Oficina Anticorrupción (OA) dio a conocer el borrador del proyecto de reforma de la Ley de Ética Pública. La iniciativa, disparada por distintos casos que incomodaron al Gobierno, incluye desde el límite al nepotismo en la función pública hasta la regulación del conflicto de intereses, pasando además por un régimen de obsequios a funcionarios.

Entre las novedades, se agregan como ítems a declarar los “bienes y/o fondos involucrados en fideicomisos en los que participe el declarante, en el país o en el extranjero, identificando el fideicomiso y sus partes”; y “las personas jurídicas, fideicomisos o cualquier otra forma contractual de la que el declarante resulte ser beneficiario o propietario final”.

Además, se clasifica como “reservada” la información referida a “las sociedades en las que el declarante participa a través de otras sociedades; y sobre “las personas humanas o jurídicas a las que se hubiera asociado, profesional o comercialmente, en los últimos tres años”.

- Desburocratizar el Estado: los tres proyectos que transcribieron el texto del Decreto de Necesidad y Urgencia 27/18, de simplificación y desburocratización del Estado, ya ingresaron a la Cámara de Diputados y el oficialismo abrirá el debate en comisiones la primera semana de marzo.

Las iniciativas reproducen en su totalidad el contenido del DNU y fueron presentadas con las firmas de los jefes del bloque Pro, Nicolás Masot; de la UCR, Mario Negri; y Juan Manuel López en nombre de la Coalición Cívica.

Uno de los proyectos refiere a la Administración Pública Nacional; otro, al desarrollo de la infraestructura; y un tercero está dedicado al desarrollo productivo.

Apenas termine la apertura de sesiones, Cambiemos impulsará la discusión de estas propuestas de ley con la presencia de funcionarios del Gobierno, que asistirán a las comisiones.

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- Reforma laboral desglosada: luego de que los ruidos políticos demoraran el arranque de la comisión que debatirá la reforma previsional, el ministro Triaca, confirmó que se avanzará "en los próximos días" en conformar ese espacio que tiene hasta 2019 para crear un nuevo sistema.

El reciente escándalo que afectó al funcionario que comanda la cartera laboral, más el rechazo de gran parte de la CGT al proyecto de reforma, provocaron que el presidente Macri decidiera –al contrario de lo que se había anunciado en un primer momento- no llamar a sesiones extraordinarias.

Ahora, el Ministerio de Trabajo, legisladores oficialistas y sus asesores pretenden desglosar el texto que está en el Senado en varios, divididos por temas.

Así, la nueva iniciativa oficial "fragmentada" tendría tres pilares: blanqueo laboral, sistema de prácticas formativas y la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud.

En este contexto, el Gobierno se propuso disociar el proyecto original para analizar, con una alta dosis de gradualismo, las modificaciones al Régimen de Contrato de Trabajo, limitación de los pagos no remunerativos establecidos en convenio y la creación de un Fondo de Cese Laboral que ocupe el lugar de las indemnizaciones por despido.

Además, buena parte de los cambios que el macrismo pretendía introducir a través del Congreso, pueden ser impulsados directamente en los acuerdos sectoriales. Es decir, sin necesidad de alterar la normativa vigente.

Entre ellos aparece el "multitasking" (multiplicidad de tareas), como así también las prácticas para mejorar la productividad, bonos y premios por presentismo.

Proyectos a negociar con la oposición
Entre las iniciativas que demandarán mayor consenso figuran: 

- Reforma electoral: el Gobierno pretende sumar apoyos para avanzar con la boleta electrónica, que está trabado en el Senado desde fines de 2016.

Los gobernadores del peronismo empujaron al FpV-PJ a enterrar la iniciativa, que ya contaba con aprobación de Diputados.

- Reforma del Ministerio Público: el debate se reactivó cuando Alejandra Gils Carbó presentó su renuncia.

El oficialismo quiere que se flexibilice el proceso y causales de remoción y que se fije un límite temporal al cargo

- Nueva ley de Defensa de la Competencia: ya fue aprobada en Diputados. El texto endurece las sanciones contra la cartelización y apunta a combatir la concentración económica, tras la megafusión Cablevisión-Telecom, que no entrará en análisis.

De convertirse en ley, quedarán prohibidos todos los actos o conductas que puedan distorsionar las condiciones naturales de mercado.

- Mercado de Capitales: el proyecto conocido como “Ley de Financiamiento Productivo” fue aprobado en la Cámara baja, pero no fue tratado en el Senado durante las sesiones extraordinarias, pese a que era uno de las iniciativas que figuraban en el temario. 

- Condenados por delitos de corrupción no pueden ser candidatos: el texto pertenece a Cambiemos, con la macrista Silvia Lospennato y la radical Brenda Austin a la cabeza. Estaba listo para ser tratado en el recinto de Diputados, pero nunca se trató y el dictamen cayó. 

El proyecto modifica el artículo 33 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos 23.298, agregando que no podrán ser precandidatos quienes se encuentren condenados por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de fondos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y fraude contra la administración pública.

En el recinto se introducirá un cambio para especificar que la condena deberá ser dictada por un tribunal colegiado para que el precandidato quede impedido de participar del acto electoral.

- Reforma del Código Penal y responsabilidad penal juvenil: ambas propuestas, contempladas por el Plan Justicia 2020 del Ministerio de Justicia, todavía no fueron enviadas al Congreso.