“Córdoba atraviesa los mejores años fiscales”, elogió el gobernador Juan Schiaretti en la inauguración de los almuerzos de trabajo 2018 de la Fundación Mediterránea, el lunes pasado. Por lo bajo, en las mesas, muchos se preguntaban por qué no fue más agresivo entonces este año con la rebaja de impuestos. O por qué no adelanta lo que prometió hacer en los próximos años.

Lo que la mayoría no sabe es el enorme costo fiscal que representa cumplir con lo que Córdoba prometió: el 13 por ciento de la recaudación propia. En plata: 6.647 millones de pesos, el equivalente al cierre de la Circunvalación, por ejemplo.

En la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el intendente Ramón Mestre hincó en esa inquietud: “Es más caro invertir en Córdoba que en Buenos Aires o en Santa Fe. Nunca los cordobeses pagamos tantos impuestos”. Y agregó un condicionamiento casi insólito a la rebaja de sus propias tasas municipales: lo hará si recibe más coparticipación.

El Consenso Fiscal que firmaron todos los gobernadores (excepto San Luis) exige un cronograma de reducción impositiva para provincias y municipios de acá hasta 2022. Córdoba arrancó en 2018 con algunas rebajas menores en Ingresos Brutos y una sí que es sustancial: eliminó la sobretasa de Ingresos Brutos que pagaban las industrias de extraña jurisdicción.

“Tanto la Provincia como los municipios deberían aprovechar el buen momento fiscal por la recuperación del 15 de coparticipación y bajar impuestos. En el caso de la Provincia, cumpliendo con el cronograma de reducción de impuestos firmado con Nación”, aporta Marcelo Capello, del Ieral.

“No hay manera de acelerar el cronograma, es bastante agresiva la rebaja propuesta, con una reducción importante el año que viene con Ingresos Brutos al sector financiero”, consideró Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas.
Perspectivas
En líneas generales, las provincias deben reducir Ingresos Brutos gradualmente hasta llegar a cero en 2022 para el agro y la industria manufacturera, al cinco por ciento para el comercio y el sistema financiero, dos para la construcción y cuatro para hotelería y servicios en general.

Sólo en 2019, según cálculos de Finanzas, perderá 4.919 millones de pesos en Ingresos Brutos. Para tener una dimensión: este impuesto representa el 70 por ciento de los ingresos propios totales y para este año están previstos 36.421 millones, por lo que el costo sólo en 2019 es del 13,5 por ciento de ese impuestos. Esa es plata que quedará entonces en manos del sector privado, mejorando la competitividad y, se supone, trasladando a precio la mejor carga impositiva.

La cuestión es el punto del que parten. Córdoba, con excepción de algunos casos puntuales, tiene alícuotas por arriba de las acordadas. En algunos, como servicios financieros, muy por encima: cobra hasta 9,56 por ciento sobre los intereses de los préstamos. Y como los intereses nominalmente son altos, es altísima la recaudación. Debe bajar al siete por ciento en 2019 (con lo que resignará 1.890 millones de pesos) y al cinco en 2022. En la tasa que cobraba sobre el crédito hipotecario debe llevarla a cero. Este año, la redujo, pero quedó en 1,5. En comunicaciones cobra 8,10 y en construcción 4,81, siempre incluyendo el Fofise y el FOI. La industria paga, con los fondos, 5,71 y tiene que bajar a 1,5.

La otra alícuota de peso que hay que tocar es el comercio, que paga 5,62 y hay para bajarla al cinco por ciento en 2019, aunque no seguirá bajando después. Este ítem, por mayor y por menor, dejará de pagar 1.834 millones en impuestos el año que viene.

Además, por rebaja de alícuotas a otros sectores (transporte de carga, comunicaciones, comercio y otros) la Provincia resignó 1.317 millones de pesos.

“Es cierto que hay buena salud en las cuentas públicas, pero en Ingresos Brutos si bien han regularizado algunas cosas por el tema del pacto federal, hay otros rubros que se han incrementado”, apunta Gerardo Seidel, presidente de la Unión Industrial Córdoba.

Sellos e inmuebles

Sellos es un impuesto que ganó peso: representa casi el 14 por ciento de los recursos propios, con 7.089 millones de pesos presupuestados para 2018. La alícuota que se cobra va del 0,6 al 1,8 por ciento, y tiene como tope el 0,75 en 2019. En las operaciones de inmuebles y de autos la provincia está alineada, pero cobra 1,5 por ciento en las tarjetas de crédito, por ejemplo. Por ese ítem hoy recauda 1.685 millones y deberá bajarlo a la mitad el año que viene y eliminarlo en 2022. El costo en sellos para 2019 es de 1.728 millones de pesos.

En inmuebles, en tanto, el Consenso Fiscal establece tasas que van del 0,5 al dos por ciento. Córdoba está dentro de ese rango en alícuotas, pero tiene valuaciones muy atrasadas, aunque Giordano anticipa que se trabaja en un proyecto para mejorarlas. El Consenso obliga a las provincias a adoptar valuaciones de acuerdo a las pautas que establezca la Nación y a impulsar a que los municipios adopten el mismo criterio.

¿Puede cumplir Córdoba ese cronograma? ¿Cómo compensará la pérdida de recursos? “Está armado bajo el supuesto del crecimiento de la economía, mejora en la administración tributaria y en hacer mayor énfasis en los patrimoniales, básicamente el inmobiliario”, apunta Giordano. En buen romance: hay que compensar. Ahí se librará entonces la madre de todas las batallas porque la apuesta global es gravar más el patrimonio, menos las transacciones y nada la producción. Si bien tiene mayor equidad, es un cambio de paradigma sustancial y, por supuesto, menos popular.