Gobierno envió al Senado los pliegos para la designación de once fiscales federales y nacionales, más de la mitad de los cuales son afines al kirchnerismo, tienen trayectoria en la realización de juicios por violaciones de los derechos humanos o expresaron su pertenencia a la agrupación Justicia Legítima, cercana a la política judicial de la Casa Rosada.

Ante la consulta de LA NACION, tanto en la Procuración General de la Nación como en el Ministerio de Justicia reconocieron este sesgo en la elección de los postulantes, que ahora deberán pasar por una entrevista en el Senado mientras se abre el plazo para que la ciudadanía presente apoyos o impugnaciones a sus nombramientos.

Las propuestas fueron firmadas por el ministro de Justicia, Julio Alak , pero quienes gravitan en estas designaciones son su segundo, el camporista Julián Álvarez, y la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, confiaron fuentes del Gobierno.

Los funcionarios que se propone ubicar como fiscales no son recién llegados al ámbito judicial, sino que llevan entre 10 y 15 años trabajando en el área. En los últimos años fueron nombrados como subrogantes en lugares relevantes o fueron promovidos por Gils Carbó al frente de procuradurías especializadas, como fiscales ad hoc.

En esa lista están Abel Córdoba, Pablo Parenti, Adrián García Lois, Federico Reynares Solari, Marcelo Vega y Carlos Amad, todos cercanos al Gobierno.

Abel Córdoba, a cargo de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, especializada en casos de abuso policial o vejaciones en las cárceles, fue propuesto como fiscal ante los tribunales orales en Neuquén. Salió primero en el concurso y fue ternado en primer lugar por Gils Carbó. Córdoba es el arquetipo del fiscal consustanciado con las políticas de la Procuración. Incluso le genera problemas al propio Ministerio de Justicia con sus acciones contra integrantes del sistema penitenciario. Trabajó en casos de derechos humanos en Bahía Blanca, con más de un centenar de imputaciones a responsables de crímenes de lesa humanidad, integrantes de las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales y penitenciarias, y también civiles. Además, integra la agrupación Justicia Legítima.

Fuentes de la Procuración reconocieron que si logra acuerdo, es dudoso que se vaya a Neuquén, pues Gils Carbó prefiere mantenerlo en su actual tarea. El suyo sería un caso similar al de Carlos Gonella, titular de la procuraduría especializada en delitos económicos, que cuando fue designado fiscal federal de Formosa, tras defender su pliego en el Senado, se quedó en Buenos Aires.

Pablo Parenti, con una larga trayectoria en causas de derechos humanos y actualmente a cargo de una unidad especial que investiga delitos sexuales sufridos por víctimas de la represión durante su cautiverio ilegal, fue propuesto como fiscal general ante los tribunales orales de San Martín. Salió cuarto en su concurso, pero hubo deserciones que permitieron que ingresara en la terna y Gils Carbó lo colocó en primer lugar. También integra Justicia Legítima.

Adrián García Lois es otro de los nombres de la lista enviada al Senado. Trabajó en casos de derechos humanos, estuvo en Lomas de Zamora y actualmente subroga en Neuquén. Salió quinto en el concurso para fiscal federal ante los tribunales orales de Tierra del Fuego y la procuradora general lo colocó segundo en la terna que envió al Poder Ejecutivo.

A su vez, Federico Reynares Solari fue propuesto como fiscal ante los tribunales orales de Rosario. Adhiere a Justicia Legítima y es uno de los promotores de sus políticas cuando las difunden en charlas por todo el país. Trabajó intensamente en las causas por narcotráfico que involucran a la policía santafecina, lo que llevó a la detención y procesamiento del ex jefe de policía Hugo Tognoli.

Marcelo Vega, subrogante en la Cámara Federal de Mendoza, fue propuesto como fiscal de tribunal oral allí. Es apadrinado por Omar Palermo, ex fiscal federal mendocino y juez de la Corte provincial. Tanto él como su ahijado pertenecen a Justicia Legítima.

Carlos Amad, cercano al fiscal federal Jorge Auat, a cargo de la Unidad de Derechos Humanos, fue propuesto como fiscal ante los tribunales orales de Posadas. Quedó 14 en el concurso, pero Gils Carbó lo colocó tercero en la terna y fue el nombre propuesto al Senado. En la Procuración dijeron que los que estaban por encima en el orden de mérito suyo desistieron. Integra también Justicia Legítima.

JUECES TAMBIÉN

A estos fiscales se suma la propuesta de promoción de algunos ex fiscales como jueces. Es el caso de Guillermo Friele, de actuación en causas de derechos humanos, incluida la conocida como ESMA, y que pidió que se indague a la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble; al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, y al director de LA NACION, Bartolomé Mitre, por la compra de Papel Prensa. Fue designado en el causa contra el juez marplatense Federico Hooft por supuesta colaboración con la dictadura militar. Hooft fue absuelto por un jury de estas acusaciones, pero a pesar de ello sigue abierta una causa en su contra. Hooft había denunciado una conspiración de funcionarios judiciales ligados a la Procuración para desacreditarlo y mostró como prueba de ello una grabación donde el fiscal Claudio Kishimoto admitió que la causa en su contra era "un gran verso".

Freile y la fiscal Laura Mazzaferri propugnaron desestimar esa denuncia por inexistencia de delito. Y el juez federal Luciano Bianchi acaba de declarar "ilegal" la reveladora grabación y desestimó la denuncia.

Por Hernán Cappiello  | LA NACION