Un día después de haber anunciado un importante acuerdo de suministro de combustibles para preservar las operaciones de Oil Combustibles y las fuentes de trabajo de la petrolera, los nuevos dueños del ex Grupo Indalo debieron dar marcha atrás con el convenio, que habían cerrado con el gigante petrolero ruso Lukoil.

Las razones de esta marcha atrás tienen que ver con supuestas presiones que habría ejercido la AFIP para bloquear la participación de un proveedor local en el acuerdo por el cual Oil comenzaba a importar naftas y gasoil y dejaba de producir combustibles en su refinería de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. Ocurre que el ente fiscal que hasta hace unos días dirigía Alberto Abad envió un escrito al juez Javier Cosentino, que lleva adelante el proceso concursal de la petrolera, oponiéndose al convenio. 

A raíz de esta situación, el magistrado argumentó que el contrato era "abstracto" al no estar firmado y entendió que no le correspondía expedirse.  Desde la Dirección de Oil Combustibles acusaron al ente fiscal de ser el responsable de esta "operación" y explicaron que están trabajando "contrarreloj para aportar una alternativa de abastecimiento local que de solución, en el menor lapso de tiempo posible, al suministro de la red".

"La decisión de la AFIP es una decisión sin sentido, que está en línea con la política de ahogo financiero que impuso el ex titular del ente fiscal, Alberto Abad, no sólo contra Oil Combustibles sino también contra todo el Grupo Ceibo, oponiéndose a cualquier tipo de solución y hostigando continuamente a todas las sociedades del Grupo", agregan los voceros del fondo OP Investment, a cargo del conglomerado de empesas fundado por Cristóbal López.

Según la visión de los empresarios, la medida dificulta, asimismo, el convenio de provisión de combustibles que Oil Combustibles cerró con Lukoil, el segundo productor mundial de combustibles, para poder comenzar a restablecer el normal desarrollo de las actividades en el sector petrolero y que iba a entrar en vigencia en el lapso de tres semanas como una solución de largo plazo hasta tanto pudiera comenzar a operar nuevamente la refineria.

Además, hacen responsable de esta situación a la AFIP de Abad, "que sistemáticamente se ha empeñado en discutir temas comerciales desde el fuero penal, aún a pesar de que los anteriores accionistas ya se encuentran imputados y en prisión preventiva y no observar el criterio establecido por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de separar a la empresa del empresario".

Para el Grupo Ceibo, el debate debe continuarse en el fuero comercial y mediante el uso de una importante herramienta legal que resguarda los derechos y obligaciones de todos los involucrados como es el concurso preventivo de acreedores. "Teniendo en cuenta el grave daño que esta decisión ocasiona a todo el Grupo Ceibo es que se reclama a las autoridades nacionales dejar de lado la prescindencia adoptada para analizar la situación del Grupo Ceibo y la situación de sus 4000 trabajadores", reclaman desde el Grupo Ceibo.

También le piden a la Justicia que tenga en cuenta "las favorables condiciones generadas por el convenio de abastecimiento de combustible para sostener las actividades de la petrolera, a pesar de la asfixia financiera que sufre el Grupo Ceibo producto del arbitrario accionar de la AFIP".