Así como la minería, la explotación de hidrocarburos no convencionales a través de la fractura hidráulica, conocida como fracking, divide opiniones.

Los que están a favor destacan que traerá desarrollo económico para la provincia y que no contamina si se controla correctamente, mientras que los que están en contra afirman que pone en peligro el ambiente, principalmente un recurso estratégico como el agua, y que sólo enriquece a unos pocos.

Más allá de las discusiones, a partir de su publicación en el Boletín Oficial ayer, en nuestra provincia ya es una técnica autorizada y reglamentada. El decreto 248 detalla los procesos administrativos y los controles que deben haber.

El texto pasó previamente por una audiencia pública que se realizó en Malargüe en diciembre pasado. Si bien allí obtuvo más apoyo que críticas, la reunión en sí misma fue cuestionada por algunos sectores por haberse realizado en ese departamento.

A diferencia de la producción de petróleo convencional, el fracking extrae hidrocarburos líquidos o gaseosos de la roca madre donde se produce. Para lograrlo, se estimula la piedra a través de la inyección de agua a presión y distintos aditivos para darle permeabilidad.

Satisfacción oficial

“La ley nacional establece que las provincias pueden llevar procesos de estimulación hidráulica, pero no había reglamentación en el país para llevar adelante este proceso con estándares ambientales”, destacó el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance. 

Detalló que el proceso que culminó con este decreto se inició en julio de 2017 por un pedido de la empresa El Trébol para aplicar el fracking en una formación no convencional en el Puesto Rojas, Malargüe.

En ese entonces las autoridades provinciales decidieron autorizar la explotación y utilizarla a modo de prueba piloto de la técnica. “A partir de esta muestra que tuvimos el año pasado pudimos sacar conclusiones precisas de qué exigir a las empresas y lo pusimos en la reglamentación”, explicó. 

Con respecto a la probable contaminación del agua, uno de los principales cuestionamientos a la técnica, Mingorance remarcó que los controles estarán a cargo tanto de la dirección de Protección Ambiental como de Irrigación. Como ejemplo, aseguró que el recurso hídrico que se utilizó en la prueba piloto fue un 70% de agua de la formación, que calificó como inservible, y sólo 30% de agua dulce.

En cuanto a las exigencias, el funcionario detalló que las nuevas áreas que se concesionen tendrán que cumplir con la manifestación general de impacto ambiental, pero que las que ya están en explotación deberán hacer un aviso de proyecto o un informe ambiental específico en los proyectos de escaso impacto o magnitud. “La diferencia es que la segunda no tiene audiencia pública, pero en las exigencias son exactamente iguales”, remarcó.

Por su parte, el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, adelantó que esta reglamentación abre un nuevo horizonte productivo a la provincia. “Un desarrollo no convencional puede llegar a traer inversiones del orden de los mil millones de dólares y prácticamente duplicar el nivel de actividad de la provincia de Mendoza”, manifestó.

Consultado por los temores de algunos sectores ambientalistas por la falta de controles, los garantizó: “Entiendo que con algún tipo de gobierno la sociedad tenga el temor de que no se hagan las cosas bien, pero no es nuestro caso. Tenemos profesionales capacitados, una muy clara visión y la infraestructura necesaria para hacerlo bien”.

En representación de los empresarios mineros habló Mauricio Badaloni, presidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM). “Nosotros vemos en esta reglamentación una nueva oportunidad para que otras empresas se puedan radicar acá y verter en el resto de las industrias de la provincia”, manifestó, a la vez que remarcó que la actividad va a favorecer principalmente al pueblo malargüino.

Rechazo ambientalista

Para Carlos Benedetto, presidente de la Federación Argentina de Espeleología (Fade) y quien presentó un amparo contra el fracking que se realizó en Malargüe, este decreto desconoce el avance que están teniendo en la vía judicial.

A raíz del rechazo del amparo, el titular de la ONG presentó en febrero un recurso extraordinario en la Suprema Corte de la provincia. “Fue aceptado y estamos esperando que se resuelva, por lo que es extraño y desprolijo que se publique un decreto al respecto”, expuso. Recordó además que desde la organización impugnaron la audiencia pública y aseguró que en la resolución en la que se aprobó la audiencia se dejaron afuera importantes dichos. 

En tanto, Marcelo Romano, abogado ambientalista y senador electo (Partido Intransigente), aseveró que este decreto no respeta la ley ambiental 5.961. “Lo que necesitamos ahora es que la Legislatura dé a luz un nuevo proyecto de ley que comprenda todos los presupuestos mínimos de protección ambiental que no se han tenido en cuenta”, dijo. 

Asimismo, adelantó que junto con los abogados Enrique Viale, Marcelo Arancibia y Diego Seguí presentará próximamente una denuncia penal contra los funcionarios involucrados en esta reglamentación.

“Sabemos que viola la ley porque a los pozos que están en explotación no les va a hacer falta una manifestación, sino un aviso de proyecto que es un procedimiento mucho menos exigente”, explicó.

Para Romano, lo que está haciendo el gobernador con este decreto es “sobreponer intereses económicos y empresariales al cuidado del agua y del ambiente”.

Por su parte, Julieta Lavarello, integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, también apuntó contra el procedimiento de fractura hidráulica para la extracción de petróleo y gas porque es una de las actividades que “integran el modelo de saqueo, explotación y contaminación, como la minería y los agroquímicos”.

Denunció que “favorecen económicamente a unas pocas personas, en su mayoría empresas transnacionales, a costa de la destrucción total o parcial de los bienes comunes”.

Por otra parte, aseguró que el fracking es una actividad altamente contaminante y que en Argentina no existen los controles adecuados para que se lleve adelante.

“En Mendoza empezamos con un acto delictivo que fue la explotación en Malargüe disfrazada como experiencia piloto”, señaló y agregó: “Estamos hablando de estrujar el planeta para sacar dos gotas de petróleo. Es totalmente contrario a la política de Estado de cambiar paulatinamente a las energías renovables que decían sostener desde el gobierno”, cuestionó.