El juez norteamericano Thomas Griesa declaró "en desacató" al país por no cumplir con los fallos de la corte de los Estados Unidos. Los fondos buitre le habían reclamado al magistrado que tomara esta determinación. Resta definir de cuánto será la multa que percibirá la Argentina por su "desobediencia".

El Gobierno le había reclamado este lunes al juez estadounidense Thomas Griesa que rechace el pedido de los fondos buitre de declarar en desacato a la Argentina, al advertir que la solicitud es "legalmente inadmisible, inaplicable y de imposible cumplimiento".

En el Memorandum elevado al Juzgado de Griesa, cuya copia fue distribuida esta tarde a la prensa por la Casa Rosada, se advierte que "el derecho y la práctica internacionales no contemplan dictar órdenes contra Estados Extranjeros" y sostiene que "no hay argumentos" para determinar dicha sanción.

"Las órdenes pari passu no prohíben ni pueden prohibir la realización de actos soberanos, entre ellos, discursos de los funcionarios, publicaciones en los periódicos o comunicaciones con instituciones financieras o con otros terceros en general", sostiene el escrito. 

Y agrega: "Más aún, las sanciones de desacato son ilegales en virtud del derecho y la práctica internacionales y socavan la dignidad de estados soberanos".

El juez Griesa citó para esta tarde a una audiencia en Nueva York para resolver si acepta o no el reclamo de los holdouts para declarar en desacato a la Argentina, porque según su postura no cumplió con la sentencia de pago por 1.330 millones de dólares.

E, incluso, le reclamaron al magistrado que aplique una multa de 50.000 dólares diarios.

En un escrito donde califica a la solicitud como "legalmente inadmisible, inaplicable y de imposible cumplimiento", la Casa Rosada afirma que el desacato civil "es una herramienta diseñada para forzar a una parte a 'depurar' la conducta violatoria de una Orden emanada de un tribunal; no es y no puede ser- como las demandantes pretenden aplicarlo aquí un castigo por una conducta pasada".

"La Orden propuesta no resolverá el estancamiento actual que enfrentan tanto las partes como el Tribunal como consecuencia de las medidas cautelares pari passu (que son de imposible cumplimiento) sino que más bien agravará la situación. Sin dudas será utilizado por las demandantes solamente para elevar aún más su retórica negativa de ataques públicos hacia la República", advierte.

Fuente: DyN