El Cardenal subrayó que la Santa Sede valora los esfuerzos de las Naciones Unidas para garantizar la paz mundial, el respeto de la dignidad humana, la protección de las personas, especialmente las más pobres y vulnerables así como un desarrollo económico y social armonioso.

Sin embargo y citando al Papa Francisco, recordó que en nuestra época hay un peligro de indiferencia generalizada que no sólo atañe al campo de la política, sino que también afecta a los sectores económicos y sociales ya que una parte importante de la humanidad no participa de los beneficios del progreso y de hecho se ve relegada a la condición de ciudadanos de “segunda clase”.

“En algunos casos -observó- esa apatía es sinónimo de irresponsabilidad”, como hoy en día cuando una unión de Estados, que “fue creada con el objetivo fundamental de preservar a las generaciones del horror de la guerra que acarrea indecibles sufrimientos a la humanidad permanece pasiva frente a las hostilidades sufridas por poblaciones indefensas”.

En este contexto, el Purpurado repitió el llamado del Papa a la comunidad internacional el pasado mes de agosto para que pusiera fin a la tragedia humanitaria en el norte de Irak. Luego habló del drama en esta país y Siria, ambas muestra de un fenómeno totalmente nuevo: la existencia de una organización terrorista que amenaza a todos los Estados y promete derribarlos para sustituirlos por un gobierno mundial pseudo-religioso.

“Todavía hoy -afirmó- hay quienes tienen la presunción de ejercer el poder coaccionando a las conciencias, persiguiendo y asesinando en nombre de Dios. Esos actos hieren a grupos étnicos, y a poblaciones y culturas antiguas. Hay que recordar que este tipo de violencia nace de un desprecio por Dios y falsea la religión misma que establece que cada ser humano es una imagen del Creador”.

“En un mundo donde la comunicación es global, este fenómeno ha encontrado seguidores en numerosos lugares, atrayendo además a jóvenes de todo el mundo, a menudo desilusionados por la indiferencia generalizada y la falta de valores en las sociedades más ricas. Es un reto que, con todos sus aspectos trágicos, debe impulsar a la comunidad internacional a promover una respuesta unificada, basada en criterios jurídicos sólidos y en la voluntad colectiva de cooperar para el bien común”.

Con este fin, la Santa Sede considera útil centrar la atención en dos áreas principales. La primera es hacer frente a los orígenes culturales y políticos de los desafíos contemporáneos, reconociendo la necesidad de estrategias innovadoras para abordar una serie de problemas internacionales en que los factores culturales juegan un papel fundamental.

La segunda es analizar a fondo la eficacia del derecho internacional en la actual coyuntura y su provechosa instrumentación en los mecanismos propios de las Naciones Unidas para evitar la guerra, detener a los agresores, proteger a la población y ayudar a las víctimas.

“La situación actual -reiteró el Cardenal Parolin- requiere una comprensión más incisiva de este derecho prestando especial atención a la "responsabilidad de proteger”. De hecho, una de las características del reciente fenómeno terrorista es que no tiene en cuenta la existencia del Estado y, en consecuencia, de todo el orden internacional.

También socava y rechaza todos los sistemas jurídicos existentes, tratando de imponer el dominio sobre las conciencias y un control completo sobre las personas. La naturaleza global de este fenómeno, que no conoce fronteras, es precisamente la que hace que el marco del derecho internacional sea la única forma viable de hacerle frente.

“Esta realidad necesita unas Naciones Unidas renovadas para fomentar y preservar la paz. Por lo tanto, la situación actual, aunque de hecho sea bastante grave, es también una ocasión para que los Estados Miembros honren el verdadero espíritu de la Carta de las Naciones Unidas haciéndose eco de los trágicos conflictos que desgarran pueblos y naciones enteras”.

El Cardenal lamentó que “hasta el momento, la comunidad internacional se haya caracterizado por voces contradictorias e incluso por el silencio con respecto a los conflictos en Siria, Medio Oriente y Ucrania. Es de suma importancia que haya una unidad de acción por el bien común, evitando el fuego cruzado de vetos”.

“En resumen, la promoción de una cultura de paz exige renovados esfuerzos en favor del diálogo, el aprecio de las culturas y la cooperación, respetando la diversidad de sensibilidades. En última instancia, tiene que haber una verdadera voluntad de aplicar enteramente los mecanismos actuales de la ley, abriéndose, al mismo tiempo, a las características de este momento crucial. Esto asegurará un enfoque multilateral más al servicio de la dignidad humana y del progreso del desarrollo humano integral en todo el mundo”.

A continuación, el Secretario de Estado, refiriéndose a la aprobación del Programa de Transformación y Desarrollo, confirmó que la Santa Sede ve con agrado los 17 "Objetivos de Desarrollo Sostenible" propuestos por el Grupo de Trabajo Abierto para Metas Sostenibles que tratan de abordar las causas estructurales de la pobreza mediante la promoción de un trabajo digno para todos.

“Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de las Naciones Unidas y de muchas personas de buena voluntad -apuntó- el número de pobres y excluidos es cada vez mayor, no sólo en los países en desarrollo sino también en los desarrollados”.

De ahí que la "responsabilidad de proteger", normalmente referida a las agresiones extremas contra los derechos humanos, a los casos de grave desprecio del derecho humanitario o graves catástrofes naturales, se extienda también, incluido el ámbito jurídico, a la protección de las personas contra otras formas de agresión, que son menos evidentes pero igual de serias y reales.

Por ejemplo, “un sistema financiero regido sólo por la especulación y la explotación máxima de las ganancias, o en el que los individuos se consideren como artículos desechables -en una cultura del descarte- podría ser equivalente, en ciertas circunstancias, a una ofensa contra la dignidad humana. De ello se deduce, por tanto, que la ONU y sus Estados miembros tienen una responsabilidad urgente y grave con los pobres y excluidos, teniendo siempre presente que la justicia social y económica es una condición esencial para la paz”.