La pelea que inició esta semana el Gobierno contra los aumentos de precios de los alimentos tendrá un nuevo capítulo en los próximos días. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), un organismo autárquico en la órbita del Ministerio de Producción, acelera una investigación contra las empresas cementeras por presunta colusión y supuesto comportamiento oligopólico.

Este mes se registraron aumentos de precios en torno del 13%, algo que desde la mirada oficial es difícil de explicar. Según sus cuentas, en el sector estiman que los efectos de la devaluación en sus costos estuvieron entre 30% y 50%, pero las remarcaciones de los últimos días tienen implícito una depreciación del tipo de cambio del 50% (la devaluación en el año ronda el 30%) y un traslado total de ese deslizamiento al valor final.

Se trata de una investigación que sigue de cerca todo el gabinete, incluido el presidente Mauricio Macri, por diversos motivos. Es que la pelea contra la inflación es una de las prioridades de la agenda oficial desde el principio del mandato. Pero ese objetivo recrudeció tras la devaluación de las últimas semanas.

Las principales empresas del rubro son Loma Negra, Holcim y Petroquímica Comodoro Rivadavia, entre otras. Pero la investigación no apunta contra una en particular, sino que recae sobre el sector. Ayer, la CNDC les mandó a todas requerimientos de información y citación para analizar. Y el ministro Francisco Cabrera las va a citar por los aumentos de precios de mayo.

El caso del cemento tiene otros condimentos. Entre ellos, que golpea de manera directa al futuro de la obra pública, una de las apuestas del Gobierno para animar una economía a la que le cuesta arrancar (a mayores costos, menos proyectos se realizarán).

En la misma línea, el precio del cemento tiene efectos bastante directos sobre el resultado de los estímulos a los créditos hipotecarios y, en especial, del Procrear, el programa con el que la administración de Mauricio Macri espera que muchas familias accedan a la primera vivienda.

Los números que maneja el Gobierno indican que en lo que va del año, el cemento se encareció un 23%, con una fuerte aceleración este mes. Además, según sondeos extraoficiales de fuentes vinculadas a la Casa Rosada, las cementeras deslizaron la posibilidad de aplicar una nueva suba el mes próximo.

Las definiciones de la CNDC con respecto al cemento son seguidas de cerca por todo el sector privado. Sucede que con la nueva ley de defensa de la competencia, en abril pasado, las multas para las empresas son mucho mayores. Antes, el monto máximo de las multas era de $150 millones. Ahora, en cambio, puede llegar hasta un 30% de la facturación de la empresa involucrada.

Desde mediados del año pasado, el Gobierno puso la lupa sobre el sector de la construcción. Las cementeras tienen un antecedente en contra. En 2005 sufrieron la aplicación de una multa millonaria por acordar precios y cuotas de mercado, a partir de una investigación que se había iniciado a fines de los 90.

Las retenciones, tema ausente

En medio de los rumores sobre un supuesto interés del Ministerio de Hacienda por suspender la baja de las retenciones a la soja (cuya alícuota se reduce 0,5% por mes desde enero), el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, negó que el tema se haya hablado en el encuentro de ayer con su par Nicolás Dujovne. “No lo tocamos [el tema retenciones]. Hablamos de la necesidad de reducir el déficit fiscal, tener austeridad”, afirmó.