El Gobierno Nacional puso a disposición más de $ 6.000 millones y al mismo tiempo sometió la mayor parte de los repartos, que antes eran automáticos, a la firma de Triaca. Para los dirigentes, el paro es inevitable.

El Gobierno cumplió con la liberación de fondos a las obras sociales sindicales, pero aplicó un rebalanceo de modo tal de aumentar el grado de discrecionalidad en la distribución en medio de la negociación con la CGT por el paro nacional del lunes que viene. El Decreto 554 publicado el viernes último establece un mecanismo de reparto de un fondo paralizado desde 2016 que llegó en la actualidad a $6.000 millones, tal como había adelantado la semana pasada este diario, y que amplía un subsidio para las entidades gremiales que atienden a jubilados y cancela expedientes congelados. 

La normativa, que lleva la firma de Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, "atiende el reclamo que había hecho la CGT sobre los fondos de las obras sociales" en uno de los cinco puntos que puso la central como condición para levantar la huelga, dijo José Luis Lingeri, jefe del gremio de Obras Sanitarias y referente en la temática sanitaria, aunque "no va a alcanzar" para suspender la medida de fuerza, aclaró. 

El eje central de la ingeniería del decreto pasa por la reducción de un subsidio que tiene un mecanismo automático de reparto en función de una fórmula que involucra cantidad de afiliados de cada obra social y valor de las prestaciones sanitarias otorgadas y la suba proporcional de otros sistemas de distribución que dependen de las firmas del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y del superintendente de Salud, Sandro Taricco. En reserva, dirigentes de CGT le advirtieron a este diario que sobre los mismos recursos prometidos el Gobierno, por un lado sistematizó su entrega, pero por otro, la blindó con la imposición de firmas políticas previas. 

El decreto puso en vigencia un compromiso que había asumido Macri en 2016 para la cancelación a favor de las entidades de salud de los gremios de más de 20 mil millones de pesos que durante el Gobierno anterior se habían acumulado en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) y que Cristina de Kirchner liberaba con cuentagotas y al compás del estado de su relación con el sindicalismo tradicional. 

De aquel anuncio la normativa publicada el viernes atiende un capítulo que entonces alcanzaba $4.500 millones y que según la estructura de 2016 debían quedar a disposición de las obras sociales para atender epidemias, planes de prevención, ampliaciones o compras edilicias y otro tipo de inversiones en infraestructura así como "programas de fortalecimiento institucional", de modernización o incluso un ambiguo "financiamiento de situaciones de excepción". En la Superintendencia calcularon que aquel fondo creció, con intereses, a unos 6 mil millones de pesos en la actualidad. 

En cuanto al rebalanceo de recursos la norma redujo a la mitad el Subsidio Automático de Mitigación de Asimetrías (SUMA) para destinar esos fondos a reforzar el Sistema Único de Reintegros (SUR, que maneja la Superintendencia y les devuelve a las obras sociales el valor de las prácticas médicas más complejas y costosas). Además, el SUR se verá fortalecido por unos $1.600 millones provenientes de los intereses del fondo paralizado desde 2016 que permitirá cancelar expedientes presentados en años anteriores y que no habían sido saldados. 

Otra novedad del decreto es la ampliación de otro subsidio destinado a la atención de jubilados. En lugar del actual SUMA70, que alcanza a las entidades que cubren a jubilados de más de 70 años derivados por el PAMI, el decreto crea el SUMA65 para involucrar a más beneficiarios y permitir una suba de la cápita por cada uno de ellos de los actuales $662 a 862 pesos. Sólo por ese concepto el sistema de salud de los gremios percibirá $864 millones más por año para compensar esas coberturas. Se trata de una demanda recurrente de las organizaciones sindicales que mantuvieron en sus obras sociales a los jubilados que optaron por quedarse en sus prestadoras de origen en lugar de acudir al PAMI. La CGT procura además una actualización de los aportes de los monotributistas que eligieron cobertura médica a través de sus obras sociales aunque esa negociación quedó asociada al trámite que tendrán en el Congreso los tres proyectos de ley de reforma laboral que envió el Gobierno.