Todas las casas que entregue el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) desde hoy tendrán cuotas que se actualizarán bimestralmente de acuerdo al coeficiente de variación de los salarios. Con la publicación en el Boletín de Salta, se oficializó la medida que el presidente del organismo, Sergio Zorpudes ya lo había hecho público.

Según la resolución 596/18 del IPV, el incremento de las cuotas, en base a mediciones del Indec, no será para todas las familias que tienen una vivienda social. Además de a los nuevos, se aplicará a los adjudicatarios que ya hayan entrado en un proceso de revocatoria por la elevada morosidad y a los propietarios de viviendas escrituradas que registren constantes deudas. 

Las personas que salieron sorteadas, por ejemplo en Pereyra Rozas -que construye el IPV-, ya no tendrán cuotas fijas a lo largo de los 360 meses. La medida se da en el marco de la reducción del déficit fiscal que encara la Provincia. 

Los pagos se moverán con el índice salarial, el IPV fijó que para determinar el valor de cada cuota se tomará como referencia la tasa pasiva de interés para caja de ahorro publicado por el Banco de la Nación a la fecha del cálculo, con el sistema de amortización francés. 

La determinación del IPV ya causó polémica en distintos puntos de la provincia. 
El diputado por el departamento de Metán, Daniel D‘Auria, recordó que presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para que se otorgue una moratoria y se congelen las cuotas de las casas que entrega el IPV.

Entre febrero y abril, por cierto, el organismo realizó una moratoria con quita de interés del 100 al 50 por ciento. 

Ahora el diputado pide “que el IPV formule una moratoria para los beneficiarios de viviendas, consistiendo la misma en la cancelación de la deuda informada, reducida en un 40% y en 12 cuotas mensuales”.

“Que las personas con cuotas al día sean beneficiadas con la bonificación de dos cuotas del año en curso y de 2019, y congelar el valor de las cuotas por el término de un año”, establece el proyecto. 

D‘Auria dijo que la iniciativa ingresó el 1 de junio y lleva el expediente 39.337. “Refleja la crisis económica que se encuentra atravesando nuestro país, la cual afecta a lo más necesitados, personas a las cuales las tarifas han superado su capacidad de pago, hasta el punto que la canasta básica le resulta de imposible adquisición y además muchas han perdido su fuente de trabajo”, expuso.

El legislador remarcó que la mayoría de las personas son beneficiarias de viviendas entregadas por el IPV, y en muchos casos están en mora de pagos de las mensualidades.
“El Estado no puede hacer caso omiso a la realidad social antes descripta, debiendo ayudar a los más necesitados y coadyuvar a que los mismos tengan una vida digna.

La vivienda es un derecho constitucional de los habitantes de esta provincia, siendo ello el lugar donde la célula social concilia sueños y amortigua los sinsabores de la vida diaria”, destacó.
“Muchos de los vecinos de mi barrio no pueden pagar la cuota de las viviendas de más de $3.000. A algunos les llegó $3.300 y a otros $3.500 este mes y van en aumento”, dijo Raúl Luna, presidente del centro vecinal del barrio Obrero, que tiene 110 viviendas y fueron las últimas entregadas en la localidad del sur provincial.