En silencio, sin cruces judiciales ni anuncios oficiales. Así se diluye el juicio político al fiscal José María Campagnoli, pese a que se trató de una batalla legal que durante meses concitó la atención de buena parte de la sociedad y del mundo político.

El Tribunal de Enjuiciamiento tenía 180 días hábiles para decidir si removía al fiscal por presunto mal desempeño en la investigación por lavado de dinero que involucra al empresario santacruceño Lázaro Báez. El 27 de octubre caduca la acusación y todas las partes dan por sentado que el viernes (último día para actuar antes del vencimiento) el proceso concluirá sin una sentencia.

A la falta de interés del tribunal en reactivar el caso se suma que el jurado de enjuiciamiento se ha desintegrado: del cuerpo original, tres integrantes fueron recusados por la parte acusadora (Juan Gauna, Adriana Donato y Javier Panero) y otros tres (Daniel Adler, Rodolfo Ojea Quintana y Ernesto Kreplak) se inhibieron de seguir interviniendo.

Todo fue parte de un efecto dominó que comenzó con la renuncia de María Cristina Martínez Córdoba, quien se bajó con el argumento de que sufría problemas de estrés y provocó la suspensión que fue el principio del fin del proceso judicial.

Tanto Campagnoli como su equipo defensor, encabezado por Ricardo Gil Lavedra e Ignacio Irigaray, trabajaron desde el primer momento para conseguir un veredicto contundente que decretara la absolución del fiscal. Sin embargo, ven con buenos ojos este desenlace.

La mirada positiva se sustenta en que tienen claro que debieron afrontar un proceso cargado de intereses políticos, en el que hubo numerosas acusaciones de parcialidad contra varios integrantes del tribunal que -aseguran- votaban alineados con los deseos del gobierno nacional, que buscaba la destitución del funcionario que investigó a Báez.

En medio de la suspensión que congeló definitivamente el juicio político, trascendió que Campagnoli había mantenido una reunión secreta con la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó (impulsora del proceso) para pactar una tregua y dejar que el juicio se cayera, con la promesa de que no será candidato político en 2015.

El 12 de diciembre de 2013 Campagnoli fue suspendido y el 17 de julio pasado se levantó la suspensión que pesaba sobre él, y el fiscal volvió a su fiscalía del barrio de Saavedra.

A horas de que se consume el final del proceso, el fiscal aseguró al diario La Nación que no acordó con nadie y que trabaja "como siempre", con "la herida" de haber perdido a su equipo de trabajo como consecuencia de un juicio político resonante". De todos modos admite que hoy su situación es mucho mejor de lo que imaginaba en mayo pasado, cuando todo indicaba que sería destituido.