La batalla comercial entre Estados Unidos y China ha entrado ya en una zona de cifras gruesas, que van más allá de la gesticulación —de por sí peligrosa para la confianza inversora— y empiezan a apuntar a una guerra comercial a gran escala. Donald Trump ordenó este martes a la Oficina del Representante de Comercio Exterior que active el proceso para fijar nuevos aranceles del 10% sobre más de 6.000 productos chinos cuyo valor de exportación ronda los 200.000 millones de dólares (unos 170.000 millones de euros) al año. Es la respuesta a la represalia de Pekín el pasado viernes, que puso en marcha gravámenes a productos estadounidenses por 34.000 millones horas después de que Washington hubiera hecho lo propio.

La escalada arancelaria entre las dos mayores potencias económicas del mundo se ha producido en la misma secuencia de esta semana. La Administración de Trump amenaza con aranceles y el régimen chino hace lo mismo, con las idénticas tarifas y el mismo volumen económico afectado. Tras negociaciones infructuosas, EE UU activa los aranceles y amenaza con más si China responde. Y China responde, así que EE UU pone en marcha la nueva ronda de tarifas aduaneras. Así ad infinítum o, más bien, hasta superar los 500.000 millones de dólares, que es la cantidad total de exportaciones que se verán afectadas por las tasas si se cumpliesen todas las amenazas que ya hay sobre la mesa. La cifra resulta vertiginosa: el intercambio de productos entre ambos países rozó los 600.000 millones de dólares en 2016 (con 115.600 exportados hacia China y 347.000 hacia EE UU).

Pekín considera que esta nueva lista es "totalmente inaceptable" y ha asegurado que responderá "con las contramedidas necesarias" si finalmente estos aranceles entran en vigor. "Con esta actitud, Estados Unidos daña a China, al mundo y a sí mismo", afirmó el Ministerio de Comercio en un comunicado, informa Xavier Fontdeglòria. El país asiático lo tendrá imposible para devolver un golpe de la misma intensidad simplemente porque sus importaciones desde EE UU no alcanzan los 200.000 millones de dólares. Es probable, según los expertos, que Pekín abra la veda de las medidas no arancelarias: al tener un control considerable sobre la economía, las autoridades pueden fácilmente dificultar la actividad de las empresas estadounidenses en territorio chino o incluso impulsar un boicot encubierto al país, desde dejar de comprar sus productos hasta restringir el turismo chino a EE UU, entre otras medidas.

La lista adicional de bienes a los que la Oficina del Representante de Comercio Exterior propone aplicar el arancel, hecha pública durante la noche del martes, ocupa 205 páginas, e incluye una gran variedad de productos (del carbón al tabaco, pasando por productos químicos y neumáticos). El embajador Robert Lighthizer argumenta en un comunicado que la reacción de Pekín “no tiene base legal ni justificación” y que el arancel del 10% que plantea para los nuevos productos es una “respuesta apropiada” a unas políticas industriales por parte de China que son "dañinas”. Washington apunta esta vez a los productos identificados que se benefician de la nueva política industrial para 2025, el gran plan económico de China.

El listado se someterá a una fase de consultas entre los días 20 y 23 de agosto con el fin de tomar una decisión el día 25 del mismo mes. Con la última ronda de aranceles activas, la del pasado viernes, la fase de consultas redujo el impacto de 50.000 millones a 34.000, mientras que los 16.000 siguen en estudio. La aplicación de los aranceles anunciados el martes va para largo y, mientras tanto, la Administración de Trump y el régimen de Xi Jinping pueden tratar de acercar posturas. Hasta ahora, no lo han logrado: EE UU critican el enorme déficit comercial que registra respecto a China (de más cerca de 400.000 millones), acusa al régimen de competir de forma desleal y de crear un marco regulatorio de asociación con inversores locales que favorece el robo de propiedad intelectual a los inversores estadounidenses.

“Durante muchos años, China recurrió a prácticas abusivas que van en detrimento de nuestra economía, nuestros trabajadores y nuestras empresas”, reitera Lighthizer en su comunicado, en el que califica la conducta china de “amenaza existencial”. “Durante más de un año hemos urgido pacientemente a China a que ponga fin a estas prácticas injustas, que abra sus mercados y que se comprometa con una competencia real”, señala. “Hemos sido muy claros respecto a los cambios que deberían tomar. Pero en lugar de resolver una preocupación legítima reprimieron nuestros productos”.