La aparición de denuncias sobre irregularidades en la financiación de la campaña electoral de Cambiemos bonaerense del año pasado aceleró de manera dramática los tiempos y obligó al Gobierno a actuar.

Un día después de que la gobernadora María Eugenia Vidal despidiera a su funcionaria Fernanda Inza, responsable financiera de la campaña electoral, el Gobierno consensuó presentar de manera "inminente" y con la firma del propio presidente Mauricio Macri la nueva ley de financiamiento político, que está lista desde febrero pasado y que contiene, entre otros puntos, la bancarización obligatoria de todos los aportes a los partidos políticos. Según otras fuentes del Gobierno, el proyecto llegaría mañana a la Cámara de Diputados.

Las recientes denuncias de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo e, incluso, dirigentes provinciales de Cambiemos, quienes negaron haber aportado para la campaña de Cambiemos en la provincia a pesar de figurar en los listados oficiales, motivaron reuniones de urgencia entre funcionarios nacionales y bonaerenses.

Vidal inició, por su cuenta, una auditoría interna, mientras le transmitía a su equipo su tranquilidad por las investigaciones judiciales, que ya se iniciaron en tres juzgados distintos. "Vivo en el mismo lugar, no me bancan ni el juego, ni la droga", habría dicho la gobernadora el lunes, horas antes de despedir a Inza, a quien conoce desde hace más de dos décadas.

Por orden del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, funcionarios de esa jefatura comenzaron a acelerar los tiempos del proyecto, surgido de la secretaría de Asuntos Políticos de Interior que encabeza Adrián Pérez y mencionado por el propio presidente Macri en su conferencia de prensa en la quinta de Olivos.

"Más allá del contexto, prometimos presentarlo entre julio y agosto. Y cumplimos", se defendían desde un despacho importante de la Casa Rosada.

La secretaria de Relaciones Parlamentarias, Lucía Aboud, y el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, motorizaron el proyecto, cuyos últimos retoques se dieron en la Secretaría de Legal y Técnica. La primera posibilidad que se barajó es que lo presentara un diputado de Cambiemos, pero luego se optó por otra opción: un proyecto firmado por el Poder Ejecutivo, que podría comenzar a ser tratado por el Congreso luego del receso invernal.

Según el último borrador que formaba parte de la frustrada reforma política y electoral impulsada por la Casa Rosada, prohíbe de manera total las donaciones en efectivo, muy comunes en encuentros políticos de campaña, como las cenas de recaudación de fondos. También habilita aportes empresariales, pero con un tope preciso: el 2% sobre el total de los gastos permitidos para un partido. Si bien algunas ONG discuten la inclusión de fondos provenientes de empresas, en el Gobierno creen que el tope es suficiente para evitar "influencias excesivas", y además destacan que se prohíben aportes de empresarios del juego, contratistas del Estado y donaciones extranjeras, entre otras.

Se establece, además, la obligatoriedad para que organismos públicos como la UIF, la Procelac, la Oficina Anticorrupción y la AFIP, entre otros, compartan con la Cámara Nacional Electoral la información que poseen, para evitar la inclusión de fondos provenientes de ilícitos en las campañas de los partidos.

El proyecto establece, además, un registro de proveedores y servicios que controlará la Cámara Nacional Electoral, como forma de evitar gastos que luego son difíciles de controlar. Como muestra adicional de búsqueda de transparencia, se propone extender el plazo de prohibición para la realización de actos de gobierno que puedan promover la captación del voto, de los 15 días actuales a 30 días. "La ley tiene limitaciones y exclusiones.

En la Casa Rosada, y también en el gabinete bonaerense, coinciden en que "se hicieron las cosas mal" en la campaña que Cambiemos ganó el año pasado (la lista de senadores fue encabezada por Esteban Bullrich y la de diputados, por Graciela Ocaña). "Habrá que devolver el dinero o afrontar otras consecuencias", afirmó un alto funcionario de Vidal. El antecedente cercano no es halagador: la semana pasada, el humorista santafecino Miguel Del Sel fue inhabilitado por seis meses para ejercer cargos públicos, luego de que los responsables de su campaña de 2011 no pudieran justificar el origen ni el uso que se le dio a los fondos aquella elección, en la que perdió por escaso margen la gobernación, a manos del socialista Antonio Bonfatti.