Guardaespaldas protegen a Maduro tras la explosión de un dron el pasado 4 de agosto.Foto:La confusión y la represión marcan la rutina de Venezuela desde que el pasado 4 de agosto el presidente Nicolás Maduro sufriera un atentando durante una celebración militar.

El régimen acusa al expresidente de Colombia Juan Manuel Santos, al Gobierno de Estados Unidos y a la oposición política interna de estar detrás de lo que denomina “intento de magnicidio”. Pero la versión oficial se diluye día a día cada vez que un portavoz comparece para explicar qué sucedió en Caracas hace una semana. O cada vez que un testigo accede a hablar o cada vez que se consulta a un experto. Un efecto que se multiplica cuando las instancias oficiales han perdido la credibilidad en cada declaración.

Jorge Rodríguez, vicepresidente de Comunicaciones, fue el primero en dar detalles del suceso. “Explotaron tres drones”, explicó en una entrevista exclusiva para la cadena de noticias rusa Sputnik, uno frente a la tarima presidencial, en la avenida Bolívar, que provocó la activación del protocolo de seguridad, según el relato del funcionario. El segundo reventó hacia el lado derecho del estrado donde se encontraba Maduro y la plana mayor de las Fuerzas Armadas. El último colisionó contra el edificio Don Eduardo, en la céntrica avenida Este 12 con la avenida Sur de la capital del país.

Una fuente vinculada al Ejército venezolano, que estuvo cerca de la tarima presidencial confirma la versión de Rodríguez y agrega que uno de los drones fue derribado por disparos de francotiradores del Gobierno. La voladura del artefacto fue lo que ocasionó heridas a los siete cadetes y soldados que en ese momento desfilaban por la avenida Bolívar. Otra fuente, un militar extranjero, sin embargo, sostiene que no oyó ningún disparo y que por tanto ese dron no fue abatido por los tiradores del Ejército. “Además es virtualmente imposible darle con un fusil a un dron volando”, señala la misma fuente. Estas versiones contradictorias subrayan la dificultad de establecer los hechos en ausencia de una versión oficia creíble.

La versión del titular de Comunicaciones quedó también en entredicho poco tiempo después cuando Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, aseguró que intervinieron solo dos drones del tipo DJI-Matrice 600, un modelo que se utiliza para tomar fotografías aéreas y de uso industrial, según la web del fabricante. Cada aparato, según la declaración de Reverol, iba cargado con un kilo C4, una variedad común de explosivos plásticos. El ministro explicó que uno de ellos fue destruido por francotiradores y el segundo se estrelló contra una residencia. Los vecinos entrevistados por EL PAÍS de la avenida Este 12 confirman que solo escucharon dos fuertes detonaciones.

El estallido del último dron solo afectó a un apartamento y a la fachada del edificio. Se puede inferir que la carga explosiva no llegó a detonar por completo. Álvaro Jiménez, director de la Campaña Colombiana contra Minas, pone como ejemplo que solo se necesitan 30 o 50 gramos de esta sustancia para volar la cerradura de una puerta. “Con un kilo se puede causar una destrucción muy importante”, sostiene el experto. Este material es de uso habitual de organizaciones militares, sus comercializadores son estadounidenses y se consigue con “dificultad” en el mercado negro. Es manipulable, semejante a la plastilina, y se activa con dispositivos eléctricos.

Reverol, en su explicación, detalló que uno de los drones fue neutralizado por los equipos inhibidores de señales instalados en la avenida Bolívar durante la celebración. “En los aeropuertos y zonas de seguridad existen inhibidores de señales, pero no creo que en la avenida Bolívar”, dice René Ramos, un experto venezolano en esas aeronaves, poniendo también en duda la versión oficial.

 Los drones DJI-Matrice 600 cuestan unos 6.000 dólares, aproximadamente. Los cineastas y productores audiovisuales los usan por su capacidad para recorrer una distancia horizontal de cinco kilómetros sin interferencias. “Los pilotos de los drones tuvieron que estar cerca de la zona, seguramente se devolvió una de las aeronaves a su origen porque perdió señal y no necesariamente por un inhibidor. Estos drones tienen un sistema que automáticamente los regresa a su punto de partida al alejarse mucho”, dice Ramos.

Maduro, Reverol y el fiscal general Tarek William Saab aseguraron que uno de los aparatos fue piloteado desde el piso 10 del Centro Empresarial Cipreses de la avenida Sur de Caracas, a unos 70 metros de la tarima presidencial.

El edificio Don Eduardo, en el que cayó uno de los aparatos, a dos cuadras de donde se realizaba la celebración, fue tomado por cuerpos de inteligencia policial. Algunos de sus habitantes solo declararon lacónicamente a la prensa haber escuchado una explosión, pero varias horas después se negaron a repetir su declaración por miedo a represalias.

En Venezuela el uso de drones está regulado por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil desde 2016, para tener un registro de sus propietarios que, previamente, deben obtener permisos para volarlos. “Si el ataque hubiese sido planificado por un gobierno como el colombiano o el estadounidense, tal vez hubieran usado drones militares capaces de recorrer gigantescas distancias, al punto de ser manejados desde otra ciudad, y de no ser detectados por inhibidores de señales. Es claro que los que cometieron este atentado son inexpertos”, opina René Ramos.

Aumenta la represión

 A las pocas horas de sufrir el atentado, Nicolás Maduro compareció en la televisión pública venezolana para denunciar que el complot estaba supuestamente orquestado por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos en connivencia con la oposición venezolana, lo que el mandatario denomina “la extrema derecha”. No son los únicos que para el oficialismo fraguaron el ataque, Osman Alexis Delgado Tabosky y el militar Oswaldo Valentín García Palomo también están acusados, ambos ya tenían investigaciones en marcha por su posible conspiración en planes antigubernamentales en 2017.

Delgado está involucrado como el presunto responsable de financiar el asalto contra el Fuerte Militar Paramacay, en el Estado de Carabobo (centro-norte del país), en agosto del año pasado. Al coronel retirado de la Guardia Nacional García Palomo se le busca por su presunta participación en la “Operación Armagedón”, un golpe militar frustrado en mayo.

El Gobierno de Venezuela una vez más los culpa de ser los principales financiadores del atentado contra Maduro, junto a los también ciudadanos venezolanos José Eloy Rivas Díaz y Rayder Alexander Russo Márquez.

El oficialismo asegura que les ofrecieron 50 millones de dólares y residencia en Estados Unidos como recompensa. Todos ellos fueron entrenados en la finca Atlanta en Chinácota, en el departamento Norte de Santander, en el norte de Colombia. Le pagaron alojamientos y traslados a hoteles y además compraron drones y C4 en el mercado negro para perpetrar el ataque, siempre según la versión oficial,

Russo y Delgado son los más conocidos por la opinión pública venezolana porque se les relaciona con el movimiento dirigido por el piloto rebelde Óscar Pérez, que atacó las sedes del Supremo y del Ministerio de Interior en 2017, y fue asesinado en enero por grupos policiales. Aunque, el mismo Pérez denunció en su cuenta de Twitter que estos dos hombres eran “infiltrados del régimen” dentro de los grupos opositores.

La familia de Delgado, supuestamente radicado en Florida, tiene negocios principalmente en Carabobo: un centro comercial, una clínica privada, una finca y apartamentos, que en este momento están tomadas por la policía. Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, asegura que muchas son “empresas de maletín” (empresas pantalla) usadas para financiar ataques antigubernamentales.

De manera paralela, el régimen de Maduro ha aumentado en los últimos días la persecución contra varios líderes de la oposición. El Supremo ha solicitado prisión para Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional, exiliado en Bogotá; y ha detenido de forma ilegal y por la fuerza en su domicilio al diputado opositor Juan Requesens, acusados de ser los supuestos autores intelectuales del atentado. Requesens apareció el viernes en un vídeo emitido por el Gobierno autoinculpándose del atentado y haciendo responsable también a Borges.

Observadores independientes dudan de que esta declaración sea voluntaria y la familia asegura que fue drogado para conseguir que se atribuyera el atentado. Paralelamente se difundió en redes sociales un denigrante video donde se ve a Requesens en ropa interior, muy deteriorado y con la mirada perdida. El periodista que distribuyó las imágenes las atribuye a una filtración de la policía de inteligencia, SEBIN, que se las hicieron llegar junto a la frase “indignación entre los funcionarios por como trataron al diputado Requsens”.