La Iglesia católica inició formalmente con el Gobierno tratativas para renunciar al aporte económico del Estado, confirmó la Conferencia Episcopal Argentina, que agrupa al centenar de obispos del país. Con todo, los prelados precisaron que la renuncia se hará “de manera gradual” y estará supeditada a la entrada en vigencia de un nuevo sistema de sostenimiento del culto católico con vistas a lo cual se están estudiando “nuevas alternativas” con las autoridades nacionales.

Las críticas a la Iglesia que surgieron con ocasión del último informe del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, a la Cámara de Diputados, cuando una diputada quiso saber cuánto le insumen al Estado las “remuneraciones a los funcionarios eclesiásticos”, suscitaron un debate entre los obispos -los principales destinatarios de esa asignación mensual- sobre la posibilidad de renunciar a ese aporte.
 

Ocurrió en su reciente plenario en Pilar, durante el que analizaron alternativas de financiamiento, pero sólo como un inicio de un estudio que promete ser largo y arduo hasta que los prelados lleguen eventualmente a un acuerdo y eleven una propuesta al Estado.

De acuerdo con la respuesta del jefe de Gabinete, los obispos diocesanos perciben una asignación mensual de 46.800 pesos, mientras que para los obispos auxiliares y los eméritos, el monto asignado llega a los 40.950 pesos. Además, reciben una pequeña asignación los párrocos de frontera y los seminaristas diocesanos, más ayudas menores. Todo lo cual sumará este año unos 130 millones de pesos.

En el Episcopado dicen que los obispos destinan esa asignación –que no consideran un “sueldo”- al funcionamiento de su obispado, y estiman que el aporte estatal –los $ 130 millones- son alrededor del siete por ciento del presupuesto que le demanda a la Iglesia católica su funcionamiento en el país.

Entre las alternativas que rondaron el debate de los obispos figuran: – La creación de un llamado “impuesto al culto” como existe en Alemania, donde el contribuyente destina una suma a su religión.

En Italia, en su formulario del pago del impuesto a los réditos llamado “asignación tributaria”, los ciudadanos eligen destinar un pequeño porcentaje (0,08%, el “otto per mille”) a una confesión religiosa de su preferencia o al Estado para fines sociales o a ninguno. En España y en Alemania rigen sistemas similares, aunque en este último país el contribuyente “añade” un monto a lo que ya debe tributar. Es un “impuesto eclesiástico”.

El abogado Octavio Lo Potre, ex presidente del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR), considera que “pueden mencionarse algunos aspectos positivos de estos modelos, entre otros que desaparecen las críticas de los ciudadanos en torno a ser obligados a mantener una iglesia que no es la propia”.

El aporte del Estado al catolicismo deriva del artículo dos de la Constitución de 1853, que dice que el “gobierno federal sostiene al culto católico”. Ello es considerado como una compensación por las confiscaciones que acometió el gobierno de Bernardino Rivadavia de las propiedades de la Iglesia católica, que eran ciertamente muchas y muy valiosas.

Las actuales asignaciones están reguladas por la ley de la última dictadura, que dice que la asignación del obispo debe equipararse con la de un juez de primera instancia, aunque en la práctica –como surge de los números difundidos por Peña- es mucho menos.

Con todo, cada vez más obispos se platean la conveniencia de renunciar al aporte del Estado para “consolidar una imagen de independencia”. Claro que ello les exige una condición previa: contar con los fondos que reemplacen a los aportes estatales porque no pocos obispos dicen que si renuncian a lo que hoy perciben no podrían sostener su obispado. Ante la eventualidad de la renuncia y los escasos recursos de muchas de las 65 diócesis, el Episcopado ya a comienzos de los años ’90 dispuso estudiar formas para el “completo sostenimiento” de la Iglesia.

Por lo demás, la Iglesia católica recibe otros beneficios, pero que son comunes a las demás confesiones religiosas registradas en la secretaría de Culto. Como son las exenciones al impuesto inmobiliario de los lugares destinados al culto y, en fin, las que corresponden a las fundaciones y asociaciones civiles (IVA y Ganancias). Además del aporte a las escuelas de acuerdo con el nivel de su cuota, que también abarca a las otras religiones.

Ahora bien: un llamado Plan Compartir que el Episcopado implementó en los albores del nuevo milenio para transparentar sus finanzas y crear conciencia entre sus fieles de que debían ser más generosos en el aporte demostró que el objetivo de subir la recaudación es arduo. Porque implica, ante todo, un cambio cultural en los propios obispos, que deben implementar nuevas formas de recolección de fondos (débito en tarjetas de crédito, por caso.) y las correspondientes campañas. Y, desde ya, en los fieles, muchos de los cuáles creen que a la Iglesia católica la sostiene totalmente el Estado.

Por eso, la renuncia al aporte estatal no parece estar a la vuelta de la esquina. Pero al menos es un tema que empezó a discutirse.