La crisis social, económica y política de Venezuela ha dejado de ser un problema exclusivo del país caribeño y ha devenido en un quebradero de cabeza para toda la región. Las principales potencias han presionado en vano en los últimos años para lograr una salida a la deriva autoritaria de Nicolás Maduro. El problema va ahora más allá. La migración de venezolanos, una riada que supera los 2,3 millones desde 2014, ha puesto en jaque a los Gobiernos de América Latina, que ven cómo la llegada masiva de ciudadanos a sus países puede desbordar los sistemas locales y comienza a generar brotes xenófobos. Las potencias regionales tratan de lograr una respuesta coordinada a la crisis, que, dan por hecho, se acentuará tras las últimas medidas económicas de Nicolás Maduro.

“Hay una preocupación generalizada ante un problema de dimensión humanitaria en toda su extensión”, resume un alto cargo de una de las principales potencias del Grupo de Lima, el conjunto de países que decidió unirse para lograr una salida política y negociada a la crisis venezolana ante el fracaso de la participación de la Organización de Estados Americanos (OEA). Hasta ahora, cada país ha aplicado medidas individuales, pero la situación se vuelve insostenible.

Colombia es el termómetro en el que se miden todos los Gobiernos. Desde que comenzó la crisis en el país vecino ha recibido ya a casi un millón de venezolanos. La mayoría ha entrado vía terrestre por los pasos oficiales, pero unos 45.000 han usado los caminos irregulares que se esconden en los más de 2.000 kilómetros de frontera conjunta. Para dar respuesta a esta crisis humanitaria, el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos ideó una tarjeta migratoria que permitía el paso a los ciudadanos. Este primer registro sirvió para crear un censo migratorio, aún en desarrollo. A través de este sistema los migrantes tienen acceso al sistema sanitario, educativo y al mercado laboral de manera regular.
Los venezolanos que siguen la ruta hacia el sur de la región -a países como Ecuador, Perú y Chile- recorren los más de mil kilómetros que separan la frontera con Venezuela de la ecuatoriana en autobús. Ante la magnitud de los desplazamientos las autoridades colombianas son conscientes de que no pueden exigir el pasaporte como requisito de entrada al país, como han decidido Ecuador y Perú para controlar la oleada migratoria. “Sabemos que su Gobierno no los está expidiendo, pedirlo es castigar al pueblo por los errores de sus mandatarios”, declaró Christian Krüger, director de Migración Colombia.

Los márgenes de Colombia son regiones sin control estatal, dominadas por los grupos armados dedicadas al tráfico de drogas, combustible, madera y minería ilegal. Las ciudades fronterizas conviven desde hace décadas con su particular crisis que no solo se basa en la inseguridad, sino que les niega el acceso a servicios básicos de calidad. La situación de estas comunidades se agravaría más de lo que ya está si los venezolanos que huyen de su país se quedaran allí confinados.

“Las medidas adoptadas hasta el momento no forman parte de una política pública integral, cada Estado dentro del margen de su soberanía ha adelantado sus medidas de manera independiente”, opina María Teresa Palacios, directora del Grupo de Investigación de Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, de Bogotá. “Se puede calificar de asistencia humanitaria”, añade. “Hay heterogeneidad y poca consistencia con lo que se ha hecho”, ahonda Dany Bahar, investigador de Brookings Institution, para quien lo más urgente es lograr un consenso regional “No hay otra solución, la solución a los problemas más obvios, como el colapso de los servicios de saludo, va a depender de las políticas públicas que se apliquen, los Gobiernos tienen que mirar por las ventajas que trae la inmigración”.

Los problemas para los países de la región son múltiples y de distinta escala. Los más urgentes tienen que ver con la asistencia que dan a los migrantes, que llegan en malas condiciones físicas o, como ha ocurrido en Brasil, con enfermedades que han de tratarse con urgencia. Más allá, existe un problema con los documentos legales, ya que las exigencias de los países varían dependiendo el país al que se desplacen e, incluso, en los casos de tener todos los papeles en orden, se dan casos en los que el pasaporte no tiene espacios para sellos y no pueden renovarlo.

Ecuador y Colombia son los dos países que están impulsando iniciativas para lograr una respuesta coordinada a la crisis migratoria. Entre los que no comparten frontera, México, Chile y Argentina son los más activos. En el caso del Gobierno de Lenin Moreno, pretende involucrar a las autoridades venezolanas, algo que, de lograrlo, ven con buenos ojos en el Grupo de Lima, donde no está Ecuador, según tres altos cargos de cancillerías de este grupo consultados. Colombia, por su parte, quiere ir más allá y lograr la implicación de la ONU, a través de Acnur y de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). El Grupo de Lima tampoco quiere dejar de lado a la OEA, cuyo secretario general, Luis Almagro, ha convocado una reunión extraordinaria para abordar este problema.

“Los dos niveles tienen que ir de la mano”, apunta una de las fuentes diplomáticas. “Si se logra un esfuerzo regional con la participación de las autoridades venezolanas, seria útil, pero el volumen de recursos y apoyos rebasa a lo que pueda afrontar la región. Necesitamos la colaboración de la Unión Europea y de países asiáticos, por ejemplo”, añade la misma fuente, en consonancia con los otros altos cargos.

Los expertos y fuentes oficiales rechazan que se haya reaccionado con lentitud ante la crisis migratoria. Consideran que el deterioro de Venezuela ha sido muy rápido y la hiperinflación ha agudizado el desplazamiento. A ello se suma los esfuerzos en vano de lograr una salida a la crisis política. Desde el Grupo de Lima aseguran que la presión contra Maduro continuará, pero en varias de las Cancillerías de las principales potencias cunde el desánimo ante la debilidad de la oposición venezolana. “Hay que mantener ciertos límites, porque no hay unión en la oposición y cada vez es mayor el distanciamiento entre la oposición y la sociedad”, explica una de las fuentes. “Evidentemente hace falta una sacudida interna y que planteen una versión consensuada de alternativa. Si se sigue sin tener un liderazgo claro, es difícil que los esfuerzos de la comunidad internacional fructifiquen”.

En pocas ocasiones Maduro se refiere a la salida masiva de venezolanos del país y cuando lo ha hecho, lo ha minimizado. “El Gobierno es muy claro, si no quisiera que se fuera la gente, cerraría las fronteras”, sostiene Bahar. “Maduro se convirtió en una amenaza estratégica para la región”, sostiene Joaquín Villalobos, exguerrillero salvadoreño y consultor para la resolución de conflictos. En su opinión, la crisis migratoria de Venezuela tiene su espejo en Cuba. Si bien, aquella se produjo en distintas oleadas. “La gran diferencia es que Cuba es una isla, Venezuela puede expulsar millones de personas de forma mucho más rápida”.

La crisis social, económica y política de Venezuela ha dejado de ser un problema exclusivo del país caribeño y ha devenido en un quebradero de cabeza para toda la región. Las principales potencias han presionado en vano en los últimos años para lograr una salida a la deriva autoritaria de Nicolás Maduro. El problema va ahora más allá. La migración de venezolanos, una riada que supera los 2,3 millones desde 2014, ha puesto en jaque a los Gobiernos de América Latina, que ven cómo la llegada masiva de ciudadanos a sus países puede desbordar los sistemas locales y comienza a generar brotes xenófobos. Las potencias regionales tratan de lograr una respuesta coordinada a la crisis, que, dan por hecho, se acentuará tras las últimas medidas económicas de Nicolás Maduro.

“Hay una preocupación generalizada ante un problema de dimensión humanitaria en toda su extensión”, resume un alto cargo de una de las principales potencias del Grupo de Lima, el conjunto de países que decidió unirse para lograr una salida política y negociada a la crisis venezolana ante el fracaso de la participación de la Organización de Estados Americanos (OEA). Hasta ahora, cada país ha aplicado medidas individuales, pero la situación se vuelve insostenible.

Colombia es el termómetro en el que se miden todos los Gobiernos. Desde que comenzó la crisis en el país vecino ha recibido ya a casi un millón de venezolanos. La mayoría ha entrado vía terrestre por los pasos oficiales, pero unos 45.000 han usado los caminos irregulares que se esconden en los más de 2.000 kilómetros de frontera conjunta. Para dar respuesta a esta crisis humanitaria, el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos ideó una tarjeta migratoria que permitía el paso a los ciudadanos. Este primer registro sirvió para crear un censo migratorio, aún en desarrollo. A través de este sistema los migrantes tienen acceso al sistema sanitario, educativo y al mercado laboral de manera regular.
Los venezolanos que siguen la ruta hacia el sur de la región -a países como Ecuador, Perú y Chile- recorren los más de mil kilómetros que separan la frontera con Venezuela de la ecuatoriana en autobús. Ante la magnitud de los desplazamientos las autoridades colombianas son conscientes de que no pueden exigir el pasaporte como requisito de entrada al país, como han decidido Ecuador y Perú para controlar la oleada migratoria. “Sabemos que su Gobierno no los está expidiendo, pedirlo es castigar al pueblo por los errores de sus mandatarios”, declaró Christian Krüger, director de Migración Colombia.

Los márgenes de Colombia son regiones sin control estatal, dominadas por los grupos armados dedicadas al tráfico de drogas, combustible, madera y minería ilegal. Las ciudades fronterizas conviven desde hace décadas con su particular crisis que no solo se basa en la inseguridad, sino que les niega el acceso a servicios básicos de calidad. La situación de estas comunidades se agravaría más de lo que ya está si los venezolanos que huyen de su país se quedaran allí confinados.

“Las medidas adoptadas hasta el momento no forman parte de una política pública integral, cada Estado dentro del margen de su soberanía ha adelantado sus medidas de manera independiente”, opina María Teresa Palacios, directora del Grupo de Investigación de Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, de Bogotá. “Se puede calificar de asistencia humanitaria”, añade. “Hay heterogeneidad y poca consistencia con lo que se ha hecho”, ahonda Dany Bahar, investigador de Brookings Institution, para quien lo más urgente es lograr un consenso regional “No hay otra solución, la solución a los problemas más obvios, como el colapso de los servicios de saludo, va a depender de las políticas públicas que se apliquen, los Gobiernos tienen que mirar por las ventajas que trae la inmigración”.

Los problemas para los países de la región son múltiples y de distinta escala. Los más urgentes tienen que ver con la asistencia que dan a los migrantes, que llegan en malas condiciones físicas o, como ha ocurrido en Brasil, con enfermedades que han de tratarse con urgencia. Más allá, existe un problema con los documentos legales, ya que las exigencias de los países varían dependiendo el país al que se desplacen e, incluso, en los casos de tener todos los papeles en orden, se dan casos en los que el pasaporte no tiene espacios para sellos y no pueden renovarlo.

Ecuador y Colombia son los dos países que están impulsando iniciativas para lograr una respuesta coordinada a la crisis migratoria. Entre los que no comparten frontera, México, Chile y Argentina son los más activos. En el caso del Gobierno de Lenin Moreno, pretende involucrar a las autoridades venezolanas, algo que, de lograrlo, ven con buenos ojos en el Grupo de Lima, donde no está Ecuador, según tres altos cargos de cancillerías de este grupo consultados. Colombia, por su parte, quiere ir más allá y lograr la implicación de la ONU, a través de Acnur y de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). El Grupo de Lima tampoco quiere dejar de lado a la OEA, cuyo secretario general, Luis Almagro, ha convocado una reunión extraordinaria para abordar este problema.

“Los dos niveles tienen que ir de la mano”, apunta una de las fuentes diplomáticas. “Si se logra un esfuerzo regional con la participación de las autoridades venezolanas, seria útil, pero el volumen de recursos y apoyos rebasa a lo que pueda afrontar la región. Necesitamos la colaboración de la Unión Europea y de países asiáticos, por ejemplo”, añade la misma fuente, en consonancia con los otros altos cargos.

Los expertos y fuentes oficiales rechazan que se haya reaccionado con lentitud ante la crisis migratoria. Consideran que el deterioro de Venezuela ha sido muy rápido y la hiperinflación ha agudizado el desplazamiento. A ello se suma los esfuerzos en vano de lograr una salida a la crisis política. Desde el Grupo de Lima aseguran que la presión contra Maduro continuará, pero en varias de las Cancillerías de las principales potencias cunde el desánimo ante la debilidad de la oposición venezolana. “Hay que mantener ciertos límites, porque no hay unión en la oposición y cada vez es mayor el distanciamiento entre la oposición y la sociedad”, explica una de las fuentes. “Evidentemente hace falta una sacudida interna y que planteen una versión consensuada de alternativa. Si se sigue sin tener un liderazgo claro, es difícil que los esfuerzos de la comunidad internacional fructifiquen”.

En pocas ocasiones Maduro se refiere a la salida masiva de venezolanos del país y cuando lo ha hecho, lo ha minimizado. “El Gobierno es muy claro, si no quisiera que se fuera la gente, cerraría las fronteras”, sostiene Bahar. “Maduro se convirtió en una amenaza estratégica para la región”, sostiene Joaquín Villalobos, exguerrillero salvadoreño y consultor para la resolución de conflictos. En su opinión, la crisis migratoria de Venezuela tiene su espejo en Cuba. Si bien, aquella se produjo en distintas oleadas. “La gran diferencia es que Cuba es una isla, Venezuela puede expulsar millones de personas de forma mucho más rápida”.