Tras haber sorteado los recortes del Presupuesto 2019, de sobrevivir a la devaluación y a los vaivenes de la inestabilidad financiera del país y a los efectos no deseados de la causa de los cuadernos K, los seis corredores viales que se deben construir como proyectos de participación público privada (PPP) arrancan a partir de este mes de noviembre con obras por más de u$s8.000 millones en su primera etapa.

El plan global comprende la construcción y puesta a punto de rutas nacionales agrupadas en la Red de Autopistas y Rutas Seguras, obras que se dividen en tres etapas que en conjunto involucran un desembolso superior a los u$s12.500 millones durante los primeros cuatro años.

Unos u$s4.200 millones adicionales se sumarán en los siguientes 11 años. Es decir, un total de u$s16.700 millones hasta el 2029, de los cuales el 75% se tendrá que invertir en los primeros dos años del proceso.

Se deberán construir los corredores viales A,B,C, E, F y Sur, que abarcan miles de kilómetros de rutas nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Santa Fe. Parte de estos trabajos se vienen llevando a cabo desde octubre pasado, con capital propio de seis de los consorcios que se adjudicaron los contratos viales.

Pero, cuando en enero pasado, la Dirección Nacional de Vialidad publicó el llamado a oferta pública para estos corredores viales, la cotización del dólar era de $19,94, el riesgo país se ubicaba en 372 puntos, y la tasa de interés de referencia del Banco Central se encontraba en el 28%.

El escenario hizo que los principales grupos locales históricamente vinculados a la obra pública y grandes corporaciones internacionales se interesaran en participar de las licitaciones.

De esta forma, el 17 de mayo, 10 consorcios formados por empresas locales y extranjeras presentaron ofertas por los seis corredores viales por un total de u$s8.000 millones. Presentación que fue considerada todo un éxito por el Gobierno no sólo por la cantidad de interesados sino porque además se adjudicaron con variables macro económicas diametralmente opuestas al escenario que rodeó al llamado a licitación inicial.
Todas estas empresas estarán controladas a través del Programa de Integridad, delineado por la Oficina Anticorrupción para reforzar la transparencia en los procesos licitatorios, prevenir e investigar la corrupción, elaborar lineamientos de ética tendientes a fomentar y promover canales internos de denuncia, investigación interna y la protección de los denunciantes.

El código también obliga a separar a los empresarios imputados o condenados en causas de corrupción, como la que investiga el juez Claudio Bonadío por el pago de coimas a ex funcionarios kirchneristas para adjudicarse obras de infraestructura durante 10 años. 

La etapa que arranca en noviembre apunta a obras en más de 2.500 kilómetros, que representan el 35% de los 7.200 que totalizan los PPP. Además de Cartellone; Vial Agro; JCR y Rovella Carranza, la etapa inicial también tendrá como protagonistas a otras empresas como Paolini; Helport (del grupo Eurnekian); Green S.A; Panedille; Eleprint; Copasa; y el grupo asiático China Construction América.

Los trabajos de construcción se van a compensar sobre una base trimestral (siempre que la construcción se complete dentro del plazo de la inversión), a través de Títulos de Pagos por Inversión (TPIs). Los certificados pueden ser fijos o variables, dependiendo del tipo de garantía que coloque el contratista.

Como contrapartida, la estructura PPP implica la entrega de estas garantías con respecto a un cierre financiero, así como proyectos primarios y operación de servicios. En cuanto a la operación y mantenimiento del proyecto, los pagos se harán mediante Títulos de Pagos por Disponibilidad (TPDs) libremente transferibles e irrevocables, emitidos mensualmente en pesos argentinos.

Las tres etapas en las que se divide este mega proyecto comprenden la intervención de más de 7.200 km de rutas nacional, mediante la construcción de 1.610 kilómetros de autopistas, 3.310 kilómetros de ruta segura, 324 kilómetros de obras especiales y 26 kilómetros de variantes; en total, 5.270 kilómetros. Los restantes 2.077 kilómetros serán intervenidos a través de obras de mejoras y mantenimiento de la red vial existente.