La defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner pidió este martes al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) la postergación del inicio del juicio por corrupción en la obra pública durante su Gobierno, que debe comenzar el próximo 26 de febrero. 

El pedido se debe a que, según los abogados de la senadora, no está completa la instrucción suplementaria para el Juicio a raíz de un peritaje que ella solicitó y que no fue incluido. Se trata del análisis de cinco casos testigos sobre todas las licitaciones adjudicadas al empresario Lázaro Báez

Esta pericia, a cargo de la Corte, no concluyó aún. Fuentes judiciales señalaron que  así y todo, el juicio está en condiciones de iniciar, pero ahora sera el TOF 2 quien decida. El fiscal Diego Luciana se pronunciará en contra de la postergación.

En el análisis de “casos testigos” se tuvo en cuenta el empalme de la Ruta provincial 12. La obra requería una capacidad técnica de $ 24 millones y Austral sólo tenía $ 3.8 millones de capacidad disponible. El presupuesto era de 60 millones, y a Báez se la adjudicaron por 70. Las sucesivas modificaciones llevaron ese monto a $ 114.5 millones: un incremento de 90,92%.

Otro caso fue la repavimentación de la Ruta 3 (Gran Bajo San Julián): los $ 155 millones originales, terminaron siendo $ 419.2 millones: un 170,46% más de lo estimado.

La causa
En el primer juicio oral y público en una causa por corrupción que debe enfrentar, Cristina Kirchner está acusada de haber sido la “jefa de una asociación ilícita” que se dedicó a direccionar la obra pública vial para “convertir al amigo presidencial” -Lázaro Báez- en empresario de la construcción.

El juicio, a cargo de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara, del TOF 2, tiene 16 imputados y contará con 138 testigos. Tendrá dos audiencias semanales, los martes y miércoles, y fuentes judiciales estimaron que el desarrollo demandará más de un año.

 
Lázaro Báez, preso desde 2016, es otro de los acusados en la causa.

Se trata de uno de los expedientes más relevantes en cuanto a las acusaciones que sobre Cristina recaen: haber sido jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al montar una estructura institucional, para favorecer a Báez, direccionando contratos viales, 52 en total, por 46.000 millones de pesos.

Además, la Cámara Federal Porteña determinó que esta “apropiación de fondos públicos” es el delito precedente de otras causas por lavado de dinero y dádivas en las que es investigada la familia Kirchner. Es decir: parte de esos fondos “se derivaron al patrimonio de los ex presidentes a través del alquiler de los hoteles y de inmuebles”.

La Justicia determinó durante la instrucción a cargo del juez Julián Ercolini que existió una “estructura delictiva” que permitió al Grupo Austral “cobrar antes del vencimiento, más rápido que cualquier otra contratista y la totalidad de los certificados pendientes de pago”. Asimismo, recibió “sobreprecios del 65% y la mitad de las obras no se terminaron”. Estos movimientos de dinero posibilitaron que el patrimonio de Lázaro Báez, preso por lavado de dinero desde 2016, se incremente en un 12.127 % y el de Austral Construcciones en un 45.313%, tan sólo en diez años.

Cristina Kirchner está dispuesta a rebatir estos argumentos y, en una defensa más global, asegura que Lázaro Báez no fue el empresario más favorecido durante el kirchnerismo con la obra pública, sino que ocupaba el lugar número 45 del listado global de contratistas del Estado.

Austral Construcciones, la firma insignia de Báez y receptora de los contratos viales, dejó de percibir obra pública del Gobierno desde diciembre de 2015, y hace pocos meses, la jueza en lo Comercial María José Gigy Traynor decretó su quiebra.